El 8 de enero de 2025, el Gobierno provincial promulgó la Ley 9.606, conocida como ficha limpiapara docentes y celadores que impide el ingreso o permanencia en el sistema educativo de personas con condenas penales por delitos graves. La medida, que había sido sancionada en diciembre, aplica a docentes y celadores titulares y suplentes, así como al personal administrativo de todas las instituciones de la provincia.
La normativa establece que quienes hayan sido condenados, incluso con sentencia en primera instancia y con pena en suspenso, por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad no podrán desempeñarse en ninguna función dentro de las escuelas. Además, la Dirección General de Escuelas (DGE) deberá llevar un Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI) para un mayor control sobre antecedentes y sanciones disciplinarias en el ámbito educativo.
Cómo surgió la ley y qué cambia en la práctica
Según explicó a MDZ la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García, la idea del proyecto de Ficha Limpia para docentes surgió a partir de “hechos inéditos” en el ámbito escolar que expusieron la presencia de docentes con antecedentes penales en las aulas. “Buscamos alternativas para evitar que personas con procesos legales abiertos puedan seguir en el sistema educativo. Nuestra prioridad es garantizar el derecho a la educación y proteger a niños, niñas y adolescentes. Esa es nuestra función”, sostuvo.
Hasta el año pasado, no existía una normativa que obligará a los docentes suplentes, para suplencias cortas, a presentar antecedentes penales al momento de tomar un cargo. Si bien muchas escuelas lo requerían, la exigencia no estaba reglamentada. Con la nueva ley, la presentación del certificado de antecedentes penales es un requisito obligatorio e ineludible para cualquier ingreso al sistema educativo, sin excepciones.
“Antes, si un docente suplente tenía antecedentes penales, el directivo no tenía manera de saber cuál delito había cometido. Ahora, cuando una persona se postula, si tiene antecedentes, se suspende la toma efectiva de la suplencia por 48 horas hasta que se verifique la información”, explicó García. En los casos en que la suplencia dure menos de una semana, también será requisito presentar el certificado sin excepciones, con el objetivo de evitar vacíos legales.
La articulación con el Poder Judicial para la consulta rápida de antecedentes es clave en cada uno de estos procedimientos, ya que muchas veces el certificado solo indica la existencia de una condena sin detallar el delito específico. “El directivo no puede interpretar qué significa un artículo del Código Penal. Por eso, en los casos donde haya antecedentes, la suplencia queda en suspenso hasta que podamos verificar de qué se trata”, aclaró la funcionaria.
Los antecedentes y el registro de sanciones
Previo a la sanción de la Ley de Ficha Limpia para docentes, la DGE ya había modificado una Resolución que obligaba a cada suplente a presentar el certificado de antecedentes penales y el apto psicofísico antes de la finalización del ciclo lectivo para obtener la continuidad. En el caso contrario, ante la falta de alguna de las dos documentaciones, la normativa disponía darle la baja.
En aquella Resolución, también se disponía la inhabilitación por el plazo de 1 año para tomar nuevas suplencias para aquellos docentes que hubieran tenido una baja por un informe negativo de la superioridad jerárquica. “Por esto hubo varias bajas y obviamente cada docente docente tuvo su tiempo de derecho a defensa para hacer su descargo”, aseguró García.
Además de la obligatoriedad del certificado de antecedentes, la ley refuerza los controles sobre docentes y celadores que hayan sido sancionados por faltas graves. El nuevo Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI) permitirá un seguimiento más exhaustivo de quienes hayan sido separados del cargo por irregularidades o faltas graves. “Hasta ahora, si un suplente cometía una falta grave en una escuela, no había manera de rastrear esa información si se presentaba en otra institución. Con este registro, buscamos cerrar ese vacío”, explicó García.
Lo que falta por reglamentar
Si bien la ley ya está en vigencia, todavía hay aspectos por definir en su aplicación práctica. Un punto a resolver es la reglamentación del acceso a los datos del RUSSI, ya que se busca garantizar que la información sea accesible para las autoridades educativas sin vulnerar la privacidad de los trabajadores. “Queremos que las escuelas tengan herramientas para hacer un control efectivo, pero dentro de un marco legal claro”, puntualizó la Jefa de Gabinete de la DGE.
En el caso de docentes titulares aún queda pendiente la reglamentación sobre la actualización de antecedentes penales. La ley sí establece que, a partir de ahora, cada docente que acceda a la titularidad deberá presentar un certificado de antecedentes que acredite que no posee condenas por delitos contra la integridad sexual, contra la libertad o la identidad. Sin embargo, aún no se ha definido con qué periodicidad se deberá actualizar esta información en el caso de quienes ya son titulares. Si bien todavía no está definido y debería reglamentarse a parte, en la DGE hay quienes sostienen que lo ideal sería una actualización anual.
Fuente: www.mdzol.com