La Provincia de Mendoza y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reactivaron un compromiso de cooperación institucional para avanzar, con respaldo legal y político, en la regularización territorial de las comunidades indígenas.
A través del Decreto Nº 1378, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial este jueves, se aprobó un nuevo convenio marco que promete coordinar políticas públicas específicas para los pueblos originarios, respetando las competencias de Nación y Provincia.
Pero esta vez, aseguran desde el Gobierno, hay un componente clave: voluntad política de ambas partes para concretar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por comunidades indígenas en Mendoza.
La responsabilidad de gestionar esta coordinación recae en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, encabezado por Natalio Mema, quien oficiará de interlocutor provincial ante el INAI y ocupará el asiento mendocino en el Consejo Federal del organismo nacional. El mismo ministerio será también el encargado de diseñar, junto al INAI, programas de mensura y regularización dominial de los territorios.
El nuevo convenio —que actualiza el firmado en 2009 durante una etapa anterior del kirchnerismo— renueva su vigencia con una duración inicial de cuatro años, y contempla su renovación automática. Aunque cabe aclarar que en el caso del relevamiento territorial, la vigencia se extenderá hasta que se haya completado el plan de trabajo que se establezca.
Uno de los puntos destacados del documento es la promesa de incluir a las comunidades indígenas como actores activos en todas las etapas del proceso: desde el relevamiento y diseño de programas hasta la ejecución y monitoreo. Algo que las propias comunidades han exigido históricamente.
Más allá de las declaraciones, el convenio remarca que cada acción conjunta requerirá la firma de acuerdos específicos, que determinarán los objetivos puntuales, cronogramas, asignación presupuestaria, responsables y mecanismos de seguimiento. Esta etapa será, probablemente, el verdadero termómetro de la efectividad del acuerdo.
El convenio se apoya en un marco jurídico claro: el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 23.302 y artículos concordantes de la Constitución mendocina.
Fuente: www.elsol.com.ar