El ministro Federico Sturzenegger defendió el plan de ajuste del gobierno para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por “exceso de fiscalización” y explicó que las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas.
El gobierno oficializó este martes la disolución o refuncionalización de 21 organismos. El INV pasará a ser una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aunque mantendría su nombre.
El INV, que tiene sede en Mendoza, cuenta con una planta de 459 agentes y un presupuesto anual de $12.120 millones.
La defensa de la motosierra en el INV
“Se transforma el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se modifican sus funciones de manera de desregular la industria vitivinícola”, escribió en las redes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El hombre de la motosierra, a quien se le vencieron las facultades delegadas que le otorgó el Congreso a Javier Milei, detalló: “Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo que imponía cargas burocráticas, costos, y que dificultaba la innovación y experimentación. La complicación era tal que nos manifestaban que debían destinar empleados exclusivamente a cumplir con los trámites y exigencias del INV”.
“Se pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso e ineficaz, que durante años perjudicó el desarrollo de una de nuestras principales economías regionales”, sumó.
El INV hará menos controles obligatorios en las etapas inciales
Sturzenegger detalló en un post que “la reforma fundamental es que el INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada). De esa manera sacamos al INV de la función de producción para concentrarlo en el control del producto que es lo que realmente importa”.
“La catástrofe había ocurrido en el gobierno de Alfonsín, cuando se introdujo el artículo 24 bis a la ley 14.878, dándole potestad al INV de controlar cualquier cosa. La delegación legislativa nos permite modificar estas funciones del INV para focalizarlas, como decíamos, exclusivamente en el control del producto final”, añadió.
El titular de la cartera de desregulación detalló que los trámites se podrán hacer en el sector público o en el privado. “Esto obliga al regulador a ejercitar cierta ‘cordura’ que no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal. Y de hecho la certificación de origen, en algunos casos ya la dan los privados, como en Luján de Cuyo. En otros productos no es necesaria: quizás a un vino de menor calidad le alcanza con decir ‘Mendoza’ sin tener que ir por un engorroso trámite de certificación de origen en el INV”, explicó.
También aclaró que mantendrán las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino. “El vino argentino no necesita más burocracia para crecer. Necesita libertad, reglas claras y eficiencia institucional. VLLC!”, cerró el ministro.
Fuente: www.diariouno.com.ar