La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó este lunes la presentación del proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ante la Comisión Conjunta de Ambiente y Hacienda del Senado provincial.
La propuesta impulsada desde la cartera tienen un objetivo central de renovar y modernizar el marco legal que regula el tratamiento de los residuos en todo Mendoza y que cada municipio elabore su propio plan de gestión dentro de una estrategia provincial común que contemple las distintas realidades territoriales.
Durante su exposición, Latorre explicó que la normativa vigente, la Ley N°5970, data del año 1992 y ha demostrado ser ineficaz en sus resultados: “Tenemos más de 52 basurales en Mendoza. Evidentemente, la estrategia implementada no ha sido adecuada. Los resultados nos remiten a esa evidencia”, sentenció.
La ministra señaló que la actual legislación establece un esquema de responsabilidades donde la Provincia actúa como asesor y los municipios cargan con el rol operativo, pero tras 33 años de implementación, no se ha logrado una gestión eficiente de los residuos.
“El proyecto que hemos enviado a la Legislatura busca establecer un sistema de administración y gestión integral en todo el territorio provincial”, indicó. Y agregó: “La Ley 5970 es previa a la reforma constitucional de 1994, que incorporó derechos ambientales y redefinió competencias. Es hora de actualizar ese marco y de que la provincia asuma una responsabilidad activa y concreta en la planificación y ejecución de esta política pública”.
Latorre también propuso una lógica similar a la que se aplicó con los planes de ordenamiento territorial: que cada municipio elabore su propio plan de gestión de residuos, pero dentro de una estrategia provincial que contemple las distintas realidades territoriales.
Uno de los pilares centrales de la nueva ley es la incorporación del concepto de economía circular. Latorre remarcó la importancia de diferenciar entre basura y residuos: “Lo que debe llegar a disposición final debe ser apenas entre un 3 y un 5% de lo que se genera. El resto puede ser resignificado como activo para sectores productivos”.
Este enfoque permitiría generar oportunidades económicas y promover la inversión en tecnología, logística y trazabilidad para un sistema de gestión más eficiente. “Lo que hoy consideramos basura puede convertirse en insumos con valor económico y social”, expresó.
Además, subrayó que la infraestructura para una disposición final segura será clave no solo para la gestión pública, sino también para el sector privado: “Los inversores hoy requieren certificados de disposición final segura para poder acceder a financiamiento. Si la Provincia y los municipios no están preparados para otorgarlos, terminamos siendo un obstáculo en lugar de un facilitador”.
Otro de los capítulos fundamentales del proyecto es el de educación y capacitación ambiental. La ministra destacó que, aunque hay municipios y escuelas que ya desarrollan estas prácticas, el impacto se pierde si no existe un sistema efectivo de recolección y tratamiento. “Los chicos pueden ser los mejores comunicadores del cambio, pero si después en casa todo va al mismo camión, se frustran esos esfuerzos”, afirmó.
La iniciativa propone articular la educación formal con políticas concretas de gestión, involucrando a todos los niveles del Estado y al sector privado en la implementación de un sistema sostenible y funcional.
Latorre destacó que el proyecto se encuentra en etapa de tratamiento legislativo y aún no ha recibido pedidos formales de modificación. Sin embargo, remarcó que “estamos abiertos a cualquier aporte desde ese ámbito” y aseguró que el Ministerio ha continuado el trabajo con municipios y sus áreas de servicios públicos y ambiente durante el receso parlamentario.
El desafío, según la funcionaria, es lograr los consensos necesarios para que Mendoza cuente con una legislación moderna y efectiva para enfrentar uno de los desafíos más urgentes de su agenda ambiental: el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Fuente: www.elsol.com.ar