A través de un decreto publicado este miércoles, El Gobierno de Mendoza ordenó a la Asesoría de Gobierno iniciar acciones legales contra un oficial principal de la Policía para que devuelva el adicional por “título de Licenciado en Seguridad Ciudadana” que venía percibiendo desde 2022.
La historia se remonta a 2021, cuando el agente reclamó el pago de este beneficio. Si bien en 2022 el Ministerio de Seguridad resolvió a su favor, un nuevo análisis legal cambió el panorama.
El dictamen de la Asesoría de Gobierno fue contundente: la resolución original que le otorgó el adicional al policía se consideró “lesiva a los intereses públicos” por ser ilegítima. El organismo técnico argumentó que la norma que justificó el pago se dictó con “exceso de la facultad reglamentaria“, lo que constituye un vicio grave.
En consecuencia, el Ministerio de Seguridad y Justicia declaró la resolución de 2022 como nula y procedió a notificar al agente. Ahora, Gobernación ha instruido a la Asesoría de Gobierno a tomar medidas judiciales para que el oficial restituya el dinero cobrado.
Además, el decreto faculta al Asesor de Gobierno a reevaluar la situación de otros casos similares, considerando la normativa sobre prescripción.
Fuente: www.elsol.com.ar