La historia de Daniela Soledad González parece un relato que se repite cada cuatro o cinco años. Detrás de los muros de una coqueta vivienda de dos plantas del barrio cerrado Corredor del Oeste, en El Challao, esta mujer de 38 años reincidió para dedicarse exactamente a lo mismo que la había llevado a prisión: el narcomenudeo.
Hace pocos días, la Justicia federal selló su destino con una condena de cuatro años de prisión efectiva en modalidad domiciliaria, junto a otros tres integrantes de su círculo familiar, en un caso que desnudó la persistencia del narcomenudeo en algunos sectores del Gran Mendoza.
La sentencia, dictada por el juez con Funciones de Garantías Marcelo Garnica, puso punto final a una investigación que comenzó con una denuncia anónima y terminó con el desbaratamiento de una estructura de venta de estupefacientes que operaba como si fuese un negocio comercial: puntos de acopio, horarios fijos y alto movimiento de clientes, se desprende de la investigación de la Policía Federal.
Todo empezó el 6 de marzo de este año, cuando una llamada anónima encendió las alarmas en la División Unidad Operativa Federal Mendoza. Un denunciante que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias alertó sobre movimientos sospechosos vinculados a González, quien por entonces cumplía arresto domiciliario tras haber sido condenada en 2023 a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Los agentes federales, que desde 2021 conocían de cerca las andanzas de esta mujer, iniciaron una tarea de inteligencia que se extendió durante seis semanas. Seguimientos diurnos y nocturnos, fotografías a distancia, filmaciones encubiertas y vigilancias estratégicas fueron tejiendo una red de evidencias que confirmaron las sospechas: González no había abandonado el negocio de la droga. Todo lo contrario, lo había profesionalizado y varios familiares eran parte del circuito ilegal.
Los investigadores descubrieron que desde su casa en el barrio privado, González coordinaba una estructura familiar de distribución de estupefacientes con al menos dos puntos neurálgicos en Las Heras: un domicilio “tomado” en calle Cacique Guaymallén, que funcionaba como boca de expendio directo al público consumidor, y otro inmueble en calle España, utilizado como depósito para almacenar marihuana.
El grupo operaba con la participación de su madre, María Lourdes Magallanes, un hermano, Víctor Hugo “Gringo” González y la pareja de este, Florencia Valentina Ochoa.
El 18 de abril, cuando los investigadores consideraron que tenían suficientes elementos probatorios, ejecutaron un operativo coordinado que incluyó tres allanamientos simultáneos. La secuencia de los hechos, como quedó registrada en el expediente judicial, reveló la magnitud del emprendimiento delictivo, tal como informó El Sol en su momento.
La primera intervención ocurrió en las inmediaciones de la vivienda de calle Cacique Guaymallén, antes de ingresar al domicilio. Los agentes interceptaron a un hombre que salía con un envoltorio de nylon verde que contenía cocaína en piedra y polvo. Esa fue la señal para ingresar, ya que tenían identificado a un comprador.
Dentro de la propiedad de Guaymallén, los efectivos detuvieron a Víctor González y a Florencia Ochoa. La requisa arrojó un botín significativo: 303,6 gramos de marihuana, 98 gramos de cocaína y cinco plantas de cannabis sativa en pleno crecimiento. También secuestraron un vehículo Ford Fiesta, dos teléfonos celulares y 26.350 pesos en efectivo.
En el domicilio de calle España, utilizado como depósito auxiliar, los federales encontraron otros 20 gramos de marihuana y 19.500 pesos en billetes.
Pero fue en la casa del barrio cerrado donde apareció el núcleo operativo de los sospechosos. Allí, en la vivienda donde Daniela González cumplía su arresto domiciliario junto a su madre, los investigadores hallaron 63,9 gramos de cocaína, seis paquetes de bolsas de nylon verde y recortes de las mismas -evidencia clara de fraccionamiento-, una máquina contadora de billetes, ocho teléfonos celulares, una computadora notebook, un CPU “Game Pro”, una moto Yamaha dominio y la suma de 2.610.000 pesos, una cifra que evidencia el volumen de las operaciones.
Antecedentes: la primera caída
La historia delictiva de Daniela Soledad González, nacida el 1 de febrero de 1986, tiene un capítulo previo que la Justicia no pasó por alto. El 14 de mayo de 2021, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza (PCN) irrumpieron en su anterior domicilio del barrio San Martín, en la zona oeste de Ciudad, donde descubrieron un búnker destinado al fraccionamiento de cocaína.
En aquella oportunidad fue detenida junto a un sobrino menor de edad y los investigadores secuestraron más de 400 dosis de droga, un ladrillo de cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones preparadas para atravesar chalecos antibalas. La magnitud del arsenal y la droga evidenciaban que no se trataba de un caso de consumo personal ni de venta esporádica.
En 2023, González fue condenada por ese hecho en un juicio abreviado a cinco años de prisión. También recayó sentencia sobre su sobrino, a quien se le declaró la responsabilidad penal por comercializar estupefacientes. La Justicia federal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, una medida que, según se demostró con el paso de los años, no impidió que volviera a delinquir.
Acuerdo y sentencia
Ante la contundencia de las pruebas reunidas -declaraciones testimoniales, pericias sobre los estupefacientes secuestrados, análisis de comunicaciones telefónicas, registros fotográficos y fílmicos de las vigilancias-, los cuatro imputados y sus defensas optaron por el camino del juicio abreviado, una herramienta procesal que permite agilizar la resolución del caso mediante un acuerdo con la fiscalía.
La audiencia de acuerdo pleno con la presencia de la fiscal Patricia Santoni, quien explicó los términos del pacto alcanzado con cada una de las defensas de los imputados, detallaron las fuentes.
Inicialmente, el Ministerio Público había atribuido a los cuatro el delito de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas organizadas. Sin embargo, tras analizar las constancias de la causa, acordaron suprimir el agravante.
Víctor Hugo González recibió la condena más severa: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de comercio de estupefacientes. Además, el juez Garnica declaró su reincidencia, por lo que deberá cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.
Por su parte, su hermana Daniela fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con la modalidad de arresto domiciliario, por el cuidado de sus hijos, como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También fue declarada reincidente.
Su madre, María Lourdes Nicolasa Magallanes, de 56 años, recibió idéntica condena que su hija: cuatro años de prisión efectiva en modalidad domiciliaria como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al igual que González, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.
Por último, Florencia Valentina Ochoa, pareja de Víctor y de 29 años, fue considerada partícipe secundaria del delito. Su condena fue sensiblemente menor: dos años de prisión en suspenso y el cumplimiento de reglas de conducta durante el período de prueba.
Estas incluyen: fijar residencia informando cualquier cambio, someterse mensualmente al control de la Dirección de Control y Asistencia en la Ejecución Penal (DECAEP), abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, realizar trabajos no remunerados en la organización “Mi espacio de recreación – Nueva Generación” por cuatro horas mensuales durante un año, y no cometer nuevos delitos.
Como parte de la sentencia, el juez ordenó el decomiso definitivo del Ford Fiesta, la motocicleta Yamaha y siete de los teléfonos celulares secuestrados, elementos que fueron utilizados para cometer el delito o adquiridos con el producido del narcotráfico.
En cuanto al dinero secuestrado -que llegó a 2.655.850 pesos entre las tres propiedades-, el destino del mismo quedará sujeto a lo que determine el Ministerio Público Fiscal en la etapa de ejecución de sentencia, pudiendo ser decomisado como parte del producto del delito.
Fuente: www.elsol.com.ar