El ex jefe de la Policía Federal en Mendoza, Dino Enzo Rossignoli, fue condenado nuevamente este lunes por la mañana a 6 años de prisión tras reconocer que cobró sobornos de cambistas del microcentro mendocino. La sentencia, homologada por el Tribunal Oral Federal N° 2, se concretó durante un juicio abreviado en el que el propio acusado confesó su participación en el esquema de coimas que garantizaba la protección de las denominadas “cuevas” de la galería Tonsa.
De esta forma, la resolución marcó el cierre del segundo proceso contra el ex funcionario policial en menos de una semana. El martes pasado, el Tribunal Oral Federal N° 1 lo había sentenciado a otra pena de 6 años por cohecho pasivo y asociación ilícita, en la primera parte de una investigación que destapó una red de cambio ilegal de divisas bajo la fachada de joyerías como Stefano Cannella y Vía Roma.
En esta nueva instancia, Rossignoli no solo reconoció haber recibido dinero de los cambistas, sino que aceptó los términos propuestos por la fiscalía a cargo de Federico Baquioni, que lo señaló como pieza central de una estructura de recaudación paralela dentro de la fuerza federal.
De este modo, el tribunal homologó el acuerdo con el abogado defensor Fernando Luquez y dejó pendiente la unificación de penas, trámite que definirá el monto total de la condena. Esto podría demorarse algunos meses, debido a que la primera condena del juicio oral no está firme.
Quienes pagaron las coimas, es decir, los acusados por cohecho activo, también reconocieron los hechos hace algunos días e iban a ser condenados a penas mínimas de ejecución condicional, las que no superaban el año y medio de cárcel.
El proceso, conocido en los pasillos de Tribunales como “Rossignoli II”, se desprende de la megacausa iniciada en 2022, cuando la Policía contra el Narcotráfico (PCN) de Mendoza descubrió un circuito financiero paralelo alimentado por el pago sistemático de coimas. Según los informes, los cambistas abonaban sumas mensuales a jefes policiales para evitar controles o allanamientos en sus locales.
Rossignoli fue detenido el 14 de septiembre de ese año, tras varios meses de seguimiento. De análisis de teléfonos celulares, los investigadores detectaron conversaciones con advertencias a los cueveros sobre posibles operativos, además de pedidos de dinero para “mantener la zona tranquila”. Esas maniobras se habrían mantenido durante al menos dos años, principalmente en pandemia.
El avance de la causa llevó al juez federal Marcelo Garnica a ordenar 19 allanamientos en las galerías Tonsa y Caracol. En los procedimientos, la PCN secuestró más de 90 mil dólares, 18 mil euros, 36 millones de pesos argentinos y cerca de 8 millones de pesos chilenos, además de decenas de máquinas de contar billetes, celulares y documentación contable vinculada a los pagos ilegales.
Todo había partido luego de uno de los hallazgos más significativos en los primeros allanamientos en junio del 2022, que fue el registro de comunicaciones entre Rossignoli y el joven empresario Nicolás Bazán, quien tenía de socio a Renzo González. Estos dos ya fueron condenados como jefes de la organización. Los peritajes confirmaron que el ex jefe policial mantenía contacto frecuente con el primero de los citados y con otros operadores de cambio del centro mendocino.
Durante las audiencias del primer juicio, Rossignoli negó haber recibido dinero de particulares. Sin embargo, su cambio de postura en esta segunda causa permitió abreviar el proceso y consolidar una admisión que dio por probado el vínculo directo entre los cueveros y quien era el máximo responsable de la Policía Federal de Mendoza.
La primera sentencia incluyó también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De este modo, el ex funcionario, que cumple prisión en la cárcel federal de Cacheuta, deberá aguardar ahora la resolución sobre la unificación de penas, que podría llevar su condena total a un poco más de seis años de encierro.
Fuente: www.elsol.com.ar