El Gobierno de Mendoza oficializó y publicó en el Boletín Oficial este lunes la reglamentación del nuevo Estatuto del Empleado Público, modificando aspectos clave del Decreto Ley 560/73 que regula la relación laboral del personal estatal. La reforma apunta a modernizar procedimientos, clarificar derechos y obligaciones, y dar mayor precisión al régimen laboral en todos los poderes y organismos de la provincia.
Uno de los cambios más destacados afecta a las indemnizaciones y salarios caídos. Si se revoca una baja o cesantía, el empleado será reincorporado, pero no tendrá derecho a remuneraciones por periodos no trabajados. Además, los daños y perjuicios tienen un tope del 50% del salario mensual, mientras que la compensación total no podrá superar los 24 meses de haberes, buscando limitar el impacto financiero para la administración pública.
La normativa introduce también definiciones claras para el personal interino. Según el nuevo Artículo 4 bis, estos trabajadores ocupan cargos vacantes sin concurso ni idoneidad comprobada y carecen de estabilidad propia, pudiendo cesar en cualquier momento si son reemplazados por un designado legalmente, recibiendo la indemnización correspondiente. En los cargos de mayor jerarquía, la baja puede aplicarse “en cualquier momento”.
En materia de sanciones disciplinarias, las menores, como aperibimientos o suspensiones de hasta 15 días, no podrán ser impugnadas, siempre que se otorguen con resolución fundada. Solo serán recurribles ante abuso de poder, trato discriminatorio o arbitrariedad manifiesta.
Finalmente, la ley establece criterios precisos para el cálculo de la antigüedad. Solo se computarán los servicios prestados en relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo trabajos bajo modalidades de locación de servicios o autónomas. Además, la norma contempla que, si un empleado reincorporado con estabilidad opta por no retomar su cargo, puede elegir recibir la indemnización correspondiente en lugar de regresar al puesto.
Con estos cambios, el Gobierno busca modernizar la administración pública, garantizar reglas claras y equilibrar la protección de los empleados con la sostenibilidad del Estado.
Fuente: www.diariomendoza.com.ar