El Senado de Mendoza dio un paso clave en el tratamiento del proyecto presentado por la Dirección General de Escuelas (DGE) que busca incorporar la responsabilidad de padres, madres y tutores en los casos de bullying cometidos por menores de edad.
Las Comisiones de Economía, Ciencia y Técnica y de Legislación y Asuntos Constitucionales emitieron despacho favorable a la propuesta, que combina sanciones, mediación y estrategias educativas para prevenir y abordar el acoso escolar dentro de las instituciones.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, contempla tanto la modificación del Código de Contravenciones como la implementación de un nuevo Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso escolar.
Responsabilidad compartida
El proyecto establece que los adultos responsables podrán recibir multas económicas o tareas comunitarias si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas.
También prevé talleres de parentalidad y espacios de mediación, concebidos como herramientas para promover la convivencia, el respeto y la empatía.
El enfoque es educativo y reparador: busca involucrar activamente a las familias en la prevención del acoso y en la formación de una cultura escolar más sana.
El rol central de la escuela
La propuesta reconoce a las escuelas como primer ámbito de detección y prevención. Por eso, el nuevo Protocolo de Actuación ofrece lineamientos claros para docentes y directivos: identificación de casos, registro, comunicación con las familias, intervención inmediata y seguimiento posterior.
El documento también define niveles de gravedad, circuitos de derivación a equipos técnicos y coordinación con la Justicia o los organismos de protección de derechos, según corresponda.
Una respuesta integral
El objetivo del proyecto es ofrecer una política pública unificada frente al bullying y al ciberbullying, fenómenos que afectan cada vez más a niños, niñas y adolescentes.
El texto, que ahora será debatido en el recinto del Senado provincial, busca proteger a las víctimas, reeducar a los agresores y comprometer a las familias, entendiendo que la violencia escolar no puede abordarse solo desde la sanción, sino también desde la prevención y la reparación.
Próximos pasos
Con el despacho favorable de las comisiones, el proyecto será tratado próximamente en sesión. De aprobarse, Mendoza contará con una normativa pionera que combina ley, protocolo y compromiso familiar, reforzando el trabajo conjunto entre escuela, Estado y comunidad para erradicar el bullying.
Fuente: www.diariomendoza.com.ar