Una abogada presentó este martes un hábeas corpus correctivo contra el Servicio Penitenciario de Mendoza por una práctica que calificó como “cruel, inhumana y degradante”: marcar con marcador indeleble los brazos de las personas que ingresan a visitar a los internos del penal Almafuerte I, en Luján.
La presentación a la que accedió El Sol busca que la Justicia ordene el cese inmediato de ese procedimiento y que se implementen métodos de control alternativos, como los scanners biométricos con los que ya cuenta el sistema.
La acción fue impulsada por la defensora María Elena Quintero, representante del interno Marcelo Araya, y apunta de manera colectiva en favor de todas las personas alojadas en el complejo penitenciario de Cacheuta.
En el escrito que llegó al Juzgado Penal Colegiado N° 2, la letrada sostiene que el Servicio Penitenciario somete a los familiares a “una práctica vejatoria y humillante” al escribirles con marcador indeleble el número de pabellón y celda del interno que visitan.
Según detalla el escrito que deberá resolver la Justicia, a los visitantes masculinos se les exige descubrir los brazos para ser marcados con el número correspondiente, el cual queda visible incluso después de abandonar el penal.
“El uso de un marcador indeleble no es un detalle trivial, sino el núcleo del agravio. Implica que el visitante es forzado a portar un estigma carcelario fuera de los muros del establecimiento, en la vía pública, en su entorno laboral y en la intimidad de su hogar”, sentenció entre otros argumentos la abogada, acompañando fotografías como pruebas.
Quintero entendió que la práctica vulnera normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los artículos 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y protegen la honra y la dignidad de las personas.
Además, remarcó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles son “para seguridad y no para castigo”, principio que, señaló, se viola al someter a familiares a un trato humillante.
La presentación también recordó que el Estado argentino fue objeto de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las condiciones de detención en las penitenciarías mendocinas.
Como medida cautelar urgente, la abogada solicitó que el juzgado ordene el cese inmediato de la práctica de marcar a los visitantes, la que lleva varios meses, y que se disponga la implementación de un método alternativo, como los sistemas biométricos ya disponibles.
En el escrito se pide además que se notifique a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para el seguimiento del caso.
Fuente: www.elsol.com.ar