La DGE destinó a la reparación de edificios escolares los $172.241.977,30 recaudados por el remate público de la denominada “mansión de Luis Lobos” en Guaymallén.
De este modo, el gobierno escolar dio cumplimiento a la ley de extinción de dominio que habilitó luego del primer fallo de la Justicia Civil en el país, a invertir en reparaciones y/o construcción de establecimientos escolares el producido de las subastas de bienes adquiridos mediante conductas delictivas, como en este caso por corrupción en el ejercicio de la función pública.
El 5 de junio último, la casa que estaba a nombre de Luis Lobos, ex intendente de Guaymallén -que cumple la pena de 8 años de prisión en la cárcel por delitos de corrupción– fue rematada públicamente tras varios intentos fallidos y una reforma legal para allanar el camino.
La DGE también remató otras 9 propiedades por herencias vacantes
Por la propiedad situada en el barrio Alto Portal del Sauce, en la zona de Bermejo, se recibieron 110 ofertas económicas; 6 de las cuales quedaron en carrera para la etapa final, que se definió por la mejor de todas: $172.241.977,30.
Desde la DGE que conduce Tadeo García Zalazar confirmaron que esa suma de dinero pasó a formar parte del Fondo de Educación Permanente, destinado a mejoras edilicias y construcción y reparación de establecimientos educativos.
La recaudación por la venta de la denominada “mansión de Luis Lobos” se sumó al dinero que generaron los remates de otras 9 propiedades de Capital, Guaymallén y Godoy Cruz que pasaron a la órbita estatal como parte de la ley de herencias vacantes.
Luis Lobos sigue preso en San Felipe
Luis Lobos está alojado en el penal San Felipe, donde cumple la condena unificada a 8 años de cárcel por delitos de corrupción mientras estaba a cargo de la intendencia de Guaymallén.
Durante una audiencia celebrada en el Polo Judicial Penal el 28 de diciembre de 2022, Luis Lobos se declaró culpable, en juicio abreviado, de los delitos enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
Se le fijó una pena de 6 años de prisión que se elevó a 8 teniendo en cuenta la unificación con la primera condena judicial en contra: 4 años y 6 meses de prisión por fraude en el caso de los empleados municipales truchos.
También la esposa, Claudia Sgró, fue sentenciada a prisión en ese caso. Luego, fue condenada por enriquecimiento ilícito en juicio abreviado. Ya recuperó la libertad condicional y no puede salir del país.
Fuente: www.diariouno.com.ar