De ahora en más, los padres serán corresponsables del bullying que realicen sus hijos a otros estudiantes dentro del ámbito escolar tanto público como privado. Diputados aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto que ya tenía media sanción del Senado.
La iniciativa fue ideada por el Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuelas (DGE), ambos a cargo de Tadeo García Zalazar, y había sido presentada en octubre pasado.
“Buscamos la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero también sancionar a los adultos responsables que no colaboren en situaciones de bullying”, contó la diputada radical Claudia Salas, de la comisión de Cultura y Educación, en diálogo con la prensa.
La legisladora explicó que de acuerdo a cada caso en particular, la sanción puede ir desde tareas comunitarias de hasta 50 días, o pecuniarias, que van desde los $600.000 y los $1.260.000.
¿Qué dice la nueva norma que sanciona a padres de hijos que realicen bullying?
La nueva ley, que tuvo un sólo voto negativo de José Luis Ramón, incorpora 5 ítems al artículo 100 del Código Contravencional. Entre ellos, establece la “Responsabilidad parental por acoso escolar”, definida como “se considerará una contravención la omisión del deber de vigilancia, orientación y cuidado, por parte de los padres, tutores o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental o custodia, cuando un niño, niña o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar denominado (bullying), causando daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”.
También, dispone una instancia previa. Si el “hecho haya sido denunciado ante las autoridades escolares o de protección de la infancia y se haya verificado la conducta del menor agresor y la falta de acción por parte de sus padres, tutores o responsables legales”, antes de la intervención judicial, “las autoridades escolares deberán aplicar el protocolo de actuación que se determine, con la participación de un equipo interdisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales)”.
Si fracasa esta instancia previa “por inasistencia de los adultos responsables o incumplimiento de los compromisos asumidos, se dará intervención al Juzgado contravencional correspondiente, remitiéndole un informe pormenorizado de la situación denunciada y verificada, las acciones realizadas y el resultado de la instancia previa”.
Además, impone sanciones a “padres, tutores, cuidadores o responsables legales” que “habiendo sido notificados de la conducta de acoso de su hijo/a o menor a cargo, no adopten las medidas de supervisión, educación o contención necesarias para detenerla, o que no cumplan con los compromisos de conducta asumidos”, tendrán sanciones “de trabajo comunitario por un período de 5 a 50 días”; y de acuerdo a la gravedad del hecho, el juez podrá aplicar sanción de multa de 500 UF a 5000 UF”.
Si hubiese reincidencia se considera agravante, con lo cual el articulado a incorporar manifiesta que “si el menor reincide en los actos de acoso escolar, el juez contravencional podrá duplicar la sanción de trabajo comunitario o de multa a imponer, pudiendo además, disponer la obligatoriedad de la asistencia a talleres de parentalidad o terapia familiar”.
A su vez, los fondos que se recauden por las multas que pudieren corresponder, se indica que “se destinarán a un fondo provincial a la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en la Dirección General de Escuelas y también Bibliotecas Populares”.
La insólita justificación de José Luis Ramón para votar en contra
El diputado José Luis Ramón, de Consumidores y Ciudadanos, fue el único que votó en contra.
En soledad aseguró que el bullying “no es un tema que se pueda resolver de una manera liviana, sino que necesita de un abordaje, sobre todo desde la prestación del servicio educativo”, y que “el protocolo contra el bullying en Mendoza es virtuoso, tendiente a lograr la contención; y el responsable de aplicarlo es la autoridad escolar”, por lo que esta ley resultaría “contradictoria”.
Expuso también que “la paz en las escuelas no tiene precio de mercado, la paz en las escuelas tiene necesariamente que cumplirla el proveedor del servicio educativo, que es el Gobierno . Aplicando sanciones no se soluciona el problema del bullying; y Argentina está entre los 10 países a nivel mundial donde los problemas de bullying son los más graves”.
Los argumentos de la amplía mayoría que votó a favor
En el recinto, la diputada radical Claudia Salas argumentó que la nueva norma se apoya en un enfoque educativo y preventivo, y no persigue castigos ni criminalización, sino que busca generar conciencia, reparación y compromiso.
“Tenemos la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas, herramientas claras y un mensaje único. El cuidado y la convivencia son prioridades y compromisos que asumimos con firmeza”, explicó.
Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, destacó la iniciativa y afirmó que es un protocolo interesante y amplio que plantea “algo que es elemental, que es la participación activa de todos los actores escolares, donde dice que la construcción de la convivencia no puede recaer exclusivamente en los equipos directivos y docentes, sino que es fundamental involucrar a los estudiantes, docentes, personal directivo, auxiliar y familia en el diseño, implementación y revisión de los acuerdos de convivencia”.
Asimismo, sumó que “tenemos la responsabilidad no solamente de definir políticas públicas, sino también de asumir nuestra responsabilidad parental” porque “la escuela forma, pero la educación está en la casa. Esto es avanzar con uno de los actores que no puede desentenderse de esa responsabilidad”.
La diputada Valentina Morán, del Partido Justicialista, votó a favor. Sin embargo, remarcó que el proyecto tiene “una mirada punitiva que no va a solucionar un problema que es profundo y que tiene que ver con un montón de aristas y de causas que es necesario analizarlas”.
Planteó, por un lado, la incorporación de la “alfabetización digital”, y también ofrecer desde el Estado más herramientas al cuerpo docente y a la comunidad educativa.
Morán puntualizó que existe una “falta de planes integrales que aborden esta problemática tan compleja, por lo que se tiene que incorporar, necesariamente, la alfabetización digital”, abogando además por una “crianza digital responsable”.
Fuente: www.diariouno.com.ar