La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Ley de Policías, una iniciativa que vuelve a abrir el debate sobre los límites del uso de armas de fuego y el equilibrio entre seguridad pública y garantías constitucionales.
El proyecto, impulsado por Gustavo Cairo (LLA) y Enrique Thomas (PRO Libertad), busca adecuar la actuación policial a los protocolos federales, bajo el argumento de que es necesario “adecuar la actuación de la policía de Mendoza, de igual manera que las fuerzas federales”.
La reforma modifica los Artículos 2° y 9° de la Ley 6722, ampliando las condiciones en las que un efectivo puede emplear su arma reglamentaria, redefiniendo el concepto de peligro inminente e incorporando escenarios donde el policía no deberá identificarse previamente antes de disparar.
Según Cairo, el objetivo es brindar “más seguridad a la policía” y evitar que un efectivo sea castigado mientras se determina judicialmente si actuó correctamente: “si el policía ha actuado dentro del protocolo… no se lo castigue administrativamente”.
Los defensores del proyecto remarcaron que la iniciativa permite “reglas claras” para el uso del arma y que se trata de “una herramienta para los buenos policías”, según citó Thomas en el cierre del debate. También sostuvieron, como afirmó la diputada Cintia Gómez, que la Ley 6722 “necesitaba esta actualización”, y que las fuerzas requieren un “respaldo real y normativas actualizadas”. En la misma línea, Mauro Giambastiani justificó su apoyo señalando que el proyecto “se pone del lado de los policías”.
Sin embargo, desde sectores opositores surgieron advertencias sobre los riesgos de la reforma. El diputado José Luis Ramón cuestionó que la norma profundiza una lógica de “mano dura” y que habilita que “un policía tire primero y después pregunte”. También alertó sobre una “retracción de derechos” y un retroceso en materia de violencia institucional.
El diputado Germán Gómez (PJ) expresó preocupación por la introducción del concepto de peligro hipotético, al que calificó como “subjetivo”, señalando que el proyecto “no da certezas constitucionales y puede generar abuso”. Advirtió además que la ampliación de facultades sin mecanismos de control claros podría “generar mucha incertidumbre” en el accionar de las fuerzas.
Aunque los impulsores del proyecto afirman que es una herramienta “no para el gatillo fácil”, sino para ordenar la actuación policial, la reforma deja abierta una discusión central: hasta qué punto la ampliación de las facultades del personal de seguridad fortalece la protección ciudadana y en qué medida puede tensionar derechos básicos que el propio Estado debe garantizar.
Fuente: www.diariomendoza.com.ar