Un nuevo borrador de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno volvió a tensar el debate entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. El texto, que forma parte del proceso de modernización que busca aprobar el oficialismo, introduce cambios relevantes en vacaciones, remuneraciones, indemnizaciones y la regulación del trabajo en aplicaciones.
La propuesta reafirma el derecho a vacaciones pagas, pero habilita acuerdos individuales o colectivos para extender el período y permite fraccionar los días según necesidades productivas o familiares. Además, se mantiene la obligación de comunicar la fecha con 45 días de anticipación, salvo excepciones acordadas en convenios.
Uno de los puntos más sensibles es la creación de un banco de horas, que podrá ser pactado en convenios colectivos para reorganizar la jornada laboral. Este mecanismo permitiría compensar días de mayor carga con otros de menor intensidad, siempre respetando descansos mínimos y el límite semanal.
El capítulo de indemnizaciones plantea un cambio estructural: habilita reemplazar el sistema tradicional por fondos o seguros de cese, administrados por cada actividad. El objetivo es reducir costos imprevistos para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y otorgar mayor previsibilidad al trabajador sobre el monto final a cobrar. En materia de despidos, la propuesta distingue claramente entre desvinculaciones con causa y sin causa. En el segundo caso, continúa un esquema indemnizatorio basado en un mes por cada año trabajado, mientras que para las cesantías justificadas se ordena un procedimiento digital más estricto y detallado.
El borrador también actualiza reglas sobre remuneraciones, habilita la digitalización obligatoria de recibos y documentación laboral, y aclara qué conceptos integran el salario computable para evitar conflictos judiciales. Se incorporan beneficios no remunerativos y se otorga mayor flexibilidad para configurar componentes fijos y variables. Otro apartado clave es el referido a enfermedades y ausencias, donde se formaliza el uso de certificados médicos digitales y se establece un sistema unificado de control. La norma define con mayor precisión qué situaciones constituyen abandono de trabajo y cómo deben gestionarse las inasistencias prolongadas.
La reforma también incorpora un régimen específico para plataformas de reparto, que obliga a registrar a los trabajadores, aportar a la seguridad social y garantizar seguros por accidentes. Además, reconoce su derecho a la organización colectiva y a participar en negociaciones sectoriales. Con la discusión aún abierta, el nuevo texto confirma que el Gobierno apuesta a una transformación profunda del mercado laboral, mientras el sector sindical sostiene su rechazo y empresarios siguen de cerca cada modificación.
Fuente: www.diariomendoza.com.ar