Al menos, en Mendoza, parece existir una relación directa entre la gestión de los recursos públicos y sus consecuencias, con los resultados electorales obtenidos por parte de quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de llevar adelante la administración de los mismos. Entre el 2004 y el 2015, la Provincia pasó de tener uno de los superávit más altos a lo largo de su historia, con equilibrio presupuestario y crecimiento económico, a uno de sus peores registros estadísticos, cuando se llegó a duplicar la presión impositiva y el gasto del Estado se fue hasta las nubes. Julios Cobos era el gobernador al comienzo de la serie (en el 2004 ya llevaba un año de gestión) y su gobierno caería derrotado en el 2007 por un peronista clásico: Celso Jaque.
El malargüino se vería beneficiado por la división del radicalismo, ya que una parte se había ido con Néstor Kirchner en aquella transversalidad política de efímera subsistencia. Ni Cobos, encaramado a la Vicepresidencia como consorte de Cristina Fernández de Kirchner, impidió la derrota del radicalismo K.
Por su lado, Jaque comenzaría un período de administración turbulento, más lleno de negros y grises que de blancos. Sin embargo, al finalizar su período, en el 2011, pudo entregarle la banda a otro peronista, Francisco Paco Pérez. Y fue este, precisamente, el que no sólo no logró disimular los desajustes de gestión que le habían caído como herencia desgraciada, sino que los agravó a tal punto de conducir a la Provincia, desde lo financiero y económico, a una situación de colapso casi total.
El desbarajuste fue de tal magnitud que tuvo un impacto electoral contundente: en el 2015, los radicales y sus socios se alzarían con la victoria, inaugurando un período de cierta estabilización que les permitió repetir en el 2019 y que han vuelto a ratificar en las elecciones de este año con un Alfredo Cornejo que volverá a la Gobernación el 10 de diciembre.
¿Por qué hay una relación directa entre el manejo de recursos, sus consecuencias y los resultados electorales? Es lo que viene a ratificar un informe de la deuda pública elaborado por el Consejo Económico de Mendoza, el CEM. Se trata de un informe técnico y sin consideraciones ni evaluaciones políticas, pero que acompañan, quizás como una de las explicaciones posibles, la debacle peronista desde el 2015 a la fecha.
Así como en el escenario nacional, todo indica que la situación económica –la del déficit fiscal, de ausencia de crecimiento, de aumento de precios desmedido y constante durante muchos años, de crecimiento de la pobreza y de ausencia de oportunidades– parecen no hacer mella electoral en quien viene gobernando por 16 años de un total de 20, en Mendoza son cuestiones de un valor superior que sí está presente. Entre otras tantas razones, claro está.
El CEM viene a darle algo de claridad técnica a una discusión política que, de tanto en tanto, enfrenta al oficialismo y a la oposición. Se trata de la deuda pública, del peso del Estado sobre la actividad privada y de la presión impositiva medidos entre el 2014 y la actualidad. Diez años de análisis. Para empezar, el informe da cuenta de que la deuda entre el 2014 y este año ha disminuido 28 por ciento. Hoy, ese pasivo, medido en dólares, tomando los créditos obtenidos como la deuda con los proveedores, es de 951 millones, mientras que en el 2014 era de 1.323 millones. Medida en pesos, esa deuda también disminuyó: pasó de 348.000 millones en el 2014, a 243.000 millones este año: 30 por ciento menos. Otro dato que refleja este documento, que el CEM dio a conocer durante el fin de semana, es que ha cambiado la composición de esa deuda pública: en el 2015, 41 por ciento de la deuda era en dólares y 59, en pesos; en cambio, hoy es de 79 por ciento en dólares y el 21 restante, en pesos.
El endeudamiento se explica en lo que bien se ha supuesto hasta ahora: en el desfase que se produjo en la administración de los recursos y en el desequilibrio entre presupuesto, ingresos y gastos. Del 2004 al 2015 el gasto fue subiendo de manera exponencial, con el déficit y la presión impositiva. En el 2005 se registró el mayor superávit, quizás, de la historia: 18 por ciento, pero en el 2015 se produjo el peor déficit en veinte años, de 7 por ciento. Eso constituyó una caída de 25 por ciento, aclara el informe de los empresarios. También, entre esos años subió la presión impositiva, que en el 2004 era de 3,2 por ciento. Los aumentos de impuestos se fueron dando hasta el 2017, cuando comenzó un período de descenso que, de igual manera, no ha llegado a los niveles del 2004. Tanto es así que en el 2022 la presión impositiva fue de 6,6 por ciento, más del doble de la que era en el 2004.
La oposición peronista no ha dudado en aclarar –cada vez que tiene la oportunidad– lo sucedido durante los años de degradación económica, fiscal y financiera de la Provincia cuando gobernó el peronismo, entre Jaque y Pérez. Sus dichos han sido un contraataque acusatorio con destino a los radicales y a Cornejo, particularmente, a quien responsabilizan por la situación y porque le impidió a Pérez contar con un presupuesto acorde en el 2014, que se aprobó tarde, y el del 2015, cuando no hubo.
En medio de todo este panorama, también hay que precisar el declive de la economía de la provincia, tanto con los peronistas administrando como con los radicales. A favor de los últimos, sin embargo, hay que señalar el inicio de un proceso de normalización y cierto orden fiscal que ha continuado hasta ahora. Pero la decadencia y el estancamiento es tal que, aun así, el peso del Estado sobre el PBG provincial todavía es más alto que en el 2014, cuando ese peso era del 7 por ciento. El peso del Estado sobre el PBG es todo lo que el Estado le saca a la economía y a la riqueza que produce la actividad privada. En el 2016 esa carga era de 11,7 por ciento; en el 2020, 13,2 por ciento y, en el 2022, de 7,9 por ciento, casi un punto por arriba que hace diez años. Una economía estancada que no se recupera. Un fracaso rotundo, insoportable e insostenible ya.
FUENTE: elsol.com.ar