Una investigación federal permitió detectar maniobras de inteligencia sobre ministros de la Corte, políticos y funcionarios. Entre ellos, un consejero que acusó al suspendido juez federal ante el Jury de Enjuiciamiento.
La investigación judicial que busca desentrañar los secretos de una gigantesca red de espionaje ilegal no sólo reveló el estrecho vínculo entre espías y dirigentes vinculados al kirchnerismo. Los detalles de la pesquisa liderada por el fiscal Gerardo Pollicita también confirmaron que una de las presuntas víctimas de esa estricta vigilancia por fuera de la ley es el abogado Miguel Piedecasas, actual integrante del Consejo de la Magistratura y uno de los protagonistas centrales del juicio político contra Walter Bento, el suspendido magistrado federal de Mendoza que este miércoles conocerá si es restituido o destituido de su cargo.
En caso de concretarse la segunda opción, Bento -procesado como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a narcotraficantes y contrabandistas presos a cambios de beneficios judiciales- podría ser inmediatamente detenido. Si bien tiene ocho pedidos de prisiones preventivas en el marco del debate oral que se desarrolla en paralelo en la provincia, no se efectivizaron porque aún goza de fueros.
Espionaje y Bentogate
Pollicita investiga una megaoperación de espionaje realizada desde hace casi 10 años, bajo el amparo del kirchnerismo. En tal sentido, la detención del ex policía Ariel Zanchetta, señalado por la Justicia como agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue la pista que permitió descubrir las maniobras de inteligencia, con más de 1.00 informes patrimoniales, sexuales, políticos y empresariales sobre cientos de objetivos. Entre ellos, Piedecasas.
“El espía ex policía ‘caminó’ a decenas de ‘blancos’, sacó fotos, obtuvo registros migratorios, entre otras tareas. En el expediente se reproduce un informe sobre el concejero de la Magistratura Miguel Piedecasas”, destaca un artículo del diario La Nación.
Según el fiscal federal, Zanchetta realizó tareas de inteligencia sobre jueces de la Corte Suprema, políticos, funcionarios, periodistas, abogados, sindicalistas y hasta religiosos. Respondía a tres agentes de la AFI, cuyo nombres están transcriptos en el dictamen de Pollicita, pero fueron tachados en la versión pública para no revelar sus identidades.
El dictamen de 169 páginas que elaboró Pollicita sistematiza la información surgida una nueva pericia informática sobre la computadora y los celulares de Zanchetta, que ejercía un rol de espía inorgánico.
Entre los datos personales que el espía recopilaba en sus carpetas había domicilios, sueldos, propiedades inmuebles, titularidad de automotores, participaciones societarias, teléfonos, correos electrónicos, situación fiscal, laboral y crediticia registrada, datos electorales e información sanitaria, según publica el diario Clarín.
“Estos documentos poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, sostiene el dictamen del fiscal federal.
Fuentes judiciales indicaron la evidencia hasta ahora señala a supuestos sectores del kirchnerismo en la AFI como quienes encargaban los trabajos realizados por Zanchetta, un sargento retirado de la Policía Federal. En tal sentido, la investigación reveló los contactos e intercambios de mensajes del ex policía con Néstor Fabián”Conu” Rodríguez, uno de los voceros más cercanos a Cristina Kirchner y a La Cámpora, y el diputado nacional Rodolfo Tailhade.
El legislador ultraK, que fue director de Contrainteligencia de la AFI durante la presidencia de Cristina Kirchner, también tuvo participación en el Bentogate, como otro integrante del Consejo de la Magistratura.
Incluso, Piedecasas es el presidente y Tailhade el vice de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura donde se tramitó la causa contra Bento por mal desempeño, antes de ser elevada a juicio político.
En ese marco, la actuación de ambos fue diferente. Mientras Tailhade fue el vocero de un grupo de concejeros que intentó y logró postergar por algunas semanas la aprobación del frondoso dictamen acusatorio contra Bento -que finalmente fue admitido-, Piedecasas se encargó de asumir el rol de fiscal y acusar al suspendido juez ante el Jury de Enjuiciamiento por mantener un estilo de vida que no podría justificar con sus ingresos y tratar de obstaculizar la investigación en su contra, entre otras supuestas irregularidades.
Los “trabajos” de Zanchetta
La investigación sobre Zanchetta comenzó cuando la Justicia comenzó a buscar a las personas que tramitaron líneas de teléfonos celulares a nombre de jueces de la Corte de Justicia de la Nación para hackearlos. Así se llegó así a un grupo de piratas informáticos que tenían conexión con este ex policía federal que trabajaba como periodista. El juez que investiga el caso, Marcelo Martínez de Giorgi, lo detuvo y analizó todos sus dispositivos electrónicos. De ellos surgen los mensajes con Tailhade y Rodríguez.
A Tailhade, Zanchetta ofreció por Telegram los supuestos chats obtenidos de manera ilegal de los jueces, fiscales y funcionarios del gobierno porteño que viajaron a Lago Escondido, invitados por ejecutivos de Clarín.
Desde el entorno del diputado indicaron que la propuesta llegó a comienzos de diciembre de 2022, cuando ya circulaban por Internet esas supuestas conversaciones, y que Tailhade está disponible para declarar.
Mientras que a Rodríguez, Zanchetta le envió información patrimonial de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En este caso, la oferta habría sido aceptada. Incluso, luego de publicar en un sitio web una nota en contra de la actual funcionaria nacional cercana al presidente Alberto Fernández y resistida por el kirchnerismo, el ex policía recibió un pago de la agencia Télam, destaca el expediente.
Martínez de Giorgi ordenó allanar la casa y el despacho de Rodríguez -ex titular de Télam y actual es directivo de la AFIP-, donde se secuestraron “computadoras y documentación relacionada con el espionaje a los jueces”, indicaron fuentes judiciales.
Con estos elementos, el fiscal Pollicita pidió ampliar la indagatoria del ex policía porque la información reunida “y los elementos digitales incautados en poder de Zanchetta evidencian que el nombrado por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas obtuvo y reunió información personal de miles de personas –entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales entre otros– luego la sistematizó y analizó en al menos 1.196 informes de inteligencia”. Y añadió que sospecha que actuaba de manera inorgánica en la AFI desde 2009 hasta 2015.
FUENTE: elsol.com.ar