Luego de un largo proceso, este miércoles se conocerá la sentencia del Jury de Enjuiciamiento. Si 5 de sus 7 integrantes votan a favor de la destitución, perderá los fueros y podría quedar detenido.
El camino fue sinuoso. Cargado de presiones, atajos y maniobras dilatorias. En más de una oportunidad pareció caerse. Sin embargo, lentamente fue avanzando y, finalmente, este miércoles se definirá si destituyen o no al juez federal Walter Bento. Para el magistrado llegó la hora de la verdad y los siete integrantes del Jury de Enjuiciamiento deben determinar si incurrió en conductas impropias que ameritan su destitución. Si cinco de los siete miembros así lo entienden, Bento perderá los fueros y podría quedar detenido por los ocho procesamientos penales que pesan sobre su espalda.
Bento no viajó y espera la sentencia en Mendoza. Según aseguran sus defensores, en caso de ser destituido se entregará en Tribunales para ser detenido.
Todo comenzó con un secuestro seguido de muerte. El asesinato de Diego Aliaga, que tuvo lugar en julio del 2020, reveló la existencia de entramados oscuros dentro de la Justicia Federal de Mendoza. Walter Bento quedó en el centro de la investigación y eso motivó que el fiscal Dante Vega lo denunciara ante el Consejo de la Magistratura por entorpecer su tarea. Eso ocurrió en junio del 2021 y desde entonces el expediente comenzó un laberíntico recorrido.
Hoy todas las miradas están puestas en Javier De la Fuente (juez), Javier Leal de Ibarra (juez), Daniel Bensusán (senador Frente de Todos), José Torello (senador del PRO), Anahí Costa (diputada del Frente de Todos), Ana Romero (diputada del PRO) y Alfredo Barrau (abogado). Ellos son los siete integrantes del Jury de Enjuiciamiento que debe sentenciar la suerte del magistrado. Pero para muchos era poco probable que este día llegara.
La Comisión de Acusación notificó al magistrado y se inició un expediente para evaluar su conducta. Para que el trámite avanzara era necesario que el juez ejerciera su defensa y el proceso fue extenso. La defensa de Walter Bento apostó desde un principio a dilatar. Proponiendo que se citara innumerables testigos o aduciendo que debía esperarse que se resolviera la investigación penal.
Las presiones políticas existieron. A diferencia de lo que plantea el magistrado, las presiones no eran ejercidas para removerlo sino más bien para librarlo de culpas. A tal punto, que horas antes de dejar el Consejo de la Magistratura -el 16 de noviembre del 2022- el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli redactó el dictamen pidiendo que se sometiera a Bento a juicio político. Lo hizo a las apuradas con temor de que, al cambiar la conformación de la comisión de acusación, el caso que él había investigado cayera en desgracia.
Parecía que Walter Bento finalmente conseguiría dormir su expediente en un cajón. Sobre todo porque el Consejo de la Magistratura quedó envuelto en una crisis institucional luego de que la Corte Suprema entendiera que había que volver a su integración original de 20 miembros declarando inconstitucional la ley del año 2006 que bajaba el número a 13 integrantes. La comisión de Disciplina y Acusación dejó de existir y se dividió en dos comisiones diferentes. Además, una puja política retrasó la designación de los nuevos representantes del Congreso de la Nación y el reloj seguía corriendo.
Fue recién en abril del 2023 que quedó conformada la nueva Comisión de Acusación. Eso significó cambios de nombres y los consejeros que habían escuchado las testimoniales y la declaración del propio Bento ya no estaban. Los nuevos consejeros pidieron tiempo para analizar los cuerpos de documentos y la cosa parecía empantanarse nuevamente. Alberto Lugones, representante de los jueces, fue uno de los aliados de Bento dentro del Consejo de la Magistratura.
Pero las fichas de Bento se fueron agotando y el consejero Miguel Piedecasas tomó como propio el dictamen de Tonelli y presionó para que se tratara en la comisión. El 17 de mayo la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó la acusación contra Bento por mal desempeño en sus funciones. “Se comprobó abuso de poder obstruyendo la investigación, adulteró declaraciones juradas, tuvo desobediencia a órdenes judiciales, falseó datos para acceder a un crédito hipotecario, falseó datos para entrar a un concurso. Se puso a resolver el expediente de un amigo de él. Todo eso está comprobado”, manifestó el senador radical Eduardo Vischi.
Rápidamente, el 31 de mayo el Consejo de la Magistratura se reunió en pleno y votó por unanimidad la elevación a juicio político. Solo hubo disidencias parciales por parte de Alberto Lugones. Bento volvió a defenderse, Miguel Piedecasas volvió a sostener la acusación contra el juez y este 8 de noviembre el capítulo se cerrará. ¿Cuál será la decisión de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento? Habrá que esperar hasta las 12 para conocerla.
FUENTE: Mdzonline.