Obliga a asentar en un registro toda reunión que tienda a influir en el ámbito público. Chile y Estados Unidos tienen reglamentos similares. Incluye al gobernador, al vice y a ministros
Dos diputados de Cambia Mendoza impulsaron un proyecto de ley para regular el lobby en la política local, fundamentalmente en la Legislatura. La iniciativa es de Daniela García y Andrés “Peti” Lombardi –presidente de la cámara-, quienes llevaron adelante la idea de crear un registro que asiente cada reunión entre representantes legislativos y particulares -o miembros de organizaciones-, cada vez que estas tengan como fin impulsar tratamientos o posiciones en el ámbito público.
Las sanciones correrían por cuenta de la Oficina de Ética Se trataría recién en 2024.
El lobby está mal visto en muchos casos, pero es porque en ellos se toma una acepción incorrecta que lo liga sí o sí a hechos ilegales. Es un error: se trata de una actividad que puede ser virtuosa e incluso vincular a quienes ostentan bancas con propuestas que pueden ayudar a una sociedad más justa y eficiente. Justamente, esta idea impulsada por el oficialismo local tiene que ver con ordenar dichos procedimientos y también ponerles la lupa encima.
“Entiéndase como lobby a la actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas con el objeto de promover o representar un interés particular para influir en decisiones”, es lo que –palabras más, palabras menos- abre el texto presentado esta semana. Su nombre formal es “Ley de regulación de lobby o gestión de intereses” y básicamente crearía un registro digital de cada audiencia que haya entre un representante legislativo – o de otros ámbitos políticos- y particulares. Cualquier encuentro quedaría asentado y monitoreado. O debería.
“Lo que hace es precisar si vienen personas o si se reúnen en cualquier lado con representantes. Debe quedar muy en claro qué ocurre a partir de esa reunión y, fundamentalmente, de qué se trató la misma”, explicó a Diario UNO Daniela García, autora del proyecto y miembro de la bancada radical en Diputados. Para cuando el proyecto se trate en el recinto, ella ya no estará ahí, porque terminó su período y no fue candidata para el que sigue. Sí estará Lombardi, el otro firmante de la idea.
Uno de los escollos será que fehacientemente quede escrito cada detalle de esos encuentros, que hasta el momento son irregulares y no demasiado controlados. Pero más allá de ese poder de policía sobre lo que se dialogue, también servirá para ordenar las propuestas, porque hoy a la Casa de las Leyes le llueven pedidos y muchas veces hasta se chocan entre sí: “Quizás nos traen un proyecto desde un sector y eso avanza. Cuando otros se enteran de que está con media sanción, empiezan a movilizarse grupos que no estaban de acuerdo y vienen por el mismo tema. De repente uno tiene cinco grupos distintos abogando por un tópico en común”, explicó la legisladora, dando a entender que con esta propuesta quedaría más expuesto qué pasa puertas adentro del recinto.
La letra fina de la ley sobre el lobby político
Si no se cumple con registrar los encuentros, lo que va a llover sobre los representantes legislativos serán las sanciones. Al menos así está dispuesto: estarían a cargo del organismo de control, que es la Oficina de Ética Pública. Actualmente tiene a su cargo asuntos como el control de la Ley de Ficha Limpia. Cada penalidad, debe aclararse, es acorde a la función que cumpla el eventual infractor.
Precisamente sobre esto, el proyecto de García y Lombardi establece una lista de sujetos que quedan comprendidos. Entre los obligados a informar qué hablan en esos encuentros y con quiénes es que dialogan, quedaron: el gobernador, el vicegobernador, los legisladores provinciales, todos los ministros, los secretarios, subsecretarios y el director general de Escuelas.
¿Pero cada vez que se encuentren con alguien deberán contar qué es lo que hablan? Claro que no. Las actividades a las que regula el proyecto son todas aquellas que produzcan interpelación de cualquiera de los actores consignados más arriba con individuos de la vida pública o privada. Estas, para quedar comprendidas en la norma, deben buscar “la elaboración, dictado, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos y/o legislativos, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos anteriormente mencionados”.
Como mínimo, la ley afirma que deben quedar consignados estos datos: el o los nombres de los funcionarios que realizan las audiencias; el nombre o razón social de los que solicitan ese cara a cara con ellos, el objetivo de la audiencia; el día y el lugar de la reunión y una breve síntesis de lo expuesto durante ese mitin. Si la audiencia se solicita y más tarde se cancela, eso debe quedar consignado en un apartado especial para ello.
A su vez, lo asentado es público: la información contenida en el Registro Digital de Audiencias de Gestión debe garantizar, dice el proyecto, el libre acceso para toda la ciudanía. De acuerdo a la normativa y si es que es aprobada, será obligatorio que se publique en el sitio web de la Oficina de Ética o de las mismas cámaras, que al día de hoy cuentan con portales en línea sobre su funcionamiento, comisiones, bloques y noticias institucionales.
Antecedentes de proyectos que regulan el lobby
“En la facultad, yo trabajé mucho el tema transparencia y accesos a la información pública. De hecho, yo sabía de la existencia de un decreto que actualmente regula la gestión de intereses, pero la verdad es que se cumple poco y funciona sólo a nivel del Ejecutivo nacional. Ese es el primer antecedente de una intención regulatoria en el país: lo que estamos haciendo a partir de nuestro proyecto es cubrir esa necesidad, pero en el ámbito provincial”, profundizó la diputada García, que cumplió 8 años trabajando en la Legislatura.
El proyecto no llegó a ser presentado durante el período de sesiones ordinarias y es por eso que quedará para su tratamiento, si es que se da, directamente en 2024 o más adelante. El proceso previo a su presentación incluyó una investigación sobre cómo funciona el lobby y la gestión de intereses en otras naciones: Chile, Perú, México, Brasil y los Estados Unidos, entre otras. En todas esas latitudes no sólo está regulado, sino que hay versiones sobre su funcionamiento provechoso para la ciudadanía.
En dicho sentido, el antecedente de regulación para esta actividad que más cerca -geográficamente- le queda a Mendoza es el de Chile. Allí, la ley 20.730 fue promulgada sobre el final de la segunda presidencia de Sebastián Piñera, en marzo de 2014. Contiene la obligatoriedad de crear – también- registros públicos y uno de sus diferenciales es que implicó la necesidad de modificar el Código Penal. Se cambiaron los apartados del delito de cohecho.
Toda esa información está asentada en las indagaciones previas que hicieron ambos legisladores mendocinos y que remitieron a la cámara como un anexo a su proyecto de ley. En 2024 sabrán si avanza o si se queda en apenas una intención más de mejorar a la política.
FUENTE: diariouno.com.ar