Desde 2014 hubo en Mendoza más de 600 sanciones por cortes de calles y marchas aplicadas por la Municipalidad de Capital. Además, hubo personas detenidas por “reiterancia”.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, presentó un protocolo “antipiquetes” que implementará la gestión de Javier Milei en un año en el que se prevé que se acentúen las movilizaciones en las calles producto de la crisis y por las repercusiones de las medidas tomadas. Intentar frenar los piquetes se transformó en un tema central, algo que en Mendoza tiene un foco distinto: en la provincia casi no hay cortes por protestas y ya se realizaron 623 multas desde 2014. Desde enero, por ejemplo, las sanciones económicas por cortar calles ascienden a $800.000. La mayoría de las sanciones fueron por marchas, no por piquetes con quema de cubiertas, pues esa metodología de protesta casi no se usa en la provincia.
Bullrich toma en parte lo que dice el Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza, ejecutado por la Municipalidad. Pero hay otra herramienta: el concepto de “reiterancia” que implementa el Ministerio Público Fiscal, impulsado por el Gobierno. Se trata de las personas que son imputadas por un mismo delito varias veces, pueden ser detenidas, más allá de que el delito sea excarcelable. Por eso en la provincia hubo detenciones de dirigentes políticos que estaban acusados de entorpecer el tránsito.
Para recapitular, Bullrich anunció en conferencia de prensa el uso de un duro protocolo antipiquetes para evitar cortes en calles y rutas en el país, con la intervención de las cuatro fuerzas federales. Señaló que “las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales” y “podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes” cuando “hay delito infraganti”.
En Mendoza se usa el Código de Convivencia de la Municipalidad y un cambio en el Código Procesal Penal. Pero aún así, desde el Ministerio de Seguridad buscarán armar un nuevo protocolo porque consideran que crecerá la conflictividad social.
El modelo que utiliza la Ciudad de Mendoza
La Ciudad de Mendoza sancionó en 2014 la Ordenanza 3877, es decir, su Código de Convivencia Ciudadana. El mismo refiere a los “derechos de manifestación, expresión y participación en el ámbito del municipio, siempre que se realice por medios lícitos y con conocimiento de la autoridad municipal, respetando la organización pactada en referencia a horarios, itinerarios y condiciones específicas”. La normativa también especifica que “las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas. La infracción a la conducta descripta en este artículo será considerada como gravísima”.
El procedimiento para el apercibimiento consiste en que, constatada la infracción por el inspector, se labra el acta y se la deja en el lugar a los infractores. Se da la posibilidad de descargo por 10 días. En el interín, se genera el expediente administrativo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana dicta dicta Resolución, aplicando la sanción correspondiente al Código. Si no es abonada, se pasa a apremios al área de rentas para que se pueda cobrar. Desde que se dicta la Resolución, se puede presentar un descargo durante 15 días.
La Ciudad lleva 623 multas labradas desde 2014. Ese año fue 1; en 2015, 26; en 2016,18; en 2017, 25; en 2018, 55; en 2019, 80; en 2020, 84; en 2021, 74; en 2022, 152; y en 2023, 108. El costo se mide en unidades tributarias. Hoy en día cada una tiene un valor de $22,70, aunque esto cambiará una vez iniciado el 2024. Desde la comuna explicaron que, a partir de enero, si la unidad tributaria se irá a $40, por lo que quedaría en $800.000 con la máxima sanción prevista de 20.000 UTM. El código prevé que puede ser desde 150 UTM, pero, por lo general, la gravedad de la infracción con un corte de calle de larga duración, con mucha gente y sin permiso y se aplican 20.000 UTM. Para tomar la determinación, el inspector tiene la facultad para constatarlo y eso es lo que permite la graduación. “En su gran mayoría se ha aplicado el máximo”, reconocieron.
En diálogo con MDZ, el intendente de la Capital mendocina, Ulpiano Suarez, se refirió al plan que llevará adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación. Reconoció que “no hubo consulta en esta instancia” pero que sabían que “la gestión de la Ciudad era observada”. “Lo dijo Bullrich cuando vino a Mendoza en campaña. Además, colegas de otras ciudades nos han consultado y nos han pedido el código. Para nosotros es muy positivo que se concrete y que siga los lineamientos de la estrategia de la Ciudad. A partir del anuncio, la ministra advierte articulación con gobiernos provinciales y estaría bueno convocar a municipios. Nosotros con nuestro plantel labramos las actas y hacemos todo el proceso, también articulados con la Policía de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal. La normativa de la Ciudad es la que se incorpora en el Código Contravencional de la provincia. Celebramos que el Gobierno nacional vaya en este sentido, donde se respeta el derecho a expresarse en el marco de la ley y en igualdad de condiciones”, resaltó.
Piqueteros presos
A nivel provincial, una de las figuras que también complica a quienes se manifiestan es la “reiterancia”, agregada al Código Procesal Penal por Alfredo Cornejo durante su primer mandato de Gobierno. En otras palabras, al ser detenida en numerosas ocasiones por realizar piquetes, la persona puede ir a prisión debido a que la Fiscalía y jueces podrían recurrir al concepto de “reiterancia”, pese a que se trate de un pedido de prisión preventiva sin condena firme. Sin ir más lejos, en marzo de 2023 fueron detenidos dos dirigentes del Polo Obrero, lo cual generó revuelo en organizaciones sociales provinciales y nacionales.
Por la “reiterancia” se detiene a acusados de delitos que no tienen condena por acumular imputaciones. En el caso de los piquetes, el delito por el que son imputados está tipificado en el artículo 194 del Código Penal, que prevé penas excarcelables. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, dice el artículo.
Por otro lado, Ulpiano Suarez se refirió a la compleja situación que se da cuando hay niños en las protestas. “En dos situaciones de acampe en la Plaza Independencia logramos el levantamiento. En todo momento se dio intervención con la Justicia de Familia porque se daba esa que era un acampe con menores. Con esa articulación logramos que no se hagan y tampoco con menores en el acto. Me parece bien coordinar con la Justicia local”.
Se espera que la crisis social sea más pronunciada y que las protestas también se incrementen en lo que respecta a intensidad y número. Pues las proyecciones de la estanflación (estancamiento e inflación) generará que la tasa de pobreza aumente y esto tendrá impacto en las calles. Ulpiano Suarez opinó que “más allá de organizaciones que se han hecho un hábito de piquetes, creo que se ha entendido en la sociedad mendocina. El mensaje del presidente y de la ministra ha sido clara. ‘Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada'”.
Y puntualizó: “Obviamente que hay un agobio de la gente y que en esta instancia se ha canalizado eligiendo un cambio de rumbo. Hay que ser cautos porque las medidas van a tener impacto en al clase media. Hay que ver en los sectores más vulnerables. Va a requerir que municipios, gobiernos provinciales y el Gobierno nacional estén muy cerca para evitar que la crisis llegue a la calle. Mi gran desafío es mantener la cercanía y el acompañamiento con quienes ya la vienen pasando muy mal. Viene un año muy difícil y hay que estar muy atentos. Requiere de mucha sensibilidad”.
Qué dicen las organizaciones sociales
Dirigentes del Partido Obrero y del movimiento social Polo Obrero calificaron de “amenaza” al protocolo contra el corte de vías de circulación que anunció Patricia Bullrich y advirtieron que “cuando hay semejante nivel de agresión” contra los sectores populares “inevitablemente se producen protestas sociales”.
En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el “derecho a la protesta” y señalaron que la ministra de Seguridad “no tiene facultad legal” para impedirlo.
“Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich”, reprochó Solano. Más temprano, la ministra de Seguridad había advertido que “si se toma la calle va a haber consecuencias” durante la presentación de un “protocolo para el mantenimiento del orden público”, que incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos por intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
En respuesta, Solano señaló que el ministro de Economía , Nicolás Caputo, primero anunció “un plan de guerra contra el pueblo” el martes pasado que, dijo, incluyó “devaluación significativa, aumento de la nafta del 80%, despidos de empleados públicos y amenaza nueva de quitar la movilidad jubilatoria”. Y consideró a las medidas de Bullrich como un “complemento” de los anuncios de Caputo y una “amenaza” para los sectores populares.
“Nosotros consideramos ilegal (el anuncio de Bullrich). En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional. Si la ministra quiere suspender las garantías constitucionales que existen tiene una vía: mandar (la solicitud) al Congreso para que se declare el Estado de sitio”, rechazó Solano. Y amplió que “si no se puede movilizar en la calle, no se puede cortar una vía, el derecho a la manifestación queda directamente abolido” y cuestionó que para definir una medida de esa magnitud “Bullrich no ha pasado por el Congreso. Por lo tanto, ha atropellado la legislación vigente, violando la Constitución Nacional”.
Los dirigentes reiteraron que el 20 de diciembre habrá una manifestación hacia Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con “más de 50 organizaciones convocadas” y que la convocatoria se terminará de definir este viernes en una reunión en la sede de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA.
FUENTE: Mdzonline.