Una de las medidas más controvertidas del nuevo Gobierno de Javier Milei es el anunciado freno en seco de toda la obra pública financiada por el Estado Nacional. Desde el ministerio de Economía se determinó que no habrá nuevas licitaciones y que aquellas que ya hayan sido licitadas pero que aún hayan iniciado su ejecución se las dará de baja.
El plan es bajar el gasto con un ajuste en el sector del 0,7% del PBI. Las obras públicas representan actualmente un 19,4% del Presupuesto Nacional.
Según el Ministerio de Obras Públicas de la gestión de Fernández, que comandaba Gabriel Katopodis, durante el periodo 2019 – 2023 se ejecutaron e las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires 7.267 obras, de las cuales fueron ya finalizadas 4.444, aunque 2.302 continúan en ejecución.
El nuevo secretario de Obras Públicas, Guillermo Ferraro, no dio aún detalles de su plan de acción de gobierno, pero es altamente improbable que todas las obras en marcha continúen si se toman los antecedentes del periodo 2015 – 2019, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, señale que los contratos vigentes se respetarán. Son obras de infraestructura vial, de agua, saneamiento, salud, educación y urbana, entre otras.
Se realizan en las 23 provincias, aunque un 40% de ellas se encuentran en territorio de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que Katopodis acaba de jurar como ministro de Obras Públicas de Axel Kicillof.
Aún en la hipótesis de que todo lo comenzado se termine en tiempo y forma, a medida que pase el tiempo el rubro irá perdiendo fuerza. Serán menos empleados y muchas empresas proveedoras quedarán sin una fuente de ingreso central.
Según el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, con un empleo total es de 550.000 personas en el sector, entre mensualizados y jornalizados, corren riesgo 270.000, que son los que emplea la obra pública de manera directa.
Aunque el programa de gobierno es tentar a la inversión privada para realizar las obras que el país necesita, Weiss aseguró que la inversión privada en la infraestructura de un país nunca excede el 7%. “Se puede llegar a un 15% con distintas modalidades pero el resto es inversión pública, porque el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado”.
Impacto en el sector de la construcción
El sector de la construcción aportó alrededor de un 4% del PBI en 2022, según datos oficiales. Esto implica que un recorte del 0,7% del PBI como el propuesto implica una reducción del 20%. Cierto es que no se dará abruptamente y que es posible que parte de esos recursos se vuelquen a la iniciativa privada, tal como espera el Gobierno.
Aunque el sindicato de la construcción no se pronunció luego de la confirmación del ministro Caputo sobre el tema, la Comisión Directiva Central de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ya había manifestado su preocupación a días del triunfo del presidente Milei. Dijeron que la “incertidumbre provocada por las manifestaciones mediáticas realizadas” por Milei, en relación a políticas de obras públicas ponen en riesgo 220.000 trabajos en el sector, advirtieron sobre el riesgo de quebrar la paz social y llamaron a “la responsabilidad y al diálogo tripartito virtuoso entre gobierno, empresas y trabajadores con el objeto de alcanzar los consensos”.
Fuente: www.mdzol.com