Antes de convalidar si hubo incompatibilidades, el organismo pidió ver los listados propios para cotejarlos con el emitido por Nación. Fue solicitado este miércoles a través de un oficio
La Oficina de Ética Pública de Mendoza pidió analizar uno por uno a los estatales denunciados por cobrar planes sociales. La decisión fue tomada 24 horas después de que el Ejecutivo nacional diese a conocer un listado con 97 personas que presuntamente están en situación irregular: son trabajadores estatales del ámbito local y a la vez reciben el beneficio.
“Se va a chequear uno por uno a todos esos nombres que figuran en el listado, porque cada individuo puede tener una situación particular. Por eso hay que tener en cuenta los detalles y, antes que nada, debe volver a chequearse esa información”, explicó el titular dl organismo, Gabriel Balsells – Miró
Es porque al funcionario, como a parte de la estructura estatal de Mendoza, no le queda claro que la nómina emitida este martes por el ministerio de Capital Humano sea del todo correcta. Este medio ya contó horas atrás que la respuesta oficial desde el Barrio Cívico fue que nada de lo que circula está confirmado y que por lo tanto no pueden ofrecer precisiones al respecto.
“Nosotros no podemos saber si ellos, Nación, han detectado gente en esas condiciones. Son ellos los que tienen que aplicar las (eventuales) suspensiones”, fue la explicación concreta. De esa misma manera está actuando Ética Pública, que no termina de tomar el listado nacional como 100% preciso hasta no haber hecho su propia indagación. Es por eso que avanzó con el pedido para tener una lista elaborada por Casa de Gobierno y a partir de ahí cotejar ambas.
Esto se requirió a través de un oficio este miércoles por la tarde. Normalmente el proceso administrativo toma cerca de diez días; por lo que la documentación llegaría a manos de Balsells – Miró a mediados de enero. Podría haber sumarios administrativos en caso de que se detecten irregularidades, pero en ninguno de los casos eso está confirmado. “Primero tenemos que ver qué dice la documentación oficial”, ratificó el funcionario.
La tarea de la Oficina de Ética
La impresión que tienen en el organismo es que pueden existir errores en la lista que la administración de Javier Milei dejó trascender por estas horas. No descartan que haya equivocaciones o bien desactualizaciones: personas que ya no cobran el plan e igual figuran, o bien que ya no hacen labores para el Estado mendocino. O ninguna de las dos.
La tarea está a cargo de una Oficina de Ética que está levemente diezmada por las vacaciones de enero. Normalmente tienen un número cercano a cinco abogados que tienen a su cargo ese tipo de relevamientos, mientras que en el contexto actual el número se reduce a la mitad, según trascendió.
En el medio, además, tienen en sus manos el manejo de todas las declaraciones juradas de los funcionarios nuevos y de los legisladores que están asumiendo sus bancas. Esto incluye a todos los concejales y empleados de los 18 municipios, cuyas informaciones patrimoniales deben pasar por dominio de la entidad.
Milei suspendió los planes a 97 mendocinos
La novedad llegó este martes, luego de que la provincia remitiera la información solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan desde Buenos Aires. Éste no sólo lleva la investigación por supuestas irregularidades -de las que el Ejecutivo nacional dice haber detectado casi 5.000 en todo el país-, sino que además aportó una base de datos que se usó para entrecruzar información en Capital Humano
Con la confirmación de que estatales mendocinos incurrieron en casos de supuesta incompatibilidad -según la administración Milei-, determinaron que 97 individuos perdieran el beneficio al que accedían a través de Potenciar Trabajo. Siempre siguiendo datos nacionales. Al menos será una medida temporal, ya que el aporte no les fue quitado definitivamente, sino que esos casi 100 fueron suspendidos provisoriamente del sistema.
El Potenciar es el plan social con el que debutó el gobierno de Alberto Fernández. Fue la evolución del programa Hacemos Futuro que había impuesto la gestión de Mauricio Macri y se amplió además a más de un millón de personas. Entre ellos, miles de mendocinos. Otorga $78.000 por mes a cambio de una contraprestación, generalmente relacionada con algún trabajo social.
FUENTE: Diariouno.com.ar