El juez Sebastián Sarmiento resolvió en la tarde de este miércoles que los presos no podrán tener más celulares dentro de las cárceles de Mendoza, debido a que finalizó la emergencia sanitaria que lo permitió en el 2020 por la pandemia de coronavirus.
La única excepción en su resolución fue el caso de las mujeres privadas de su libertad, quienes podrán seguir con celular dentro de los penales para comunicarse con sus hijos.
El planteo surgió a fines del 2023 cuando el 31 de diciembre se terminaba el decreto del ex presidente Alberto Fernández sobre la tenencia autorizada de celulares dentro de los penales debido a la pandemia y el aislamiento social obligatorio, por lo cual los internos no podían recibir visitas.
Ante esto, el juez Sarmiento emitió el primer día de este 2024 una prórroga por 10 días y convocó a una audiencia con diferentes actores sobre el tema quienes expusieron su posición. Solo el Ministerio Público Fiscal y el Servicio Penitenciario se opusieron a la continuidad del beneficio e indicaron que tenía que volver a aplicarse la ley vigente.
En la tarde de este miércoles el juez Sebastián Sarmiento dio su veredicto final. “Rechazar la solicitud planteada por los Defensores y Defensoras Oficiales de la provincia de Mendoza, Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, y disponer la finalización de la autorización para la utilización de telefonía móvil de las personas privadas de libertad en los contextos carcelarios de la provincia de Mendoza”.
“La resolución se centra en que la situación de emergencia sanitaria por pandemia claramente ya no existe. Si bien hay una declaración de emergencia pública, esa tiene otros argumentos, otras fundamentaciones que tienen que ver con una cuestión presupuestaria y de financiamiento. Ya la situación de pandemia o sanitaria no está. Además, la pandemia como emergencia también fue levantada por la Organización Mundial de la Salud”, expresó a Diario UNO el magistrado.
Las mujeres podrán tener celular en la cárcel
En su resolución, el juez Sarmiento indicó: “Hacer lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en los centros de detención que se encuentren alojadas mujeres hasta tanto se adecúen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente”.
Las mujeres recluidas en el penal de El Borbollón serán las únicas autorizadas a tener celulares en su poder.
Al respecto, el magistrado señaló: “El único universo que quedó en protección fue el de las mujeres detenidas porque los parámetros que se tienen que tener en cuenta son mucho más amplios, con una mirada mucho más reforzada respecto al cumplimiento de sus derechos y además tiene consideración el rol“.
“La gran mayoría son madres y hay poco contacto con sus hijos, el sistema de telefonía pública no cumple esos parámetros, muchas veces las mandan a encierro y no alcanzan a llamar a sus hijos luego que vuelan a la escuela o cuando están enfermos o cualquier otras circunstancias, por lo cual hay una situación de desventaja que debe ser reparada. Hasta tanto, no se reglamente o no tengan en consideración esos aspectos, en el caso de ellas van a seguir usando el teléfono”, concluyó
El proceso para retirar los celulares de las cárceles de Mendoza
Actualmente están autorizados 4.224 celulares que están en manos de presos en los diferentes penales de la provincia, los cuales ingresaron por la emergencia sanitaria por la pandemia desde su comienzo en el 2020.
Para Sarmiento, además de finalizada la emergencia, indicó: “Consideré que la reforma estructural de la situación se tiene que resolver a través de una vía legislativa, una discusión mucho más legítima a partir de los representantes de la Legislatura o el Poder Ejecutivo, y ya no por la vía judicial, que es una vía excepcional y que intervino en una situación excepcional”.
Pero para llevar adelante este fallo, dio parámetros de cómo debe realizar el Servicio Penitenciario la retirada de celulares: “Fijar una periodicidad del régimen de visitas de familiares y allegados en los establecimientos penales, con una frecuencia semanal como mínimo“, ya que hasta este momento las visitas se dan cada 15 días, debido a que estaban comunicados con sus familiares y allegados a través del teléfono.
La tenencia de celulares en las cárceles de Mendoza se autorizó durante la pandemia de coronavirus.
“El retiro de los equipos móviles deberá realizarse de manera gradual en un plazo no inferior a los seis meses, estableciendo un mecanismo de trazabilidad y seguimiento adecuado para permitir a los familiares de las personas privadas de la libertad retirar dichos equipos del ámbito penitenciario“, es otro de los puntos planteados por el juez penal.
Además, el Servicio Penitenciario debe “notificar con una anticipación no inferior a 30 días a las personas detenidas de los sectores de alojamiento en el que se procederá al retiro de los equipos”.
Debido a que los teléfonos públicos o semipúblicos ya casi no existen, Sarmiento indicó: “Solo podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares en los sectores de alojamiento donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de telefonía pública debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario”.
En este sentido, agregó: “Instalar en cada establecimiento carcelario de manera complementaria a los sistemas de telefonía pública, equipos para videollamadas, videoconferencia y/o plataformas de comunicación, destinadas para el contacto en situaciones de emergencia familiar y el contacto de los detenidos con sus defensores y asesores jurídicos, en una proporción mínima de un equipo cada doscientas personas detenidas“.
Fuente: www.diariouno.com.ar