El Banco Central no renovó el cupo para financiar el pago de haberes del personal docente y no docente de por lo menos 20 instituciones nacionales.
Luego de sacar el paquete fiscal de la ley ómnibus, la administración de Javier Milei empezó con su plan de ajuste para llegar a su objetivo que es terminar el año con déficit cero. Entre otras medidas, la Casa Rosada restringió el adelanto de fondos para el pago de haberes del personal docente y no docente de unas 20 universidades nacionales, entre otros empleados públicos.
En concreto, el Banco de la Nación Argentina comunicó que no podrá adelantar el pago de esos salarios, que recién estarán acreditados en las cuentas de los trabajadores una vez que el Tesoro General de la Nación realice la transferencia de las partidas correspondientes.
Ocurre porque el Banco Central no prorrogó una excepción financiera de octubre de 2019, que se renovó año a año y vence este miércoles. Esa medida permitía a los sectores públicos no financieros –varios organismos del Estado– acceder a adelantos transitorios para financiar el pago de haberes.
En otras palabras, los bancos podían anticipar el dinero a las instituciones, que luego se cubría al recibir el giro del Tesoro.
La consecuencia directa de esa decisión fue la suspensión del mecanismo habitual que permitía que los trabajadores cobrasen el primer día hábil de cada mes, aunque esa transferencia no se hubiera concretado. Con este cambio, ahora los empleados deberán esperar para percibir sus salarios, que se pagarán antes del 10 de febrero.
La decisión gubernamental provocará el incumplimiento de convenios firmados con unas 20 universidades nacionales (San Juan, San Luis, Río Cuarto, Rosario, La Plata, José C. Paz y De las Artes, entre otras). Desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en cambio, aseguraron que la medida no la afecta, por lo tanto los salarios de sus empleados serán abonados en las fechas habituales.
Preocupación y rechazo
Las universidades afectadas expresaron su preocupación y rechazo ante la novedad que no afecta únicamente a las casas de estudio, sino también a empleados de otros organismos públicos, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El encargado de realizar los adelantos es el Banco Nación, que por pedido del Gobierno nacional, decidió no renovar la extensión de los giros para el pago de haberes estatales. Desde 2019 y por una normativa del Banco Central, el ente financiero es el responsable de renovar año a año esta norma que permite a las universidades o entidades públicas recibir partidas presupuestarias para abonar los sueldos de sus empleados.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue la primera entidad en dar a conocer su postura: “A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuesta por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria. Por tanto, informamos que el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia. Seguiremos realizando en los próximos días todas las gestiones que resulten necesarias para que esta medida que afecta a nuestros trabajadores se revierta”.
El rectorado de la Universidad Nacional de San Luis también informó que, de no revertirse la situación, no podrán abonar los sueldos en la fecha que solían hacerlo habitualmente. “Fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero), de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero (cláusula VIII del convenio). Esta cláusula permitía que la UNSL pudiera abonar los salarios los últimos días de cada mes, esperando el banco hasta el día que se acreditara fehacientemente ese dinero para el débito total. Esto llevo a que fuera política de esta administración que, en todos los meses, se cobrara los 29, 30 o 31 del mes que finalizaba; y efectivamente el Ministerio de Economía giraba los fondos el tercer día hábil del mes posterior al pago. Existiendo un desfase de cuatro o cinco días corridos entre efectivo pago y acreditación”, informaron al diario La Nación.
Ante este panorama, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se pronunció al respecto y les exigió el Ejecutivo el pago de los salarios a todos los profesores universitarios.
“Con esta medida, el Gobierno somete a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público a la incertidumbre respecto del cobro de sus sueldos, agravio que se suma en las universidades a la situación de atraso salarial y congelamiento presupuestario que, en un contexto de altísima inflación, solo acelera un conflicto que la falta dé respuesta de las autoridades nacionales no hace otra cosa que profundizar”, afirmaron desde Conadu.
El aviso del gobierno nacional
El pasado martes, en sus clásicas conferencias diarias, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó que el Banco Central no iba a extender la autorización para que las provincias puedan endeudarse para hacerle frente a necesidades diarias.
Lo que no explicó Adorni en su mensaje es que esa normativa no solo afectaba a las provincias, sino que también a los bancos provinciales, Banco Nación o entidades financieras.
El viernes de la semana pasada en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo en su anuncio de la eliminación del capítulo fiscal enfatizó que por esa decisión, el gobierno pondrá en marcha “un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias“.
La puesta en marcha de esta medida no cayó para nada bien tanto en las provincias como en las instituciones nacionales ya que con el corte de los adelantos de fondos, estos no podrán pagar los sueldos estatales a tiempo y deberán buscar otras alternativas.
FUENTE: Elsol.com.ar