Se trata de ediles que, mantienen contacto con el exintendente Daniel Orozco Y pertenecían a La Unión Mendocina, pero tras la derrota electoral decidieron volver al oficialismo.
Francisco Lo Presti asumió como intendente de Las Heras el pasado 11 de diciembre y en su primer mes al mando del municipio dio de baja cerca de 700 contratos. En su intento por reconstruir económica y administrativamente la comuna, detectó que más de 200 empleados de planta permanente no asistieron a trabajar desde que comenzó su gestión sin presentar ningún tipo justificación y, por ende, ordenó la apertura de sumario a estas personas.
Sin embargo, la medida generó una reacción adversa de algunos dirigentes de Cambia Mendoza de ese departamento, que le solicitaron al jefe comunal que no continúe con el proceso administrativo de algunos empleados.
El pedido viene de parte de algunos de los concejales que pertenecían a La Unión Mendocina y que volvieron a CM por de las diferencias que mantuvieron con el exitendente Daniel Orozco y la actual diputada provincial Janina Ortiz. A pesar de los encontronazos, algunos ediles siguen manteniendo contactos con la pareja.
En su momento, los concejales Laura Fernández, Miguel Juárez, Viviana Riquelme, Priscila Maturano, Eduardo González y Alberto Guajardo decidieron acompañar a Orozco en su aventura de ser el compañero de fórmula de Omar De Marchi para la gobernación.
Pero días previos a las elecciones departamentales y provinciales, Fernández fue la primera en pegar el portazo y decidió volver a CM. Ya con la victoria de Lo Presti en Las Heras y de Alfredo Cornejo en la provincia, el resto de los concejales decidieron que no querían ser “oposición” y prefirieron mantenerse en el nuevo “oficialismo”.
La convivencia entre los dirigentes de CM y los “exs” LAUM se encuentra en buenos términos, pero por pedidos de esta índole se han producido algunas diferencias dentro del oficialismo municipal. En el radicalismo, sospechan que quienes estarían detrás de estas peticiones son el mismo Orozco y Ortiz.
“Cuando asumimos vimos que la situación de personal municipal era gravísimo. Hay gente que nunca venía a cumplir funciones y gente fantasma que cobraba contratos y nadie la conocía. También encontramos irregularidades en decenas de contrataciones o en pases a plantas”, afirmó en reserva un funcionario de Las Heras.
Retomando con las más de 200 aperturas de sumarios, se trata de personas que comenzaron a trabajar durante el primer y segundo mandato de Orozco al frente de la comuna. Pero desde que asumió Lo Presti, no se han presentado a trabajar.
Algunos de los empleados cuentan con más de 20 faltas consecutivas injustificadas y hay casos en los que llegan hasta 40. Casi en su totalidad pertenecían a la Secretaría de Gobierno que estaba a cargo de Ortiz. Otros casos corresponden a la secretaría de Obras Pública, que tuvo a Martín Bustos como responsable en el último tramo de la gestión, antes de que se alejara de su “padre político”, Orozco.
“La respuesta que hemos tenido es que ‘no sabíamos que teníamos que volver a trabajar´ o que nosotros los teníamos que llamar para que vinieran a cumplir con sus horas laborales”, deslizaron desde la comuna.
En cuanto a los pedidos, desde el municipio detallaron que algunos sumariados son familiares, personas cercanas o que por tener un problema económico o familiar, miembros “oficialistas” han solicitado que se detenga el sumario administrativo.
“Nosotros estamos firmes en que no vamos a ceder ante ningún pedido. Ya lo dijimos en campaña que venimos a ordenar el municipio y a devolverle los servicios de Las Heras. Voy a parafrasear un dirigente nacional, dentro de la ley, todo por fuera nada”, enfatizó el funcionario.
La apertura de sumario se aplica solamente a empleados de planta permanente que cometan alguna causa que lleve a realizar este trámite administrativo, en esta ocasión, faltas consecutivas injustificadas. En caso de que el equipo de Legal y Técnica crea que el empleador no pueda justificar su accionar, se inicia el proceso de sumario y tiene que estar avalado por el intendente.
En caso de que el Legal y Técnica justifique el incumplimiento laboral del empleado, la causa pasa a la Justicia provincial, quien tendrá la última palabra. Durante todo el proceso administrativo, los “sumariados” podrán presentar pruebas y defenderse.
FUENTE: Elsol.com.ar