Crecen los reclamos y la crisis agudiza las repercusiones. Piden a los municipios hacerse cargo de la policía vial y exigen más rigor a la Justicia. Hubo 10 homicidios, con una fuerte onda expansiva.
“Es un mes de trabajo perdido”, dice la víctima. Fue un minuto de descuido, un robo exprés y chau celular. Medio millón de pesos que se esfumaron en manos de un ladrón oportunista; irrecuperable. “No hay forma de que lo pueda comprar de nuevo”; dice el hombre. El ejemplo es trivial al lado de los casos dramáticos que se viven en Mendoza, pero sirve para graficar cómo la crisis amplifica las consecuencias. El costado más duro de esto lo sufrieron las víctimas de delitos violentos, como Norma Di María, una mujer de 80 años que murió de un infarto luego de ser asaltada violentamente en su vivienda.
Desde hace algunos años las principales preocupaciones de los mendocinos tienen como foco los problemas económicos. Pero hay un reclamo constante que crece y que, ahora, se potencia por la crisis económica: la inseguridad; un problema que afecta la vida cotidiana de manera enorme, al punto de modificar hábitos, modos de convivencia y la vida cotidiana. En la última encuesta de monitoreo sobre el humor social realizado por la consultora Reale Dalla Torre la inseguridad figura como la segunda preocupación más recurrente de los argentinos.
En el Gobierno creen, justamente, que los problemas económicos agravarán la repercusión de los delitos. En el mismo oficialismo hay quienes muestran preocupación por el enero violento que pasó, pero buscan dar muestras de tranquilidad. Hubo 10 homicidios en el inicio del 2024 y algunos con una onda expansiva enorme.
El asesinato de un hincha de Gimnasia, por ejemplo, ocurrió durante la tarde en el parque General San Martín, el principal espacio público de Mendoza, y con miles de personas que pasan por el lugar. Ese hecho tiene un llamado de atención extra porque la violencia que rodea al fútbol en Mendoza crece. Hace dos semanas hubo enfrentamientos, corridas y disparos cruzados entre barras de Independiente Rivadavia, también en el parque San Martín y en zonas concurridas. En esa misma cancha ya hubo muertos (un hincha fue asesinado en 2022) y manifestaciones de “poder” de la barra que asustan: un “velorio” copando la cancha por el asesinato de un barra, hombres armados en los alrededores y hasta aprietes. Esa violencia ocurre como ajustes de cuenta, pero repercute con mayor fuerza porque genera inseguridad en los alrededores. Mendoza tiene 4 equipos en las ligas más importantes y la pericia para gestionar la seguridad se pone a prueba. Más aún por la cercanía emocional que tienen muchos dirigentes políticos y empresarios con Godoy Cruz, Independiente, Gimnasia y Maipú. En los cuatro equipos hay referentes de mucha influencia que son parte de las gestiones y se reúnen en las plateas para ver los partidos.
El contexto
Desde el Gobierno, que va camino a los 12 años, defienden lo hecho con datos estadísticos que ilustran una parte de la realidad. En ese período de tiempo hubo un descenso de los delitos violentos, pero saben que con eso no alcanza incluso porque hay delitos que crecen, como los robos. Justamente Cornejo apuntó como uno de los objetivos abordar el problema de los “delitos urbanos” que son menores en cuanto las penas, pero que inquietan más en la comunidad. Incluso, analizan, el impacto es mayor por la crisis, ya que reponer un objeto robado hoy es mucho más costoso.
El tema permeó en la convivencia política entre pares, pues también afloraron la falta de coordinación y de “uniformidad” en el enfoque del problema entre los intendentes. Es que, por ejemplo, alcanza con cruzar una calle para notarlo. Si un delincuente roba en Capital, podría ser alertado a través de “ojos en alerta”, con la gestión de preventores municipales. Pero, con solo cruzar la calle ese sistema quedará fuera de eje si llega a Godoy Cruz o Las Heras, que tienen miradas distintas.
Capital invierte en su propia guardia con móviles, recursos y personal. Tiene la dificultad de ser una ciudad “receptora” de un millón de personas por día, aunque viven muchas menos. En Godoy Cruz, por el contrario, creen innecesario que haya una guardia urbana y eligen contratar policías y le pagan al Ministerio de Seguridad para que refuerce sectores con servicios extraordinarios. Como sea, los intendentes se ponen de acuerdo rápidamente para obras casi decorativas, pero no para temas de fondo. “Es la provincia la única responsable de la seguridad y los municipios pueden colaborar. Hay una sola policía”, resumen en el Gobierno para tratar de eliminar controversias. “No hay conflicto, cada intendente tiene su impronta, pero hay convivencia.
La ley le da un rol lateral, secundario a los intendentes y municipios. Esa norma creó los consejos de seguridad departamentales, que hoy quedaron obsoletos y vaciados de contenido. Mendoza tiene con las comunas un desfasaje funcional: han concentrado recursos, pero pocas funciones y obligaciones. Siguen de manera lateral la carga en educación, salud y seguridad.
Con Cornejo y Mercedes Rus a la cabeza desde el gobierno tratan de separar responsabilidades. “La policía es una. Los municipios tienen que colaborar con planificación, urbanismo y servicios en función de la seguridad”, explican. Pero hay un reclamo más potente. Quieren que de manera definitiva los intendentes se hagan cargo de los controles viales, como indica la ley, para desobligar a los policías de controlar calles y rutas. Por eso, Cornejo aumentará el rigor para exigirle eso a los intendentes y que la policía vial se dedique a la seguridad general.
Pero además gran parte de las estructuras de la ley quedaron marginadas y sin influencia. Ocurre con los foros, pero también con la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, que no fue conformada y en los últimos años no tuvo trascendencia. O la Inspección General de Seguridad, que desde hace años es manejada por referentes del oficialismo que no cuestionan la gestión.
El mismo rigor con el que intentan evitar la dispersión en los municipios aplican para desalentar la idea de problemas internos. “Categóricamente decimos que no hay conflictos internos con la policía. Hay respuesta a cada demanda, a cada orden y decisión política. La policía está trabajando correctamente”, aseguran. La idea de malestar vuelve a ser sembrada por la llamada “familia policial”, que está agrupada en una mutual.
La pereza institucional para que los reclamos tomen esa vía le abre el juego a apariciones individuales que hacen mella. Es lo que ocurre con las “cápsulas” comunicacionales del Partido Verde. En el propio oficialismo hay quienes se quejan internamente porque creen que fue Cambia Mendoza quien le dio impulso. También hay una novedad: la participación política de expolicías. Francisco Javier “Pancho” Cordón fue subcomisario y ahora es concejal, justamente del Partido Verde. El acceso a información que le puedan dar sus “camaradas” y también la historia propia que arrastre inquieta, incomoda.
En datos
Mendoza tiene, según datos del Ministerio de Seguridad, 9.500 policías activos. Eso no implica que estén todos en la calle, pues hay turnos, licencias, cambio de funciones y otras contingencias que bajan la carga. A pesar de la demanda, el número no crece. Según explican en el Gobierno, hay postulantes. Pero menos del 20% de todos los que se inscriben, llegan a convertirse en auxiliares, es decir, policías de calle.
La política de Estado de Seguridad fue uno de los hechos más trascendentes de la historia democrática en Mendoza, pues eliminó las revueltas y la “maldita policía” que tenía en Mendoza dolorosos antecedentes por homicidios y desapariciones, entre otras cosas. No hubo actualización e, incluso, los partidos políticos dejaron de formar especialistas en el tema.
En el Gobierno creen que no es necesario una reforma profunda de las leyes 6.721 y 6.722, pero sí creen que es necesario jerarquizar algunas áreas nuevas de la policía. Por eso celebran los cambios aprobados para permitir “agentes encubiertos” virtuales. Hoy, estiman, gran parte de los delitos planificados tienen una génesis virtual. La exposición individual y grupal en las redes ha generado nuevas vulnerabilidades y a eso apuntan. La policía tiene “agentes” formales e informales, algunos de los cuales les paga con los casi 100 millones de pesos de gastos reservados. El éxito de los “buchones” ha sido muy relativo. Por eso, creen, es importante apostar a la profesionalización y tecnificación.
Cornejo tiene en su diagnóstico que los delitos que más impactan en el humor social son los que más van a crecer: robos, hurtos, compra y venta de mercaderías robadas. En el Ministerio de Justicia y Seguridad hay una creciente tensión con un sector de la justicia, particularmente con los jueces de garantías. Creen que hay un “excesivo” para no avanzar con acusaciones más graves por los robos menores, como lo que ocurre con los cables, medidores y otros elementos. La intención del Ministerio Público Fiscal y el Gobierno es que las personas que incurren en esos delitos, como también en la compra de elementos robados, queden imputados y apresados como “partícipes” y no como encubridores, por citar un ejemplo. “Entendemos la visión académica de algunos jueces. Pero en la realidad hace falta más apego a lo que pasa en la calle. Hay un sector de la justicia que tiene que estar a la altura”, reclaman en el Ejecutivo.
En el oficialismo consideran una victoria policía y cultural la idea de “penar la reiterancia” (por la que se puede apresar a personas que tienen más de una imputación por el mismo delito), medida que ha sumado detenciones de todo tipo, entre ellos dirigentes políticos que están presos. Mendoza suma casi 6 mil presos y las nuevas cárceles ya “nacen” saturadas. El problema es que la provincia aún no tiene definido qué quiere hacer con las personas privadas de la libertad, pues la mayoría no tiene actividad más allá de su reclusión.
FUENTE: MDZonline.