La amplia reforma de Salud que pretende implementar Alfredo Cornejo no es otra cosa que fortalecer el sistema ante la avalancha de pacientes que sin poder pagar una obra social o una prepaga ya acuden a un hospital o un centro de salud. Una forma de hacerlo es dejar de costear aquellos gastos en atención y en personal que podrían evitarse y que hoy salen de las mismas arcas del ministerio.
Por eso a nadie debería sorprenderle que en esa ambiciosa reforma haya incluido la Ley de cobro de prestaciones a conductores alcoholizados, que terminen accidentados y requieran varios días de internación e incluso operaciones en un hospital público.
“El objetivo final no es recaudatorio, lo que queremos es que funcione como una alerta para que eso no pase“, comenzó explicando el ministro de Salud, Rodolfo Montero, alma máter del plan de reforma.
Según el funcionario, hoy el Estado mendocino invierte en promedio $15 millones en un accidentado vial que termina politraumatizado y que requiere de una asistencia media de entre 10 y 12 días de internación con un intervención quirúrgica.
Lo que pretenden ahora es que aquel que se compruebe que haya ido manejando ebrio y por tanto haya cometido esa falta de tránsito y requiera de esa atención hospitalaria y no tenga obra social, tenga que pagar por los servicios que recibió.
“La idea es que esa persona a la que se le comprobó que provocó un accidente estando ebrio cuando reciba el alta médica se le entregue la factura de los costos que generó. Si tiene obra social será la que afrontará los costos, si no lo deberá pagar la persona. Él puso en riesgo a otras personas con su manejo irresponsable y los mendocinos no tienen por qué pagarle la atención médica gratuita”, amplió.
También irán contra los que se resistan a vacunarse
El proyecto no sólo hace foco en los conductores ebrios, implementará la misma lógica con quienes requieran la misma atención y se compruebe que no tienen completo el esquema de vacunación que es gratuito y obligatorio.
“Hay quienes se resisten a vacunar a los chicos y hay una ley nacional que lo exige. Esa persona no sólo pone en riesgo la salud de su hijo sino también del entorno. Pongamos de ejemplo el sarampión, que es tres veces más contagioso que el Covid, si alguien no se vacuna el riesgo es para todos”, ejemplificó Montero.
Para el ministerio es clave insistir en esa vacunación contra el sarampión porque el hecho de que se detecte un solo caso ya anticipa un brote.
Otra situación que están detectando en la cartera de Salud es que hay varios adultos mayores que se resisten a colocarse la vacuna del neumococo y que más tarde caen a un hospital con severos casos de neumonías e internados en terapia intensiva.
“No corresponde que el Estado cubra con sus recursos de personal y de infraestructura a una persona que deliberadamente no cumpla con una obligación y viole la ley”, recalcó Montero.
Fuente: www.diariouno.com.ar