“Es un tremendo papelón”. Así definen en los Tribunales provinciales las idas y vueltas del Consejo de la Magistratura, que luego de tomar la polémica decisión de disolver a la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución y Faltas, ahora dio marcha atrás con esa medida y, en lugar de remover a la totalidad de sus integrantes, solicitó que sean reconfirmados por sus respectivos estamentos.
“Sustituir lo decidido por el Consejo en el Acta 14/23 respecto de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, de Ejecución Penal y Faltas y, en su lugar, requerir a los diversos órganos y estamentos… que en el plazo de cinco días de notificados del presente, manifiesten ante este Consejo de la Magistratura, si ratifican a los miembros representantes titulares y suplentes de cada uno de dichos estamentos en su defecto nominen nuevos miembros representantes titulares y/o suplentes para integrar la Comisión Asesora para la Justicia Penal, de Ejecución Penal y Faltas”, afirma el artículo 1 de la resolución.
Fuentes judiciales tienen dos convicciones: por un lado, que detrás de la medida con la que se intentó frenar el escándalo estuvieron la ministra de la Suprema Corte, María Teresa Day, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino; y por el otro, que todos los integrantes actuales de la Comisión serán ratificados.
Day, representante de la SCJM en el Consejo, había quedado en el centro de las críticas por parte del resto de otros ministros del alto tribunal, quienes no fueron informados ni consultados previamente sobre la drástica decisión de disolver a la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución y Faltas. También D’Agostino, sindicado como operador judicial del Ejecutivo, fue cuestionado por no advertir sobre los coletazos de la medida. Lo cierto es que ambos quedaron debilitados políticamente y su futuro en el Consejo de la Magistratura pende de un hilo.
Otro consejero golpeado por el papelón es Fernando Guzzo, jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, que también había avalado la remoción de la comisión evaluadora. En concreto, lo acusan de intervenir en el concurso cuestionado cuando “éticamente le estaba vedado hacerlo“ ya que su pareja fue una de las participantes.
Cronología del escándalo
A principios de julio, la determinación de disolver a la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución y Faltas se adoptó a partir de un planteo hecho por el diputado José Luis Ramón, que denunció presuntas irregularidades en los exámenes para un cargo de fiscal de Instrucción, que supuestamente no se habían apegado al reglamento.
Posteriormente, el Consejo de la Magistratura resolvió “por unanimidad” la remoción de todos los integrantes de la comisión, incluidos los suplentes. La eliminación se produjo prácticamente de facto, sin posibilidad de descargo ni explicación, y generó revuelo en Tribunales.
Inmediatamente un grupo de jueces, fiscales, defensores oficiales y abogados que integran la Comisión presentó un recurso de reconsideración al Consejo de la Magistratura. Indicaron que decisión fue “arbitraria” y tiene “vicios groseros”, y reclamaron que esa decisión quedara sin efecto.
Ante la fuerte presión, el Consejo de la Magistratura emitió una nueva resolución donde expresa “el más profundo reconocimiento a la labor y compromiso demostrados” por los integrantes de la Comisión. De todas maneras, advierte que existieron “situaciones donde no habría existido una estricta adecuación a aquellas reglas preestablecidas por la normativa aplicable”.
Sin embargo, para ponerle fin a la polémica, dejó en manos de los diferentes órganos y estamentos con representación en la Comisión Asesora para la Justicia Penal la decisión de confirmar o no a sus integrantes.
Fuente: www.elsol.com.ar