A comienzos del año pasado, una cuenta de Facebook puso en marcha una campaña de desprestigio, fuertes escraches y hasta amenazas contra la actual fiscal en jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler. Por aquellos días, estaba al frente de Violencia de Género y el caso generó preocupación en la Procuración.
Desde el perfil se publicaron fotografías familiares, datos personales y hasta las redes sociales de la representante del Ministerio Público. Incluso, el usuario llegó a incentivar a sus seguidores a cometer “alguna maldad” contra la funcionaria. Las publicaciones se extendieron durante varios meses y motivaron una investigación penal en la que tomó intervención la entonces fiscal Correccional Gabriela García Cobos (pasó hace poco a Delitos Económicos).
Gracias a un análisis de líneas telefónicas a través de las cuales se cometieron algunas de las maniobras intimidatorias contra la fiscal, se logró identificar al presunto autor como el venezolano Ernesto Luis Millán García.
Se trata de un extranjero que se encuentra en prisión imputado en causas de violencia de género, en las que fue denunciado en 2021 por su ex pareja. Justamente, en esos procesos tuvo intervención Chaler, cuando estaba al frente de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.
Pero eso no es todo, ya que tiene causa por abuso sexual, detallaron fuentes judiciales, y los expedientes fueron recientemente elevados a juicio y uno de los jueces que formará el Tribunal Penal Colegiado a cargo del debate es Luis Correa Llanos, esposo de fiscal que fue blanco de las amenazas. De todas formas, es más que probable que sea recusado o se inhiba y no participe del proceso.
Lo cierto es que, a raíz de las pruebas recolectadas, hace pocos días, el viernes, personal policial de la División Delitos Económicos, dependiente de Investigaciones, desarrolló un allanamiento en la celda de Millán García en el Complejo Penitenciario San Felipe.
Los elementos hallados en el procedimiento serán peritados y García Cobos aguarda por el resultado de esos análisis para definir la situación procesal de Millán García. Fuentes judiciales y policiales señalaron que “su situación es complicada” y que podría ser imputado en las próximas horas.
Los posteos
De acuerdo con la investigación, las publicaciones contra Chaler aparecieron la citada red social en febrero del año pasado, en las que el acusado compartió la cuenta de Instagram de Chaler y también sus datos personales, tales como nombre completo y CUIT. Uno de esos posteos estuvo acompañado por la frase: “Por si tienen ganas de activar algún chip o hacer alguna maldad”.
Pero el sospechoso no sólo compartía esa información o hacía escraches en su perfil, sino que también solía comentar publicaciones de diarios digitales. “Hasta acá llegaste Chaler, la gente te quiere afuera y más vale que empieces a arreglar todas las cagadas que te has mandado y dejes de mandarte cagadas porque vamos a publicar toda la info de tus hermanos e hijos”, sostenía el usuario en un extenso cometario.
De acuerdo con la instrucción, estas publicaciones estaban directamente relacionadas con un grupo de internos que aseguraban que se encontraban detenidos “injustamente y sin pruebas” por delitos de violencia de género.
Iniciaron huelgas de hambre porque, sostenían, no se incorporaban evidencias suficientes para solicitar una prisión preventiva. Sin embargo, a la hora de las audiencias por la medida cautelar, las causas avanzaban porque los jueces entendían que para esa etapa del proceso correspondía que los sospechosos continuaran tras las rejas.
Debido a los reclamos que intentaban instalar en la agenda diaria, desde el Ministerio Público salieron a aclarar la situación de los detenidos por maltratos a mujeres con estadísticas. Desde la Procuración detallaron que, sólo en el 2022, del total de trasladados a la penitenciaría por estos delitos, el 59 por ciento eran considerados “reincidentes”, es decir, que ya presentaban denuncias o condenas por hechos de violencia de género.
Básicamente, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado explicando que el citado año ingresaron 8.783 causas por violencia de género. Los fiscales que integran esa Unidad Fiscal resolvieron que 667 varones debían estar privados de la libertad, lo que representaba el 7,59 por ciento de la masa de denunciados. Con estas cifras, el 59 por ciento ya había cometido este tipo de delitos.
El informe del MPF agregó que “la detención del imputado se sustenta en informes técnicos de contenido científico que realizan profesionales de la salud mental (psicología y psiquiatría) del E.P.I. (Equipo de Profesionales Interdisciplinario). Dichos informes se elaboran en base a estándares de evaluación internacionales, arrojando el riesgo que corre la víctima de sufrir nuevamente hechos de violencia. Sin perjuicio de las pruebas obrantes en el expediente (declaraciones testimoniales, procedimiento policial, informe de lesiones del Cuerpo Médico Forense) si del informe del EPI surge que el riesgo es alto o moderado el imputado podrá ser detenido a fin de garantizar la integridad física de la mujer”.
Y finalizó: “En ningún caso transcurren más de 10 días desde la detención hasta la realización de la audiencia de prisión preventiva ante el juez Penal Colegiado que es quien ratifica o no la detención. Ello, en concordancia con lo establecido por el CPP (Código Procesal Penal de Mendoza). En esa audiencia de prisión preventiva, es un juez quien debe evaluar las pruebas reunidas por el fiscal y de acuerdo con el estándar probatorio reunido es ese mismo juez el que dispone o no la prisión preventiva del imputado, no siendo decisión del fiscal el mantenimiento de la detención. Se hace saber que tanto las/los fiscales y jueces de la Provincia se basan en normas y convenciones internacionales para sus investigaciones y decisiones procesales a las cuales nuestro país ha adherido en nuestra Carta Magna”.
Fuente: www.elsol.com.ar