Ayer ingresó a escribanía de minas el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental. En un mismo expediente se tramitarán cientos de permisos de exploración
Es un área tan extensa que podría ser el segundo departamento más grande de Mendoza y allí está guardado lo que el Gobierno de Mendoza considera parte del futuro productivo de Mendoza: cobre y subsidiariamente oro y plata. Se trata Distrito Malargüe Occidental, el mega proyecto de exploración minera que el Gobierno presentó a través de la empresa estatal Impulsa Mendoza y por el que se buscan aprobar más de 200 proyectos de exploración en simultáneo, con la idea de simplificar y acelerar los procesos que regulan la actividad en Mendoza. Es la maniobra más osada dentro del plan de promoción de la minería que ejecuta Alfredo Cornejo, pues luego de pasar por los filtros y exigencias ambientales, pasará una sola vez por la Legislatura para cumplir la ley 7722.
Alfredo Cornejo anunció la presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental en Malargüe. El expediente ingresó por la Dirección de Minería, pero también debe actuar la Dirección de Protección Ambiental. En el nuevo gobierno, ambas reparticiones están bajo la misma órbita, pues se fusionaron las áreas. El proceso de aprobación ex extenso porque hay reglamentaciones profundas que lo regulan: la ley 5961 y su reglamento, el Decreto 820 y la ley 7722. Esos procesos incluyen una audiencia pública, mecanismo que en los últimos tiempos ha quedado devaluado por la baja participación. Las leyes exigen que haya un presentante y garante. En este caso es la empresa Impulsa Mendoza, la firma estatal creada como heredera de Potasio Río Colorado y que con el nuevo Código de Procedimientos Mineros tendrá un rol clave como “pivote” de la actividad: allí recaerán las propiedades a adjudicar.
En el área hay varios “pórfidos” ya conocidos, es decir zonas que geológicamente identificadas con potencial en cobre. En esa lista están Las Choicas, Elisa, El destino, El perdido, Cierra azul, El seguro y muchas más. Ingresarían unas 36 minas y 19 manifestaciones vigentes, 42 cateos y al menos 24 manifestaciones y12 minas vacantes. De las propiedades activas, hay 20 en etapa de exploración temprana y 88 en prospección, es decir en las primeras etapas de la minería. Del terreno conocido, hay 82 áreas con alta probabilidad de mineralización metalífera, concentradas en algo menos de 300 kilómetros cuadrados. Pero esa es la información previa. Por el parate de la actividad, no hubo exploración e investigación por muchos años. Por eso creen que los números podrían ampliarse en poco tiempo.
Malargüe es un territorio con una riqueza enorme en recursos naturales, incluidos el petróleo, la minería y las reservas de agua. Justamente cuando se superponen los mapas, puede haber competencia. Para el Distrito Minero se tuvieron en cuenta esas distintas “capas” de intereses y se remapeó la zona según potenciales, riesgos y zonas intangibles. Como si fuera un semáforo, hay zonas en verde, otras amarillas por la precaución y también en rojo.
El camino
El camino para concretar el mega proyecto minero impulsado por el Gobierno es extenso. La ley 5961 exige que la Manifestación de Impacto Ambiental cumpla una serie de requisitos técnicos que, por el alcance de ese proyecto, también serán más complejos. Al informe ambiental que se presentó, deben adjuntarle un informe técnico de alguna universidad u organismo científico. Luego, la DPA y Minería deben solicitar los informes sectoriales correspondientes donde se incluye desde Irrigación, hasta el municipio, el IANIGLA y, si creen que corresponde, a municipios vecinos. Toda la información es sometida a audiencia pública y recién allí se puede dictar la Declaración de Impacto Ambiental.
Ese es el documento que debe enviarse a la Legislatura, como indica la ley 7722. Esa norma establece que la DIA de cualquier procedimiento minero debe ser ratificado por ley. En este caso será una sola DIA que contendrá cientos de proyectos. La justificación es que todos comparten ambiente, intereses y logística.
La sanción de la DIA no implicaría en principio autorización automática para las empresas. Luego, cada propietario debería iniciar su propio proyecto de exploración, pero por una vía más corta: el aviso de proyecto. En ese caso también deben explicar lo que van a hacer y cómo, con exigencias técnicas, ambientales e informes. Pero no se obliga a que haya audiencia pública y, sobre todo, ratificación legislativa. Darían por cumplido el requisito de la 7722. Esos avisos de proyecto servirían solo para la etapa de exploración. Si algún proyecto minero avanza hacia la explotación, sí debería realizar todo el proceso exigido por las leyes.
El plan de Cornejo incluye la modificación del Código de Procedimientos mineros, ley que fue aprobada pero aún no es promulgada. Por eso el Distrito Minero Malargüe ingresó a la vieja usanza.
El Gobierno busca reimpulsar la minería como política de Estado, pero aprovechando la ventana de oportunidad que ven por la demanda de cobre y el potencial geológico que hay en Mendoza. Para evitar conflictos, por ahora la promoción se restringe e Malargüe. Ya hay cuatro proyectos “junior” de exploración en ejecución. Se trata de Cerro Amarillo, El Burrero, Las Choicas y La Adriana. Cornejo seguirá con su raid pro minero en San Juan, donde a fin de mes formalizará el ingreso de Mendoza a la Mesa del Cobre.
FUENTE: MDZonline.