Son lotes y viviendas sin dueños por muerte de sus propietarios y ausencia de herederos. También apuntan a cajas de seguridad, plazos fijos y cajas de ahorro inactivos.
La DGE apura una ley para que cuarenta lotes y propiedades sin dueño, considerados por la Justicia Civil como herencias vacantes, sean subastados con el objetivo de invertir la recaudación en la ampliación y el equipamiento de edificios escolares.
La iniciativa, que ingresó por la Cámara de Diputados, también incluye -explicó Daniela García, Jefa de Gabinete de la DGE- cajas de seguridad bancarias, plazos fijos y cajas de ahorro que estén inactivos tras la muerte del titular y sin herederos, previa comprobación judicial.
Los cuarenta lotes y propiedades sin dueño que pasaron a manos del Estado provincial están ubicados en departamentos del Gran Mendoza y en zonas del Valle de Uco.
Algunas de las edificaciones no están en óptimas condiciones de habitabilidad, por lo cual la DGE descarta que sean utilizadas como sedes educativas. En el caso de los terrenos se impone la imposibilidad de construir, por lo cual pasarán a ser rematados.
García explicó que quienes colaboren denunciando la existencia de propiedades desocupadas sin herederos ni titulares podrán acceder al 15% del importe de lo recaudado.
Cómo llegan estos bienes sin dueños a manos del Estado
La pretensión del gobierno escolar tiene como referencia tres listados que registran con detalles cada uno de los bienes considerados por la Justicia como herencias vacantes.
Las nóminas pertenecen a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE, al Honorable Consejo Administrativo de la Educación Pública y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Cada vez que un bien privado es declarado como herencia vacante, el Estado provincial se hace parte del proceso judicial para tomar posesión, generalmente mediante contratos de comodato o préstamo.
El objetivo es generar un recurso económico invertible en vez de permitir que esos bienes se deprecien definitivamente o sean usurpados.
Los antecedentes inmediatos en esta materia son la Ley de Extinción de Dominio de 2019 y su reciente modificación que habilitaron: 1) El remate público de bienes considerados frutos de la corrupción para destinar la recaudación a la DGE y 2) La transferencia inmediata a esa cartera en caso de que fracase la primera subasta por falta de ofertas o por ser consideradas económicamente no convenientes.
El caso de la denominada “Mansión de Luis Lobos”, situada en Guaymallén, es el primero: el exintendente fue condenado por delitos de corrupción y la vivienda pasó a manos de la DGE de modo provisorio, en 2023 y 2024 fracasaron dos remates públicos y gracias a la reforma de la Ley de Extinción de Dominio -cuando sea promulgada prontamente- será transferida al gobierno escolar.
Cajas de seguridad y plazos fijos
Las cajas de seguridad bancaria son alquiladas por particulares para guardar diversos tipos de bienes de tamaños pequeño a mediano y de diverso valor económico o afectivo.
Lo más común: dinero, joyas y documentación. Sin embargo, lo que realmente hay en esos compartimentos, situados en edificios bancarios, únicamente lo saben los titulares ya que no están obligados a declararlo.
En caso de que la ley se apruebe, la DGE quedará en condiciones de relevar, a través de instituciones bancarias, si hay cajas de seguridad con al menos 90 días de inactividad, lo que indicaría la posibilidad de estar frente a una herencia no vacante que la DGE saldría a reclamar.
Según han explicado expertos en seguridad bancaria, cuando una caja de seguridad cumple tres meses sin movimiento, el banco en cuestión queda en condiciones de vaciarla para volver a alquilarla. Los bienes que estaban en el interior pasan a la guarda de la institución.
Los plazos fijos, cajas de ahorro y sueldos pagados por ANSES y no cobrados ni reclamados correrían la misma suerte.
FUENTE: Diariouno.com.ar