Encontraron a tres penitenciarios queriendo ingresar tarjetas SIM a cárceles de Mendoza. Ocurrió en tres hechos separados en los últimos tres meses y fueron develados por el director del Servicio Penitenciario de la provincia, Eduardo Orellana. Los acusados ya afrontan procesos administrativos internos y pueden perder su trabajo, además de probablemente tener cargos en su contra en la Justicia.
Desde marzo para acá, casi un caso por mes se detectó puertas adentro del sistema carcelario local. Se trata de oficiales a los que les encontraron -en al menos uno de los episodios- lo que se denomina “blisters” de chips: una cantidad considerable de tarjetas SIM que los presos usan para habilitar distintos números de teléfono en un mismo celular.
La revelación la hizo Orellana en Séptimo Día (Canal 7), donde fue invitado para hablar sobre el nuevo programa del Gobierno que intenta aumentar el trabajo de los presos (y su calidad), para así también fortalecer las chances de resociabilización de quienes están purgando cuentas con la Justicia. Sin embargo, al dialogar acerca del manejo interno de los teléfonos -que desde hace tiempo están en el ojo de la tormenta-, Orellana confirmó la connivencia de al menos esos tres efectivos con los internos. Los casos podrían ser más.
El control de los celulares en las cárceles
“Lo que pasa es que nosotros nos tomamos muy en serio el control interno. Requisamos a los propios penitenciarios y ahí les encontramos estos elementos. Ya pasó tres veces en los últimos tres meses, como les decía. Todo el tiempo estamos buscando y, en el último caso, la persona tenía una cantidad considerable de chips. Desconozco las estadísticas de los otros servicios en otras provincias, pero nosotros estamos muy firmes con esto”, aseguró el funcionario.
El caso al que hizo referencia ocurrió en marzo pasado y en principio sería quien más cantidad de estos elementos prohibidos tenía en su poder. Los casos detectados se dieron en la prisión de San Felipe (en dos oportunidades) y en la cárcel de Almafuerte. Al pasar por una requisa, sus propios colegas carcelarios les encontraron los elementos y aplicaron el protocolo correspondiente.
Qué pasa cuando aparecen chips en una celda
Los teléfonos están en la mira desde hace tiempo, porque la intención de parte del Gobierno es retirarlos por completo del sistema.
El asunto es que la decisión de la Justicia todavía no aparece de modo taxativo y hasta entonces los presos pueden mantenerlos, siempre que sean los declarados y siempre que los usen para hablar con sus familias o allegados.
Cuando se revisan las celdas, esos dispositivos son tomados como un elemento más, precisamente porque fueron permitidos, sobre todo en época de pandemia.
El problema es que suelen aparecer más artefactos que los “oficiales”, o directamente las mencionadas tarjetas SIM que luego ponen a funcionar en los celulares permitidos. En ese caso, contó el titular del Servicio, se les retiran por tiempo indeterminado los aparatos que sí tenían validados.
“Además se imparte una sanción y se evalúa qué es lo que realizaron con esa tarjeta SIM clandestina”, narró. Si se cometieron delitos o existe una presunción de que lo hicieron, se abre una causa judicial aparte.
“Es un flagelo que tiene todo el país el ingreso de telefonía celular irregular. Tenemos un número alto de tarjetas que ya retiramos. No sólo pasa con los penitenciarios, sino también en las visitas. ¿Y de dónde sale un blister de chips para ser vendido?”, se preguntó el director del Servicio Penitenciario.
Números y “salarios” del trabajo en las cárceles
Por estos días comenzó una prueba piloto que pretende el Gobierno provincial: implica que más empresas se sumen a las prisiones de Mendoza y de esa manera aparezca más maquinaria y también mayor capacitación laboral. La novedad fue confirmada por el propio gobernador Alfredo Cornejo, cuando anunció el arranque del nuevo plan.
Como contó Diario UNO esta semana, diversas empresas podrían instalarse en Cacheuta. Se interesaron desde firmas de paneles termoaislantes y estructuras de metal para la construcción, pasando por fábricas de pintura y una empresa de transporte a la que les podrían elaborar los uniformes desde el penal.
A muchos de los internos se les paga unos 60 mil pesos. “Es una retribución. El 30% se descuenta para gastos del servicio. Lo importante es la capacidad instalada, laboral y de oficio, además de la externalidad positiva del sistema: que esa persona pueda tener continuidad laboral cuando salga”, dijo a este medio la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Además, la empresa que emplee a los internos les pagará el 50% de los ingresos y del 50% restante, que son las cargas sociales y las obligaciones que deben cubrir, se hará cargo el Estado.
Así funciona en la actualidad con los 3.547 internos que ya están empleados en los 107 talleres que funcionan en el penal de San Felipe, en Boulogne Sur Mer; en la Colonia Penal de Lavalle; y en Almafuerte I.
Fuente: www.diariouno.com.ar