El subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, fue imputado junto a otras dos personas por un supuesto fraude por $35 millones. Su abogado aseguró que ha habido irregularidades en el proceso judicial y denunció un direccionamiento político y resaltó que “no hay pruebas”.
Una serie de causas judiciales que involucran a funcionarios de la Municipalidad de Las Heras mantienen en vilo a la política mendocina y han enrarecido el clima electoral. Uno de los expedientes derivó en la imputación del subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, y otras dos personas por un supuesto fraude a la administración pública por el total de 35 millones de pesos a través de una cooperativa. La defensa del acusado sostiene que no hay pruebas que sustenten la imputación y señala que ha habido irregularidades en el accionar de la fiscalía, a la vez que resalta que existe un direccionamiento político en la causa.
El fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’amore, imputó a Oyhenart días atrás junto a su yerno, Juan Pablo Pandolfi, y el presidente de la cooperativa Manos a la Obra, Adrián Alejandro Pérez, señalándolos como coautores del delito de fraude a la administración pública en la modalidad de estafa. A su vez, el funcionario municipal fue acusado también del delito de “uso de documento público falso”.
El representante del Ministerio Público Fiscal entiende que los tres involucrados realizaron la maniobra de apropiarse de la cooperativa inactiva para para acceder a distintas licitaciones públicas y contrataciones directas de servicios de limpieza promovidas por el propio Oyhenart. En concreto se señalan cuatro expedientes municipales por un monto total de $35.511.386,14.
La defensa del funcionario lasherino pidió la nulidad del avoque del fiscal entendiendo que no existieron pruebas que acrediten la imputación. Luis Romano, abogado de Oyhenart manifestó que el despacho no cumple con las formalidades legales prescriptas y lo consideraron arbitrario, en base a que no posee pruebas documentadas. “Es nulo porque consideramos que tiene que ser preciso, claro, circunstanciado y específico. No hay ninguna prueba que diga que Oyhenart tenía la finalidad de defraudar al municipio de Las Heras. No hay ningún testigo ni ningún informe que diga eso, son todas conjeturas”, manifestó el letrado.
“El fiscal debería probar el engaño para acusar por el delito de fraude y demostrar el mecanismo de desplazamiento de dinero. Para las distintas contrataciones se llamó por los mecanismos que exige la ley. Todos estos expedientes pasan por un circuito de filtros que certifican que se cumpla con toda la documentación y que den los requisitos legales y que la oferta sea razonable. Se cumplieron con los mecanismos legales establecidos en los llamados a licitación y contratación para este tipo de servicios”, agregó.
Asimismo, el abogado hizo hincapié en que no se probó que los servicios de limpieza no hayan sido prestados y negó que las licitaciones y contrataciones hayan sido direccionadas por su defendido, ya que el área de compras del municipio las ordenaba y existían filtros en el proceso.
Por otro lado, Romano planteó que “si bien en el expediente sale que se le pagó a la cooperativa esa plata, el fiscal tendría que haber seguido la ruta de ese dinero y decir dónde está y demostrar con informes que el señor Oyhenart recibió ese dinero. Y no hay nada o sea no existe en los informes bancarios los ingresos por 35 millones de pesos”.
Asimismo, la defensa del funcionario negó que haya tenido un vínculo con la cooperativa y señaló que era una más de las que se presentaban en los procesos licitatorios.
Vale recordar que esta causa judicial se inició a partir de una compulsa que se abrió en el marco de otra investigación por un audio filtrado en el que se oía supuestamente a Oyhenart hablando con una mujer y haciendo referencia al manejo irregular de cooperativas en el departamento de Las Heras.
“Para nosotros el audio es nulo porque no se sabe la forma en la que se llega a él y no hay ninguna pericia para ver si está editado”, explicó Romano.
No obstante, uno de los aspectos claves que señala el fiscal D’amore en el marco de la causa es la vinculación de la cooperativa Manos a la Obra con el contador Juan Pablo Pandolfi, yerno de Oyhenart. Al respecto, el abogado planteó que no era el contador de la cooperativa, ya que otra persona llevaba adelante el proceso contable, sino que Pandolfi se encargó del asesoramiento para la asociación. “Que sea el yerno no puede vincularlo a esta situación. No es un delito ser yerno”, manifestó el letrado a la vez que destacó que se tiene que probar que existía una sociedad o un mecanismo ilegal”, apuntó.
Otro de los aspectos sobre los que se pone la lupa tiene que ver con presuntas irregularidades de la cooperativa para operar. Sobre este punto, la defensa del subsecretario lasherino explicó que “existen dos mecanismos para el funcionamiento de las cooperativas, que es a través de la provincia de Mendoza y la otra forma es a través del INAES, que es un organismo nacional y no inicio trámite de inscripción ante la provincia”. En tanto, apuntó que el director de Cooperativas de la provincia, Daniel Alejandro Dimartino, quien es querellante en la causa reconoce la actividad y existencia de al asociación. “Es una cuestión de evitar o evadir responsabilidades”, disparó.
Otra de las acusaciones que hace el fiscal contra Oyhenart es que el funcionario habría certificado el cumplimiento de los servicios de limpieza contratados a partir de nóminas de trabajadores donde se indicaba falsamente que estos habían cumplido con el servicio contratado bajo falsos jornales, como así también con firmas falsas atribuibles a aquellas personas que habían realizado la prestación.
“Se le está indicando a Oyhenart que conoce que el documento es falso y lo utiliza. En este caso no tenía por qué tener conocimiento y para él no está acreditado eso. En todas las reglas del proceso penal, la carga probatoria la tiene el Ministerio Público Fiscal y tiene que probar que el señor Oyhenart tenía conocimiento de que esos documentos eran falsos. No hay ninguna pericia que acredite que las firmas son falsas, solo una declaración parcial. Tampoco se ha llamado a esas personas que figuran en esas planillas para ver si han trabajado o no”, expresó el abogado.
En este sentido, Romano afirmó que “la causa está direccionada políticamente, pero no sabemos a favor de quién” y señaló como ejemplo el hecho de que desde la parte querellante se haya solicitado prestar declaración informativa al intendente Daniel Orozco.
Al respecto, el letrado expresó que tanto con el jefe comunal como con la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, el subsecretario tenía solo “un vínculo laboral y todo se hacía según los mecanismos que correspondían, comunicaciones formales y como su superiores”.
“Vemos procesos apresurados y la aparición de artículos periodísticos que empiezan a segmentar información. La justicia empieza a funcionar como un escenario de contiendas políticas, cuando tendría que ser imparcial y objetiva. Vemos una actividad muy subjetiva por parte de la fiscalía, no se está cumpliendo con las normativas legales y el debido proceso. Incluso no estamos teniendo acceso al expediente”, disparó el abogado.
En este sentido, pidió a la fiscalía que la fiscalía adecue la investigación a los parámetros y estándares legales de la garantía de defensa, el debido proceso y que deje de funcionar la justicia como un escenario de conflictos políticos.
En el marco de la causa, el funcionario municipal imputado declaró pero sin someterse a indagatoria. En ese acto sostuvo su inocencia y especificó que tiene una larga trayectoria de cargos públicos desde la Municipalidad de Capital dedicándose al área de desarrollo social y que nunca tuvo problemas con el manejo de fondos. La defensa está esperando contar con los informes bancarios y toda la parte contable de la causa y en base a esos elementos probatorios, hacer su descargo co
FUENTE: MDZ Online