El caso estalló esta semana pero llevaba varios días debatiéndose internamente en la Policía de Mendoza. Llegó a la Justicia federal y la Inspección General de Seguridad (IGS). Un informe realizado por el Departamento de Información y Análisis de Narcocriminalidad de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) reveló que “desaparecieron” casi 100 teléfonos celulares que se encontraban secuestrados.
La mayoría de los aparatos permanecían en una especie de lista de espera para ser peritados en búsqueda de información para las causas que dependían. Y casi todos estaban a disposición de la Justicia federal en un sector denominado Medios Técnicos en expedientes de narcotráfico, lavado de dinero o cohecho, por citar algunos.
Debido a la trascendencia del caso, que podría estar relacionado directamente con un “robo hormiga” interno entre el 2021 y 2023 -es la hipótesis más fuerte-, este miércoles titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, Marcelo Garnica, y el fiscal Fernando Alcaraz (la instrucción fue delegada y está a su cargo), desarrollaron una inspección ocular sorpresa en el edificio de la PCN, ubicado en la Base Cóndor del oeste de Ciudad en búsqueda de pruebas para sumar al expediente que permanece secreto como averiguación de delito.
La información señala que tanto el juez como el representante del Ministerio Público se dirigieron a desarrollar la medida a las instalaciones de la PCN con el objetivo principal de conocer cuál es el área donde generalmente son resguardados los teléfonos incautados y qué tipo de control o responsabilidad hacían y tenían los funcionarios policiales para su preservación.
Durante la medida, la Justicia federal se llevó libros de novedades, también una copia de seguridad del servidor y realizó un nuevo recuento de los teléfonos que quedaban en la base.
Este el primer paso que tiene la instrucción. En los próximos días, serán citados una serie de testigos mientras se determina si existió delito y le cabe algún tipo de responsabilidad penal a los policías que pasaron por ese departamento en los últimos tiempos. Apuntan principalmente a quienes tenían responsabilidades antes de que se descubriera y se notificara el faltante tanto a la IGS, que ya inició un sumario administrativo como establece la normativa, como a la Justicia federal.
Por los datos que llegaron a través de diversas fuentes a este diario, el número de teléfonos que no se hallaban en el lugar donde debían estar bajo protección, llegaría a 93. Y la mayoría fueron secuestrados en causas de los años 2021, 2022 y 2023, cuando al frente del área se encontraba la efectivo Silvia Zanabria, actualmente en Escuchas Telefónicas de la PCN.
Debido a esto, es que en la Justicia federal entienden que están frente a un caso “gravísimo” que se encuentra en pleno proceso de recolección y análisis de pruebas, por lo que es seguro que Zanabria será citada por la fiscalía para que explique la forma de trabajo y protección de los aparatos que implementaba mientras estaba a cargo.
Enterados de la situación, se conoció que desde la Dirección General de la Policía, a cargo de Marcelo Calipo, ordenaron el traslado preventivo de los cuatro policías que se encontraban en el citado Departamento de Información y Análisis de Narcocriminalidad, a diferentes comisarías del Gran Mendoza, como la Primera, Novena y 52º, de Capital, Guaymallén y Godoy Cruz, respectivamente.
Fuente: www.elsol.com.ar