Mauricio Badaloni, uno de los dueños de la empresa Andesmar, marcó sus reparos respecto del decreto 883 por el que el Gobierno nacional desreguló el sistema de transporte por tierra entre provincias, es decir, el de media y larga distancia.
Para el empresario – que también es parte de la UIA- si el objetivo final es que haya más competencia y gracias a ello, una baja en los precios del transporte, estas medidas no serán suficientes: “Si lo que buscan es que bajen los precios, nada bajará si no bajan antes los impuestos“.
La nueva norma deroga un decreto de la época menemista que comenzó a desregularizar el sistema pero con ciertas limitaciones. Aquel decreto permitía que el Gobierno declarase al transporte de micros de larga distancia como un servicio público en determinados recorridos y según las demandas, pedidos y reclamos de los usuarios.
Esa visión es la que el gobierno de Javier Milei dejó de lado; lo que en la práctica, según advierte Badaloni, podría traer consecuencias como “que las empresas dejen de hacer rutas que no sean rentables“.
Otro de los posibles efectos en los que puso el ojo el empresario es la desaparición del subsidio para discapacitados. Si bien en el texto del nuevo decreto no queda del todo claro y el origen de la gratuidad del sistema de media y larga distancia para personas con discapacidad es por ley, en el análisis inicial de Badaloni, “está derogado”.
La desregulación del sistema de transporte en los ojos de un mendocino
Badaloni, uno de los referentes en materia de transporte en Mendoza, señaló que actualmente “ya hoy el 70% de las empresas son de turismo o cuasi formales. Y solo el 30% es formal, de media o larga distancia“.
Esto da cuenta que desde 1992, el sistema se fue precarizando y, según el empresario, si hay algo que no faltan, son jugadores.
Hoy, los transportes turísticos se inscriben en un registro, que es el que la nueva norma reemplaza por otro, con menos requisitos, lo que viene a desburocratizar el sistema.
“Es positiva la idea de ampliar la competencia. Pero lo malo es el cómo porque las reglas de juego para todos no son las mismas para todos. Y si en definitiva lo que buscan es que bajen los precios, eso no pasará en las empresas formales de transporte si no bajan antes los impuestos“.
Es que según explica el empresario, la diferencia de precios “está dada porque las empresas de micros de larga distancia tenemos un convenio colectivo más exigente y pagamos muchos impuestos que los otros transportes no. La diferencia de costos es del 40%“.
Entonces, dice Badaloni, “si se va a desregular el sistema, lo que pedimos es igualdad en las reglas de juego: menor carga impositiva y un convenio colectivo de trabajo más flexible”.
Los riesgos del nuevo sistema de transporte “desregulado”
Badaloni analiza, en las primeras horas del decreto, que si aquellos costos impositivos no pueden bajarse, entonces la baja de precios podría darse gracias a la precarización laboral.
Lo que puede llevar a los usuarios a sufrir riesgos como inseguridad, que haya personal incapacitado y que aumente la siniestralidad.
“Tenemos tiempo para trabajarlo y les pedimos a los sindicatos que se adapten a la nueva realidad permitiendo cambios en los convenios colectivos. O todos con un convenio, o todos con otro, sería lo correcto”, señala el empresario de Andesmar.
Otro de los puntos que marca es la posible desaparición de rutas terrestes poco rentables para los privados: “Como consecuencias de la desregulación del transporte como servicio público, pueden llegar a faltar rutas o que las haya pero con pocos pasajeros hasta que deje de ser rentable. En esos casos, la que subsista quizás sea la más económica porque pagan menos impuestos; o, en un ideal, la más eficiente”. Y además, por dejar de ser un servicio público, “que se deje desamparados a los discapacitados”.
Qué pasará con el subsidio para personas con discapacidad
El Gobierno nacional ha dado 60 días hábiles a los involucrados para empezar a adaptarse a la nueva norma; pero restan reglamentaciones y aún hay muchos puntos que no están claros.
Uno de ellos es qué pasará con el subsidio de discapacidad. Actualmente, rige la ley N° 22.431 y su modificatorias sobre la protección integral de las personas con discapacidad que establece que “las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad”.
Pero parte de los argumentos de esa norma es la declaración del transporte como servicio público, cualidad que el nuevo decreto deroga.
En el análisis de Badaloni, “si nos atenemos a la letra del decreto, está derogado”. Pero habrá que estudiarlo con mayor detenimiento y esperar la reglamentación, entendiendo que la ley madre no puede verse afectada por un decreto.
Fuente: www.diariouno.com.ar