El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza autorizó al procesado ex juez Walter Bento salir excepcionalmente de la cárcel federal de Cacheuta durante tres días para atender los cuidados de su esposa y su hijo menor, que es discapacitado.
Las magistradas que lideran el juicio oral por hecho de corrupción contra el otrora titular del Juzgado Federal Nº1, Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Ratta, hicieron parcialmente lugar al pedido de la defensa el viernes 10 luego de analizar y rechazar la prisión domiciliaria y permanece alojado sin recibir visitas (salvo de su familia directa o representantes legales) en su vivienda del barrio privado Palmares de Godoy Cruz desde este lunes.
El beneficio abarca el periodo comprendido entre la jornada citada hasta el jueves 17 a las 7, cuando deberá ser trasladado nuevamente al penal ubicado en Luján.
Bento respondió y se quejó porque dicen que están amedrentando al Ministerio Pupilar. ¿Por qué? Porque el Tribunal dice que no está cumpliendo con su rol y que deben capacitar personal para atender al chico.
Además, las magistradas advirtieron que sea Bento el que articule la relación con los cuidadores del menor.
El ex juez no fue habilitado para recibir visitas durante su estadía en el barrio privado de Godoy Cruz, salvo familiares directos o sus abogados defensores. La custodia está a cargo de Gendarmería Nacional.
De acuerdo con la defensa del ex magistrado, la prioridad es garantizar la salud emocional del hijo de Bento.
El pedido está relacionado con el estado de salud de su esposa, Marta Boiza, que se encuentra internada por un problema en una pierna. Esto ha provocado que ninguno de los progenitores pueda estar en contacto con el chico.
El hecho que lo llevó a juicio
La investigación contra Bento la inició el fiscal general Dante Vega. Luego el expediente recayó en el juez sureño Eduardo Puigdéngolas. El cuestionado magistrado terminó procesado en 15 casos de cohecho (coimas) y como líder de una asociación ilícita que otorgaba beneficios a acusados de delitos graves a través de una red de abogados. Desde hace más de un año, es juzgado por todos estos hechos con casi 30 acusados más.
Entre los presuntos integrantes de la banda se encontraban los letrados Jaime Alba, Luciano Ortego, Javier Angeletti, Martín Ríos, Matías Aramayo y Luis Francisco Chato Álvarez, y el ex despachante de aduanas y nexo facilitador de la presunta organización, Diego Alfredo Aliaga (51), quien fue asesinado presuntamente por su socio Diego Barrera en 2020.
Para el fiscal Vega, existía una organización vertical en la que el magistrado tenía hombres de confianza, quienes establecían la conexión entre los presos con ciertos abogados defensores particulares y así arreglaba el pago de las coimas.
En ese sentido, los testimonios mencionan pagos de coimas en dólares para acceder a ciertos beneficios judiciales. También se sumaron pruebas documentales sobre los movimientos económicos del juez.
Debido a esto, también fue procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero porque se consideró que su nivel de vida no coincidía con lo que cobraba como magistrado.
En julio del año pasado, comenzó a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal Nº2. Luego en noviembre, el Jury lo destituyó y las magistradas que lideran el proceso oral ordenaron la detención.
De acuerdo con fuentes del proceso, el debate entrará próximamente en los alegatos de las partes, los que podrían continuar luego del receso de feria de enero.
Fuente: www.elsol.com.ar