El trabajo fue realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) junto a Cyrus R. Vance Center For International Justice y la Comisión Pro Bono.
Un diagnóstico sobre la Independencia del Poder Judicial en Argentina, realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) junto a Cyrus R. Vance Center For International Justice y la Comisión Pro Bono, analizó los casos de corrupción dentro del Poder Judicial, entre otros temas. En este punto se destaca el caso del suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, procesado como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía.
El juicio oral contra Bento y otros 31 imputados, entre ellos su esposa y dos hijos, comenzó a fines de julio. Luego de nueve jornadas de debate, se espera que el próximo miércoles 6 de septiembre el magistrado suspendido, sobre el que pesan numerosos pedidos de prisión preventiva, declare por primera vez ante el Tribunal Oral Federal N°2, compuesto por las juezas Gretell Diamante (presidenta), Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra (vocales).
Por otra parte, el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación estableció que el 25 de septiembre, en forma paralela al debate oral, comenzará el juicio político contra Bento, que corre el riesgo de ser destituido de su cargo por presunto mal desempeño de funciones. Si eso ocurre, el juez podría ir a prisión porque perdería automáticamente los fueros.
“La Auditoría llevada adelante por el CM respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción. Actualmente existe un Observatorio de la Corrupción del Centro de Información Judicial dependiente de la CSJN que lleva un registro de las causas en trámite y las terminadas”, dice el trabajo sobre la Independencia del Poder Judicial, que también incluyó fuertes críticas al juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, un análisis de los procesos de selección de magistrados y jueces, de la capacitación de los empleados y del manejo del Presupuesto del Poder Judicial.
FUENTE: elsol.com.ar