Tres expolicías fueron detenidos por la desaparición de Paulo Christian Guardati, ocurrida en 1992 en Godoy Cruz. El magistrado Marcelo Garnica, a cargo del Juzgado Federal Nº3, ordenó la detención.
Garnica imputó a Ramón Ignacio Ahumada y a Adolfo Siniscalchi como autores, mientras que a Ramón Falcón lo procesó como coautor, por el artículo 142 del Código Penal
Siniscalchi también estuvo involucrado en la megacausa del llamado D2, el ex centro de detención y torturas que la Policía de Mendoza tenía sobre calle Belgrano de Ciudad en la Dictadura.
Falcón, por su lado, estuvo procesado en la doble desaparición que también marcó a la provincia por aquella época: la de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida en abril de 1990.
El artículo 142 establece la pena “de 10 a 25 años de prisión e inhabilitación de absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona“.
Pero lo extiende a perpetua “si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de 18 años, una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad“.
La desaparición y la búsqueda
Guardati tenía 21 años cuando desapareció el 24 mayo de 1992, mientras volvía de un baile junto a algunos amigos en la escuela del barrio La Estanzuela.
Los testigos detallaron en su momento que fue arrestado por un supuesto policía de civil y llevado a la fuerza a la comisaría de ese barrio del oeste de Godoy Cruz, pero no figuró en los registros de detenciones.
Ese fue el último momento en que se lo vio, aunque algunas personas declararon ver cuando lo enterraban en el Cementerio de la Capital.
En ese lugar se hicieron exhumaciones en varias oportunidades, pero sin éxito. La última fue en julio de 2023. Los restos fueron enviados para su identificación a un laboratorio de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También hubo rastrillajes en el pedemonte.
Luego de que la Justicia provincial no pudiera resolver la desaparición, la investigación pasó a la órbita de la Justicia Federal en 2021.
En el extenso proceso, la instrucción tuvo a cuatro policías procesados.
Se trata de Walter Rubén Godoy, José Aracena y Walter Rolando Páez y Oscar Ramón Luffi, que posteriormente fueron sobreseídos. Todos prestaban servicio en La Estanzuela aquella noche.
Sólo en los primeros cuatro años, la causa tuvo 9 jueces intervinientes.
En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el caso como una desaparición forzada y el país terminó condenado a pagar una indemnización a la familia.
Fuente: www.elsol.com.ar