El Gobierno de Alfredo Cornejo reglamentó la semana pasada la Ley 9578, que regula la actividad de las empresas y trabajadores de la Seguridad Privada en Mendoza. A pesar del corto tiempo que lleva en vigencia, varias firmas del sector ya se han manifestado en contra de algunos puntos, especialmente por el incremento en los códigos que deben abonar para registrarse. Denunciaron aumentos de hasta un 300%.
Si bien la norma fue aprobada en la Legislatura a principios de octubre de 2024 y promulgada a finales de ese mismo mes, su reglamentación recién se concretó la semana pasada. No obstante, las empresas ya estaban obligadas a adecuarse a sus disposiciones.
Entre los principales cambios introducidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se estableció la obligatoriedad de que las empresas cuenten con un Director Técnico recibido en Seguridad, que los vigiladores tengan el secundario completo y que todas las firmas adopten un uniforme de color unificado.
Otro cambio significativo fue la creación del Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada, Humana, Interna y Tecnológica. Este organismo reemplazará a la actual Dirección REPRIV y pasará a denominarse Dirección de Seguridad Privada (DI.SE.P.).
Uno de los principales cuestionamientos de los empresarios del sector es el incremento en los costos de los códigos que deben pagar para obtener su habilitación. En total, son cinco códigos, cuyo costo conjunto supera los dos millones de pesos.
“En 2024, estos documentos costaban entre 600 y 700 mil pesos. Actualmente, los códigos superan los dos millones, lo que representa un aumento del 300 %. Solo el código de habilitación de la empresa, que se paga una vez al año, cuesta 1.500.000 pesos. Nos sorprendieron estos aumentos, ya que desde el Ministerio no nos informaron nada”, manifestó un empresario.
Los códigos exigidos por la Dirección de Seguridad Privada (DI.SE.P.) y sus valores aproximados son:
- Código 131 – Libros de Actas: $16.000
- Código 134 – Presentación de Uniforme: $44.100
- Código 354 – Local Comercial u Oficina: $49.560
- Código 562 – Canon Anual: $586.500
- Código 340 – Habilitación de la Empresa: $1.500.000
- Total: $2.136.060
Otro punto de conflicto es la obligatoriedad para que el cargo de Director Técnico sea ocupado por un profesional en Seguridad. Este puesto es responsable de supervisar los servicios, capacitar al personal y elaborar planes de trabajo para los vigiladores, entre otras funciones.
“Nos exigen tener un profesional, lo cual no nos parece mal. Pero pensábamos que nos iban a dar más tiempo para adaptarnos”, comentó el dueño de una empresa de seguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aseguraron que no han recibido reclamos formales de empresas ni de cámaras del sector. Respecto al aumento de los códigos, respondieron que no tienen “jurisdicción” sobre el tema, ya que estos valores están regidos por la Ley Impositiva.
En la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) comprenden el reclamo de los empresarios, pero se mostraron a favor de la norma impulsada por el Ejecutivo. No obstante, señalaron que algunas exigencias podrían ser flexibilizadas.
Carlos Aldecoa, representante de CAESI en Mendoza, respaldó la obligatoriedad de contar con un Director Técnico, aunque sugirió excepciones para quienes ya tienen experiencia en el cargo.
“Me parece bien la exigencia del Director Técnico, porque estamos hablando de una profesionalización del área y un avance que costó mucho conseguir. Sin embargo, hay personas con 20 años de experiencia que ya cuentan con la idoneidad para el puesto. En esos casos, el organismo de control podría analizar la situación y hacer excepciones. Pero entiendo que las normas están para cumplirse”, señaló.
En cambio, fue más crítico con los empresarios que cuestionan los costos de los códigos, ya que consideró “que hay mucha informalidad” en el sector.
“Me parece perfecto que haya más control en este sector. La informalidad es muy alta y esto se está empezando a corregir. Si se quejan por un código que se paga una vez al año y equivale al sueldo de un vigilador, ¿Cuánto están pagando realmente a sus empleados?”, cuestionó Aldecoa.
Actualmente, en Mendoza hay unas 175 empresas de seguridad privada que emplean a aproximadamente 12.000 vigiladores. Según informes de cámaras empresarias del sector, cinco de cada diez trabajadores no perciben los salarios acordados en paritarias y trabajan más horas de las estipuladas.
Fuente: www.elsol.com.ar