La Inspección General de Seguridad (IGS) de Mendoza citó a declarar a un auxiliar de la Policía provincial por su presunta vinculación con un hecho de gravedad institucional.
Según se detalló en el Boletín Oficial, el auxiliar deberá presentarse el próximo 30 de mayo a las 8:00 de la mañana en la sede central de la IGS, ubicada en avenida San Martín 1027 de Ciudad, para prestar declaración indagatoria en el marco de un sumario administrativo.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución N° 610/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y responde a un expediente que se desprende de una causa federal por secuestro extorsivo en la que el auxiliar aparece mencionado.
Según los documentos oficiales, la investigación se originó en un informe preventivo elaborado por la División de Escuchas Telefónicas y Antisecuestros Extorsivos, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En dicho informe, se menciona que el efectivo habría incurrido en la presunta violación del artículo 256 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que revelan secretos o informaciones a las que acceden por su función.
De acuerdo a lo detallado por la IGS, este auxiliar habría entregado información privilegiada a terceros ajenos a la fuerza de seguridad a cambio de una compensación económica, en al menos cuatro oportunidades ocurridas entre el 2 y el 21 de mayo de 2024. Por el momento, se desconoce el destino o los fines de dicha información.
El Directorio de la IGS resolvió instruir un sumario administrativo formal contra el auxiliar, y considera que habría infringido diversas disposiciones del régimen disciplinario policial, en particular los artículos 100 inciso 1, 43 inciso 9 y 44 incisos 1, 3 y 4, en función del artículo 8 de la Ley 6722/99.
Además, se designó como Instructor Sumariante al Dr. Mario Aguilera, quien ya notificó al efectivo sobre la apertura del proceso y los derechos que le asisten. Entre ellos, se le conceden cinco días hábiles para presentar pruebas de descargo. También se oficiará a la Dirección de Capacitación y Recursos Humanos para que remita su microlegajo.
El avance de la investigación determinará si el policía será sancionado administrativamente y si, en paralelo, enfrenta consecuencias penales por su accionar.
Este caso se suma a una serie de actuaciones que la Inspección General de Seguridad viene impulsando con el objetivo de garantizar la transparencia y el cumplimiento del deber por parte de las fuerzas policiales de Mendoza.
Fuente: www.mendozapost.com