El Estado mendocino llegó a un acuerdo con la empresa Dalvian y sus propietarios para el pago de una deuda que fue cerrada en algo más de 150 millones de pesos por las diferencias que hubo en la tasación de los terrenos que fueron expropiados a esa firma para la creación de la reserva Divisadero Largo.
En resumen, el pago es por la diferencia de valores que se detectaron a la hora de tasar los terrenos que eran de Dalvian (y que se notaban claramente al comparar con otros expropiados), que habían sido avalados por varios organismos públicos. El monto acordado será pagada en 6 cuotas terminar el litigio judicial. Fuentes allegadas a la empresa aseguraron que decidieron avanzar en ese sentido para terminar con un litigio de más de 4 décadas y cuya solución acordada era más sencilla que el desgaste de estirar el conflicto.
El litigio judicial tiene varios hitos pero hubo una revisión completa por la objeción del Estado a los montos que se pagaron. El valor reclamado por el Estado es por el recálculo de intereses y el valor de los terrenos. La empresa asegura que no hubo en todo el proceso irregularidades de su parte y defienden la búsqueda de valores diferenciados por el desarrollo que esa firma hizo en la zona, con el barrio privado.
El acuerdo tiene como trasfondo uno de los litigios más relevantes de las últimas décadas, donde estuvieron involucrados un fiscal de Estado, al menos un exgobernador, varios organismos y una trama político judicial polémica.
El comienzo del fin de un largo litigio
El convenio, que ya fue rubricado y está en ejecución, es para compensar la diferencia entre lo pagado por el Estado por las expropiaciones y lo que correspondía. El monto total es de 156.246 millones de pesos. La mayoría corresponde a intereses por el tiempo transcurrido. De hecho solo 3,45 millones de pesos son por la diferencia entre lo que había que pagar y lo que se reconoció y todo el resto hasta llegar a los 156 millones de pesos, es por intereses. La deuda se pagará en seis cuotas de algo más de 26 millones de pesos. Según informan desde la empresa, el costo es semejante a un terreno del barrio Dalvian.
El fin del litigio llega tras la demanda del Estado mendocino para que se anule el proceso de reconocimiento de los montos de la expropiación y, al mismo tiempo, se disponga el nuevo cálculo. Es decir; que judicialmente se confirme que se había pagado de más y se establezcan nuevos montos. La historia corta es que el Estado expropió terrenos para crear la reserva Divisadero Largo, pero se reconocieron valores distintos según los propietarios. A Dalvian le tasaron valores exponencialmente superiores al resto; tomando terrenos del pedemonte como si fueran urbanizados. Esa cuenta arrojó un resultado peculiar: al compensar deudas cruzadas el Estado terminó “debiéndole” a Dalvian. Cuando la Suprema Corte advirtió las diferencias en las tasaciones respecto a otros propietarios (como la familia Thomé) se inició una investigación política que terminó con la destitución de quien había avalado y acelerado todo: el exfiscal de Estado Joaquín de Rosas.
Detrás, hay una trama compleja que se inició a principios de los años 80 y que no solamente involucra a los terrenos de Divisadero Largo, sino también a créditos tomados por esa empresa con los bancos oficiales (cuando Mendoza tenía bancos). El fiscal de Estado Joaquín De Rosas no fue el único que tomó alguna decisión para avanzar en ese sentido: funcionarios de segunda línea, tasadores y hasta un gobernador que suspendió las causas judiciales y los embargos que pesaban sobre Dalvian, avalaron el acuerdo.
El resultado fue la reducción de una deuda de más de 6 millones de dólares por créditos impagos a 1,7 millones de pesos, que fue saldada con la expropiación. Incluso la carga se revirtió y la Dalvian terminó quedando con un saldo a favor de 1,9 millones que fue destinado a los abogados. Ese proceso es el que quedó anulado por completo ahora con el acuerdo para terminar el litigio, en el que Dalvian debe pagarle al Estado. La deuda se arrastraba desde principios de la década del ’80 por un crédito impago ante el Banco Mendoza, que fue usado para el desarrollo del barrio privado Dalvian. En 1997 la deuda era de U$S 3.570.642, a lo que se le sumaba otra deuda arrastrada a nombre de Estornell SA. El Ente que administraba los pasivos de los ex bancos oficiales le otorgó beneficios por acogerse a un plan de pago y esa deuda se redujo un 30%. El plan de pago era por 120 cuotas con lotes de Dalvian como garantía. La empresa no cumplió con el plan de pago y entró en mora con el EFOR, el ente encargado de administrar los activos de los ex bancos. Por eso se inició una catarata de juicios civiles para ejecutar las garantías. La empresa Asset Recovery Trust(ART), que tenía a su cargo la gestión de cobranza de los créditos, ejecutó las garantías y pidió el embargo de los terrenos de Dalvian y de los garantes, que eran los propietarios de esa sociedad.
Pero el entonces gobernador Roberto Iglesias ordenó a través del Decreto 1241, de septiembre del 2002, suspender las acciones judiciales iniciadas por Asset Recovery Trust para cobrar la deuda de Dalvian y también se dispuso “el levantamiento de las medidas precautorias y/o embargos trabados en los juicios iniciados”. Iglesias argumentó que había “presuntas irregularidades que con sus efectos ocasionarían daños y perjuicios irreparables en el patrimonio de la empresa y en el del Estado Provincial” por los procesos iniciados.
Las compensaciones y el sobreprecio reconocido a esa empresa movilizó a otros propietarios expropiados en el pedemonte. Esas controversias llegaron a la Corte, desde donde se alertó sobre las irregularidades que involucraban a tasadores (que sobrevaluaron los terrenos), a la justicia civil de Mendoza (que avaló esos sobreprecios), a Fiscalía de Estado (que rubricó los acuerdos) y al Poder Ejecutivo. Y, como se dijo, allí se destapó el escándalo que ahora culmina con el acuerdo firmado por el Gobierno y Dalvian en el que, tras 4 décadas, deberán pagar algo más de 150 millones de pesos.
Fuente: www.mdzol.com