El fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sánchez imputó este jueves a tres empleados de la Municipalidad de Maipú y a un representante del sindicato de municipales de esa comuna (STMM) por una serie de presuntas maniobras fraudulentas en la confección de estudios médicos cardiológicos para jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF). El escándalo, que se arrastra desde 2022 pero estalló hace algunas semanas, involucra la falsificación masiva de documentos y firmas médicas, con el agravante de haberse cobrado por estudios realizados sin control profesional habilitado, sostiene la investigación judicial.
De acuerdo con fuentes del caso que hablaron con El Sol, los imputados fueron Fabio Alenda, referente del sindicato STMM de Maipú y sospechado como principal articulador del esquema; la médica Natalia Lourdes Busceme; y dos empleadas municipales, Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy (madre e hija). Todos fueron citados para el próximo lunes para ser notificados formalmente y enfrentan medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
El fiscal dispuso una caución económica de 50 millones de pesos para Alenda, 20 millones para Busceme, y 10 millones para cada una de las otras dos imputadas.
Además, impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público Fiscal, y adelantó que pedirá la inhibición general de bienes de todos los acusados, agregaron las fuentes.
Según la investigación, Alenda gestionó con la Liga Mendocina un contrato con la razón social “STMM Salud” para realizar los estudios médicos exigidos a los jugadores federados.
Para justificar la habilitación del servicio, se presentó falsamente que una especialista en cardióloga formaba parte del equipo médico, ya que habrían adulterado su firma, tal como sostuvo la denunciante Marisa Torre. Con esta garantía, la LMF contrató los servicios y dispuso que los jugadores debían hacerse dos estudios cardiológicos anuales, a cargo de esa entidad.
Los exámenes eran pagados por los jugadores a la Liga (montos que fueron desde 8.000 pesos en 2022 hasta 37.000 en 2025), y luego la Liga transfería los pagos a STMM Salud. En total, se estima que fueron alcanzados unos 9.129 jugadores federados de 31 clubes afiliados, y los estudios se realizaron durante los años 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025 en centros de salud e, incluso, la LMF.
Sin embargo, según la imputación fiscal, ni Patricia Godoy ni Rocío Reyes Godoy, madre e hija y administrativas del Centro de Salud 16/365 de la comuna, estaban habilitadas para realizar electrocardiogramas: no tenían formación técnica ni autorización sanitaria para actuar como profesionales en salud.
Los estudios se realizaban con equipos sin homologación ni control, y luego se confeccionaban fichas médicas con sellos y firmas falsificadas que serían de la médica Torre. En total, la fiscalía identificó al menos 112 planillas médicas y 860 fichas adulteradas, más 997 falsificaciones documentales.
Incluso, en los casos en que los equipos arrojaban alertas sobre posibles patologías, el equipo de STMM Salud extendía órdenes médicas -también con firmas falsificadas- para que los jugadores hicieran estudios complementarios. El objetivo: aparentar un circuito de revisión profesional que nunca existió, sostiene la investigación.
Las fuentes sostuvieron que los delitos imputados fueron estafa reiterada, uso de documento privado falso y falsificación de documento privado, todos en concurso real, en calidad de coautores. Por último, señalaron que la causa sigue bajo instrucción y el fiscal no descartaba nuevas imputaciones ni ampliar la acusación a otros actores.
Fuente: www.elsol.com.ar