La causa que investiga una presunta asociación ilícita liderada por un policía y un reconocido delincuente de Guaymallén avanzó este jueves a una instancia clave: el fiscal de Robos y Hurtos José Manuel García Mango comenzó con su pedido de prisión preventiva para casi una veintena de imputados y expuso durante más de tres horas ante una jueza y abogados defensores las pruebas reunidas en la instrucción con el detalle de los hechos. El caso incluye escuchas telefónicas, informes de la División Robos y Hurtos de Investigaciones y el resultado de los últimos 32 allanamientos realizados en el Gran Mendoza a mediados de agosto, que permitieron fortalecer la instrucción que se inició en marzo.
De acuerdo con la acusación del caso revelado por El Sol, la organización estaba encabezada por el oficial inspector Sergio Joel Antúnez Ladino -quien prestaba servicios en la Comisaría 44 del barrio Unimev de Guaymallén- y por el reconocido asaltante Darío Emiliano Zuleta Sosa, alias “Huevo” o “Hitman”. Los dos fueron llevados al Polo Judicial, junto a una decena de señalados integrantes de la banda, para presenciar la audiencia.
Ambos están señalados como organizadores de la estructura delictiva que, según la hipótesis del investigador, funcionó de manera sostenida desde 2023 hasta comienzos de este año y que tenía casi 30 integrantes. No todos están detenidos.
El fiscal les atribuyó la planificación de 16 asaltos, escruches, salideras y entraderas, utilizando información sensible y, en algunos casos, elementos con identificación policial para garantizar que los golpes se concretaran sin interferencias.
Fuentes judiciales explicaron que, en su exposición, García Mango describió ante la jueza Claudia Daniela Tula que la investigación logró acreditar la existencia de una estructura organizada con división de roles, principalmente con los dos cabecillas. Para sostener el pedido de la medida cautelar, exhibió hechos en los que los sospechosos coordinaban movimientos y compartían información sobre potenciales víctimas.
A esto se sumaron informes técnicos elaborados por RyH de Investigaciones, donde se detallan seguimientos, análisis de antenas de telefonía celular y pericias sobre los vehículos utilizados en los delitos, además de la identificación de los casos y las declaraciones de testigos relevantes, entre ellos un policía que conocía a Antúnez y se transformó en una pieza clave de la causa, debido a que fue bautizado como un “topo” que pasaba información sobre todos los movimientos de la organización antes de que se ordenaran los primeros allanamientos en mayo.
Uno de los puntos más significativos del pedido tiene presente la incorporación de los resultados de los 32 allanamientos realizados Guaymallén, Las Heras y Maipú, que sirvieron para detener a más sospechosos e incorporar nuevas pruebas para peritajes.
En esos procedimientos se secuestraron armas de fuego, inhibidores de alarma, teléfonos celulares, documentación de vehículos, dinero en efectivo en pesos y dólares, marihuana, cocaína y objetos denunciados como robados.
Además, fueron detenidas 10 personas que luego fueron imputadas como integrantes de la asociación ilícita y que luego se sumaron a la lista que enfrenta la audiencia de la medida de coerción.
La causa también involucra a reconocidos delincuentes de la provincia y de otros países, entre ellos el chileno Juan Alberto Chodiman Paillan, detenido en mayo de este año, y recientemente imputados como Marcos Pablo Ibarzabal Peinado, Alfredo Emmanuel Castellanos Villavicencio, Juan Eduardo Cabrera Mallon, Cintia Daniela Pizarro Gutiérrez y Jeremías Javier Riera Mendoza, entre otros como Leonardo Darío Salinas Pedroza, Jesús Sebastián Rodríguez Quiroga, Claudio Daniel Montoya y Miguel Osvaldo Cardozo, quienes ya se encontraban tras las rejas y otros que se sumaron durante las medidas de mediados de agosto. Algunos fueron excarcelados a cambio del pago de cauciones millonarias pero continuaban sometidos a proceso.
Para el fiscal, la participación de la mayoría de ellos quedó acreditada mediante un cúmulo de pruebas que va desde el secuestro de elementos denunciados como sustraídos hasta la detección de comunicaciones previas y posteriores a los hechos denunciados.
La audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva continuará el 30 de setiembre a las 14. Si la jueza hace lugar al planteo de la fiscalía y dicta la medida cautelar, la mayoría de los acusados continuará tras las rejas mientras continúa la instrucción. Previamente, las defensas de los acusados tendrán la oportunidad de exponer para cuestionar los elementos probatorios reunidos por el Ministerio Público.
Por lo que detallaron las fuentes, la causa sigue abierta y los pesquisas no descartan nuevas detenciones en el expediente, ya que existen prófugos identificados y otras líneas de investigación en curso que podrían ampliar el número de integrantes de la red delictiva, una de las más grandes de Mendoza y que tiene a otros policías en actividad y retirados en la mira.
Allanamientos masivos
Los 32 allanamientos se realizaron el 14 de agosto en barrios de Guaymallén como el barrio Unimev, y localidades como El Bermejo, Pedro Molina, Jesús Nazareno de Guaymallén y Villa Hipódromo, en Godoy Cruz, además de viviendas en Las Heras y Maipú.
En total, Investigaciones secuestró más de 30 teléfonos celulares que fueron direccionados para peritajes, alrededor de 6 millones de pesos en efectivo y una suma importante en dólares y euros que se vincula directamente con algunos de los robos que están en proceso de instrucción.
También se hallaron chalecos antibalas, inhibidores de señal, cargadores y municiones, documentación de interés y hasta una Ford Territory negra que habría sido utilizada en el golpe millonario al barrio cerrado La Bajada.
Para los detectives policiales y judiciales, el cúmulo de evidencias permitió reforzar el pedido de prisión preventiva y robustecer la acusación de asociación ilícita.
Fuente: www.elsol.com.ar