La causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas en la realización de estudios médicos cardiológicos a jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) sumó un dato clave en las últimas horas: una pericia caligráfica confirmó que la firma de la cardióloga Marisa Torre fue falsificada en decenas de fichas médicas, tal como lo había denunciado la profesional.
El resultado pericial despejó toda duda sobre la autenticidad de la rúbrica y reforzó la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de un circuito armado para justificar estudios sin aval profesional.
La investigación está en manos del fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sánchez, quien imputó a cuatro personas a fines del julio, tal como reveló El Sol: Fabio Alenda, dirigente del sindicato STMM de Maipú y señalado como principal articulador del esquema; la médica Natalia Lourdes Busceme; y dos empleadas municipales, Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy.
Todos rindieron cauciones económicas -50 millones de pesos para Alenda, 20 millones para Busceme y 10 millones cada una para las administrativas- y comparecen ante la Justicia cada vez que son requeridos. La libertad de los imputados se mantendrá mientras cumplan con las medidas impuestas, las que vienen manteniendo, tal como destallaron fuentes judiciales a este diario.
En un paso previo, el fiscal también solicitó la inhibición general de bienes de los acusados, medida que ya fue avalada por la jueza de primera instancia Claudia Tula.
A la par, se resolvió ampliar la investigación con nuevas declaraciones testimoniales: está previsto que un médico cardiólogo de una asociación y una técnica en cardiología brinden información sobre los procedimientos realizados y también se realizará un cotejo directo de las firmas de los sospechosos con la documentación incautada.
Según la imputación, el fraude se sostuvo a partir de la creación de la razón social “STMM Salud”, que firmó un contrato con la LMF para efectuar los estudios cardiológicos obligatorios a jugadores federados.
Con el supuesto aval de una especialista, respaldado por una firma adulterada, se impuso a los clubes y jugadores la realización de dos estudios anuales, cuyos costos crecieron de 8.000 pesos en 2022 a 37.000 en 2025. La Liga recaudaba esos pagos y luego los transfería a la firma vinculada a Alenda, sostiene la teoría fiscal.
Los exámenes fueron realizados en centros de salud municipales y en la propia sede de la Liga Mendocina, sin control técnico ni autorización sanitaria.
De acuerdo con la instrucción, en varios casos se utilizaron equipos no homologados y se adulteraron más de 1.900 documentos médicos, entre fichas, planillas y órdenes de estudios complementarios. Incluso cuando los resultados advertían posibles patologías, se emitían derivaciones con sellos y firmas falsificadas, simulando un control profesional inexistente.
Trascendió que, una vez completadas las nuevas pericias médicas, se ordenará un estudio contable para cuantificar el perjuicio económico, traducirlo en montos de dinero y reconstruir el circuito financiero de los pagos. Ese paso será decisivo para fijar la acusación final antes de realizar la elevación a juicio.
Los delitos imputados son estafa reiterada, falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos, todos en concurso real y en calidad de coautores.
El expediente se convirtió en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Mendoza, no solo por el volumen de jóvenes jugadores afectados -más de 9.000 de 31 clubes- sino también por los vínculos políticos y sindicales que rodean al caso.
Fuente: www.elsol.com.ar