El exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart -que es uno de los imputados en la causa en la que se investiga el uso de la cooperativa de trabajo Manos a la Obra para desviar $35 millones en fondos públicos- tenía un cargo reservado en la Legislatura y lo retomó. Ese cargo lo consiguió hace décadas y gracias a sus vínculos políticos dentro de la UCR, partido en el que militó siempre hasta que Daniel Orozco y su equipo se pelearan con Cambia Mendoza y que, posteriormente, estallara la ya conocida guerra de denuncias penales producto de la investigación en suelo lasherino.
Ingresó a la Casa de las Leyes en abril 1986. Es decir, siempre fue su cargo de respaldo, pues también estuvo muchos años como funcionario en la Municipalidad de Capital.
Días antes de que concluyera la gestión de Daniel Orozco, Oyhenart le envió un documento al exvicegobernador -en ese entonces titular del Senado-, Mario Abed, en el cual le comunicó que solicitaba reincorporarse. “Mediante la presente me dirijo a usted con el motivo de informar que a partir del día 11 de diciembre del 2023, retomaré mis funciones, como empleado auxiliar administrativo clase 12 en el Bloque Cambia Mendoza de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, ya que mi puesto de trabajo se encontraba reservado por ocupar funciones con mayor jerarquía”, indica el escrito.
Fuentes del Senado confirmaron que Oyhenart forma parte de la nómina de empleados de planta permanente de la Legislatura. Terminada la gestión de Orozco, se presentó y pidió su reincorporación. Lo que sucede es que, pese a la fuertísima pelea interna existente, no existe una norma jurídica que imposibilite su retorno al puesto “administrativo” que tiene. Incluso, llegó y al poco tiempo se tomó días de vacaciones que le quedaban pendientes. También cobró su sueldo.
Se lo reincorporó a la Dirección de Personas con Discapacidad. Incluso, las mismas fuentes que confirmaron el insólito hecho deslizaron que se le designó ese área porque no tenían otro lugar para darle trabajo. El plan es emplazarlo a que se jubile una vez que cumpla 65 años, este mismo año.
Oyhenart fue nombrado en la década del 80 en la Legislatura, pero desde hace muchos años no pisa ese lugar. Trabajó, en cambio, como funcionario de primera línea de varios intendentes radicales de la Capital y luego desembarcó en Las Heras para apoyar a Orozco.
El cargo de planta permanente lo mantuvo reservado como “colchón” y sin la necesidad de renunciar por justificarse en tener puestos de “mayor jerarquía”. Es una maniobra muy común en la política.
En la investigación alrededor de Oyhenart se avanza sobre las supuestas maniobras para sacar fondos municipales a través de cooperativas “fantasma”. Hay varios imputados y la estrategia de la defensa es tratar de probar que las organizaciones sí existieron, que hubo personas que trabajaron y que los manejos sospechosos se ejecutaban por pedido de la cúpula municipal. Daniel Orozco está imputado por fraude a la administración pública, mientras que la diputada Janina Ortiz fue citada para ser imputada formalmente, pero por cuestiones técnicas la situación se dilató hasta febrero. Ortiz perdió los fueros que la protegían por ser legisladora. Justamente, por esa “rebeldía” ante la Justicia, en la Legislatura analizan suspenderla.
De acuerdo al expediente, Oyhenart negó haber cometido delitos y apunta a que él recibía órdenes de sus superiores, es decir, de Orozco y su esposa la exsecretaria de Gobierno y actual diputada Ortiz. Además, declaró que el audio que se hizo público donde ofrece trabajo en una cooperativa a una mujer sin necesidad de cumplir funciones es de “dudosa procedencia” como así también testigos presentados en la causa.
Se accedió a parte del expediente en el que figuran las declaraciones tanto de Oyhenart como de Juan Pablo Pandolfi. Ambos están imputados, junto a Orozco y otros exfuncionarios, por el fiscal de Delitos Económicos Flavio D’Amore por la supuesta creación de una cooperativa de trabajo ubicada en Las Heras para desviar millonarios fondos del municipio. La cooperativa tenía como fin la limpieza de calles y espacios públicos, pero lo que se investiga es si existió.
En las declaraciones que figuran en el expediente hay un testigo que dijo que que la cooperativa Manos a la Obra, ubicada en El Borbollón fue creada por el INAES, es decir, por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en el 2019 y que Orozco pidió que se pusiera activa para darle trabajo a la gente que lo necesitara en el departamento y que a eso se dedicó.
Ante la Justicia, además, el exfuncionario explicó que es inexistente el domicilio de la cooperativa porque, cuando el INAES fue a crearla en un galpón donde trabaja un grupo de recicladores, estaba ocupado el espacio por eso firmaron el acta sobre “el capot de un auto”. Hay que recordar que el mismo Instituto en agosto de 2023, en paralelo a la investigación judicial, suspendió a la cooperativa por considerar que se trataría de una organización fantasma que no habría trabajado realmente.
Por esta causa, Ortiz quien ya no tiene fueros, podría ser suspendida por la Cámara de Diputados por no haberse presentado ante la Justicia. Además, sobre ella pesa otra denuncia por supuesto encubrimiento de un caso de abuso sexual dentro del municipio.
FUENTE: MDZonline.