Desde hace años, cientos de docentes de Mendoza tienen dificultades para acceder al certificado de apto psicofísico de la Dirección General de Escuelas (DGE). Los motivos tienen que ver con los requisitos exigidos y las diferencias de criterio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Frente a esto, y siendo conscientes de que en un mes arranca el ciclo lectivo 2024, la DGE trabaja a contrarreloj para auditar cada caso y así contar con el recurso humano necesario para asegurar el dictado de clases.
En el 2023, sin tener respuestas, los educadores presentaron una carta documento a la DGE con el objetivo de recuperar el derecho a trabajar. Pero no quedó ahí, sino que el caso llegó a la Comisión de Derechos y Garantías, que dictaminó y logró aprobar en Diputados un pedido de informe al Gobierno escolar sobre los procedimientos y criterios utilizados por los profesionales de Salud Laboral.
Problemas en las cuerdas vocales
Si bien en septiembre del 2023 el caso tomó estado público, cientos de docentes batallan con la situación desde el 2015, incluso.
Anabella tiene 26 años, hace dos años se recibió de profesora de Historia y sólo logró trabajar cuatro meses en un colegio hasta que, en el 2021, Salud Laboral emitió un certificado de no apto psicofísico, por problemas en sus cuerdas vocales.
Desde entonces, la joven ha estado en tratamiento fonoaudiológico, costeado en forma particular. Cada sesión, que realiza de manera semanal, tiene un costo de $4 mil.
“Lo lamentable es que la profesional que me asiste, que forma parte del sector privado, no encuentra que tenga ningún problema como para no trabajar, por lo que ha indicado en un informe que estoy apta para volver a las aulas, sin embargo, desde Salud Laboral, no“, contó afligida la docente.
Asimismo, narró que la mayoría de los maestros que se encuentran en las mismas condiciones son mujeres, por lo que advierten que se trata de un “verdadero caso de discriminación”. En tanto, otro de los motivos que sobresalen es la malnutrición (sobrepeso).
“La mayoría de los profesionales nos sometimos a tratamientos, pagamos interconsultas con diferentes profesionales para que analicen el panorama y todos dan cuenta de que estamos en condiciones para cumplir con nuestras funciones, sin embargo, los profesionales de Salud Laboral nos niegan el certificado”, acotó.
Problemas de obesidad
Belén es otra de las docentes que no logra trabajar por no lograr el certificado de aptitud de la DGE. La mujer en el 2018 se realizó en forma voluntaria un bypass gástrico a raíz de un no apto por obesidad que le dieron en el 2017. Gracias a la intervención logró un descenso de 65 kilos, pero aún hoy sigue sin trabajar.
“La noticia del no apto fue muy brusca en lo personal y profesional. No fue fácil asimilar la situación y lo mismo me ocurrió con la operación que, sin dudas, me afectó mucho en lo emocional”, contó la mujer y aclaró que tanto los estudios como la cirugía la afrontó de manera particular, ya que al quedar sin trabajo no cuenta con obra social ni prepaga.
En el 2021, luego de la pandemia de coronavirus, la educadora se presentó nuevamente en el área de Salud Laboral, para poder lograr su psicofísico y retomar a las aulas, pero no logró buenos resultados.
“Esta vez no era por obesidad, sino por problemas con mis cuerdas vocales. Hasta el día de hoy he estado visitando otorrinos y fonoaudiólogos que aseguran que no tengo nada, incluso, uno llegó a decirme que inventaron lo de las cuerdas vocales para no discriminar por lo de la obesidad. Pero lo cierto es que Salud Laboral siguen rechazando los resultados y no puedo trabajar”, comentó.
Asimismo, la profesional detalló: “El último no apto lo recibí cuando mi hijo tenía diez meses de edad. Ni siquiera eso les importó. Hoy sólo pido trabajar porque estoy apta y sana para hacerlo. La situación económica en casa es tremenda, ya que mi pareja realiza changas”.
Problemas auditivos
Otro de los motivos por los que muchos docentes no logran trabajar es por problemas auditivos. Una de las damnificadas es Natalia, que actualmente cuenta con un apto provisorio, pero estuvo un año sin trabajar porque la rechazaban en Salud Laboral.
En noviembre del 2022 la mujer se recibió, comenzó haciendo algunas suplencias y en abril del 2023 recibió un no apto y la posterior dada de baja.
“Desde los 5 años tengo un problema de audición, sin embargo, no es impedimento para ejercer la docencia. Así lo refieren los informes que me han otorgado los profesionales con los que me controlé”, contó Natalia.
Tras el rechazo de Salud Laboral, la docente pregunta cuáles serían los pasos a seguir y allí asegura que recibió los criterios exigidos por la DGE: “Me recomendaban operarme o equiparme con un audífono”.
Natalia optó por la segunda opción y gracias a la ayuda económica de su padre, que es jubilado, adquirió un audífono cuyo costo fue de 200.000 pesos.
“En junio del 2023 tenía turno en Salud Laboral y allí me cuestionaron por haberme comprado el aparato, aseguraron que no era necesario”, contó.
Pasaron los meses y la mujer seguía recibiendo el no apto, pese a presentar nuevos estudios e informes.
“Finalmente, el 10 de enero de este año, recibí un apto provisorio por seis meses. Si bien me puso muy contenta, sigo luchando por un apto con preexistencia”, cerró.
La palabra de la DGE
Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que “de acuerdo con los registros de diciembre del 2023 son 101 los maestros que alcanzaron no apto” y agregaron que el número es variable y puede haberse modificado.
Además, manifestaron que “se está haciendo un monitoreo exhaustivo para conocer el panorama de cada caso”.
“El trabajo que se está realizando es a contrarreloj, ya que la idea es contar con el recurso humano para asegurar el inicio de clases, previsto para el próximo 26 de febrero”, manifestaron.
De modo que el plan de trabajo que han ideado se divide en tres ejes. Por un lado, los aptos realizados por Osep y que se presentaron desde septiembre a la fecha no serán auditados, es decir, no tienen que volver a ser revisados.
Los que se realizaron mediante prestadoras particulares y/o privadas serán considerados provisorios, en tanto, los 101 no aptos están siendo auditados de manera rigurosa.
Osep es la prestadora asignada para realizar los certificados, por lo que la DGE sólo es notificada una vez que la obra social expide los resultados.
Fuente: www.elsol.com.ar