Tender puentes con los gobernadores para construir mayorías parlamentarias. Esa política tradicional, que el presidente Javier Milei descalifica y niega cada vez que puede, es lo que ahora parece darle una luz al final de camino. Y Alfredo Cornejo celebró que haya elegido acordar antes que volver a confrontar y son de los primeros en avalar el gesto político, aunque claro, ahora habrá que ver qué dice la letra chica del acuerdo que propone Nación.
En eso coincidieron este viernes a la noche Cornejo y Hebe Casado en la breve comunicación que tuvieron cuando la vicegobernadora salió de la reunión de gobernadores a la que había convocado la Nación. Ella le confirmó que volvía a Mendoza con la propuesta de una nueva Ley Ómnibus recortada, que ahora tiene 190 artículos, y otro paquete fiscal modificado para desmenuzar. Firmar ambos sería la condición para avanzar en el ya famoso Pacto de Mayo.
“La sensación fue que ahora en la Nación están abiertos al diálogo y que la mayoría de los gobernadores tiene voluntad de acordar”, habría sintetizado Casado al describir el clima de la reunión que se extendió por más de 4 horas y le hizo perder el vuelo de regreso a Mendoza.
Es que a todo intento de reconciliación hay que dedicarle tiempo, y en esta tensa relación de Nación y las provincias había que digerir reclamos de ambas partes. Y al parecer hay dolidos que aún no olvidan.
En este barajar y dar de nuevo, los gobernadores aliados y dialoguistas -entre ellos Mendoza- volvieron a ocupar ese lugar, luego de la incomodidad que les generó haber quedado en medio de los insultos y amenazas que propinó el presidente; y los opositores marcaron fuertes diferencias. En tanto que los mandatario de partidos provinciales y el peronista tucumano cercano a Milei, Osvaldo Jaldo, fueron los que inclinaron la balanza en pos de llegar a un consenso.
Por su lado Cornejo desde Canadá (de donde regresó este domingo tras dedicar una semana a buscar inversores en minería) activó a su equipo para que comenzara a analizar cómo le impactaba a Mendoza la nueva jugada de Milei. Sabe que no tendrá mucho tiempo para el análisis pormenorizado porque entre martes o miércoles deberá acudir a un nuevo llamado del ministro del Interior, Guillermo Francos, que está apurado a reunir a los gobernadores por región, para ir juntando avales.
Para esa reunión el mendocino ya debería tener claro qué respalda y qué objeta de la nueva oferta de Nación.
A primera vista la nueva versión de la Ley Ómnibus no tendría mayores objeciones de los mendocinos, porque similar -aunque acotada- a lo que efectivamente se acordó y logró el dictamen de las comisiones en las que trabajaron dos diputados cornejistas, Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
El artículo primero, por ejemplo, que es el que define las emergencias en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, y delega facultades al presidente Milei sólo por un año y no por cuatro como pretendía el libertario en el texto original, ya tendría el aval de los mendocinos.
Con la lupa puesta en el paquete fiscal y la vuelta de Ganancias
Más allá de la Ley Ómnibus, a los mendocinos les preocupa definir el paquete fiscal, sobre todo porque leen que en esta nueva versión la Nación ha quitado algunos puntos en los que había coincidencias.
Están entre los que avalan que se restituya el impuesto a las Ganancias que se coparticipa y recuerdan que con la modificación que implementó Sergio Massa y que está vigente Mendoza perdió hacia fines del 2023 el equivalente al pago de dos masas salariales de empleados públicos, suma que rondó los $60.000 millones, y el cálculo oficial era que de mantenerse así, en el 2024 las pérdidas serían de $170.000 millones.
Sin embargo, esa restitución está en discusión porque es justamente lo que divide aguas entre los gobernadores. Los del Sur del país y los del centro no quieren que regrese y la lista es variopinta. Allí se inscriben los patagónicos y los pares de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba.
Si bien el equipo de Milei insiste en restituir Ganancias, esos gobernadores plantean otros mecanismos de compensación como puede ser la coparticipación del Impuesto País o del Impuesto al Cheque.
“El Impuesto País no debe existir y debería tener una vida corta, sobre todo si se piensa en sacar el cepo al dólar. Pero el Impuesto a las Ganancias, progresivo claro, tiene que existir porque incide claramente en las arcas provinciales. Sabemos que es antipático tener Ganancias, pero los que se oponen lo hacen por puro populismo, porque es claro que si se restituye se benefician todas las provincias”, dispararon desde Mendoza y apuntaron a los gobernadores que se oponen.
En el corazón del gobierno libertario tienen claro que es un tema sensible para las cuentas provinciales, pero que a la vez saben que sin acuerdo previo, cualquier proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo no podría pasar el filtro de la Cámara de Diputados y eso es lo que pretenden consensuar.
Para eso, esta misma semana Guillermo Francos pretende también reunir una especie de comisión de ministros de Hacienda provinciales para puntear la nueva propuesta. La pretensión es que este nuevo acuerdo llegue con consenso a la Cámara baja para que no se vuelva a empantanar como ocurrió con la versión anterior.
“Cuando llamen veremos qué plantean y qué proponemos nosotros”, contestaron con cautela desde Hacienda. Es que los referentes mendocinos viajaron a la reunión anterior con una alta expectativa y regresaron a Mendoza desanimados porque no habían escuchado nada nuevo.
En el Congreso nos rasgamos las vestiduras ¿y por casa?
La noticia que más bronca generalizada despertó esta semana fue que los legisladores nacionales recibieran un aumento del 28% en sus dietas y que con ese dietazo terminaran cobrando más de $2 millones de bolsillo.
Con un agravante que sonaba a fuerte contradicción: los que autorizaron esos aumentos eran los libertarios Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, máxima autoridad de la Cámara de Senadores, que parecieron fingir demencia y olvidarse repentinamente del slogan de Javier Milei de aplicar el recorte de motosierra contra la casta política.
Lejos de eso, Menem y Villarruel certificaron con sus firmas esos aumentos de los cuales ellos mismos se beneficiaban.
Al menos fue así hasta que el mismo Milei anunció que le había pedido a Menem que retrotrajera el aumento, quitando la claúsula por la cual los senadores y diputados quedaban enganchados a los aumentos que los empleados del Congreso conseguían en paritarias.
“Que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos ante la sociedad. Que no me vengan con que la están pasando mal porque hay muchísima gente que la está pasando peor. El 60 % de la Argentina es pobre”, argumentó el presidente, corriéndose del lugar de político.
Sin embargo, a sólo 1.100 kilómetros del Congreso, en la Legislatura mendocina se repetía una situación muy similar que pasó desapercibida, o al menos no generó el mismo revuelo: los 38 senadores y los 48 diputados ya recibieron un aumento del 20,8% y esperan otro 15% más en marzo. Por tanto, el último bono de sueldo de los legisladores provinciales rondó los $1.460.500 y a esa nada despreciable suma habrá que adosarle el próximo incremento de marzo.
La explicación que repitieron en la Casa de las Leyes es que por ley la dieta de los legisladores está enganchada con los salarios de los empleados legislativos, cuyos sueldos se definen en la paritaria de la administración central que comanda ATE. A eso se suma que sus dietas se definen tomando como referencia que representan el 95% del salario del gobernador.
Ahora bien, si eso manda la normativa, ellos serían los indicados para modificarla, sobretodo teniendo en cuenta que la frase predilecta de estos días, es que hay que recortar gastos y ajustar partidas. Sin embargo, no parecen demasiados incómodos con esta situación que los beneficia.
Ante el freno que le puso el presidente, y como para no quedar off side, los senadores demócratas, socios de los libertarios en Mendoza delinean un proyecto para congelar las dietas de los legisladores, aunque aún estudian cómo hacerlo “sin afectar los sueldos de las clases no políticas”, aclararon. De igual manera, ese gesto aún está en estado embrionario y hasta este domingo no había ingresado a mesa de entradas.
Montero y su rechazo a la desregulación de las obras sociales
El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, dio la nota esta semana cuando se opuso a la desregulación de las obras sociales, como lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.
El proyecto le permite a un afiliado de una obra social sindical retirar todos los aportes y cambiar de cobertura, pero el funcionario de Cornejo fue categórico y declaró: “Desfinancia el sistema”.
De acuerdo a esas normas, cualquier beneficiario podrá elegir libremente a qué obra social o prepaga destinar sus aportes, sin la obligatoriedad que regía hasta ahora de permanecer un año en la obra social de la actividad al comenzar un nuevo empleo.
Ante esa declaración que políticamente se leyó como un inesperado desplante de un soldado de Cornejo a la propuesta de Nación, desde el mismo ministerio de Salud salieron a explicar que la queja de Montero se debía a la mirada personal que tiene sobre ese sistema, pero que en nada afectaba al sistema sanitario mendocino, ni si quiera al a OSEP, la obra social de los empleados públicos, que no entraría en esta nueva regulación.
“Es su postura. Él sostiene que para las obras sociales nacionales el hecho de que los afiliados se lleven los aportes los de ingresos más altos hace que esa obra social quede desfinanciada. Pero igual eso ya pasaba, solo que hasta ahora tenían que dejar un 3% en la obra social. Ahora no deben dejar nada”, explicaron.
FUENTE: Diariouno.com.ar