La República Argentina presentó anoche, ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, sus fundamentos de apelación contra la orden judicial que busca forzar la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital.
La medida se inscribe en la batalla legal que se arrastra desde hace más de una década y que tiene como trasfondo el fallo de primera instancia de 2023 de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar USD 16.000 millones, cifra que hoy supera los USD 18.000 millones con los intereses acumulados.
Burford, un estudio inglés que compró los derechos de litigio y es el principal beneficiario, intenta avanzar con medidas de ejecución mientras se sustancia la apelación de fondo. Entre ellas, pidió quedarse con la participación estatal en YPF, lo que motivó la respuesta del Gobierno argentino.
Los argumentos de Argentina
La defensa local, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) que encabeza Santiago Castro Videla y con representación en EE.UU. del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, enumeró varios puntos centrales:
Violación de la inmunidad soberana: la legislación estadounidense protege los bienes de los Estados en el extranjero de embargos o ejecuciones. La Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) de 1976 solo habilita excepciones para bienes situados dentro de EE.UU., no fuera de su territorio.
Interpretación errónea del derecho de Nueva York: la norma de “turnover” fue aplicada de manera indebida, ya que nunca estuvo destinada a obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio país.
Inaplicabilidad de la FSIA al caso: las acciones de YPF no están en Estados Unidos, nunca fueron usadas en una actividad comercial en ese país ni formaron parte de la operación que dio origen al reclamo.
Violación del derecho argentino e internacional: desde 2012, la legislación local exige mayoría especial del Congreso para autorizar cualquier transferencia de esas acciones. Además, la orden judicial contradice principios básicos de cortesía internacional y la doctrina del acto de Estado.
“El Gobierno de los Estados Unidos ya advirtió que la orden de entrega no tiene precedentes y pondría en riesgo los intereses norteamericanos en el exterior, al abrir la puerta a represalias contra activos de EE.UU. en otros países”, subrayó la PTN.
Lo que viene
El 14 de noviembre vence el plazo para que los demandantes presenten sus argumentos escritos.
El 12 de diciembre será el turno de Argentina para responder y pedir la fijación de la audiencia de resolución “lo antes posible”.
Mientras tanto, el mes próximo comenzará a tratarse en la Corte de Apelaciones la cuestión de fondo: si el fallo de Preska de 2023 fue correcto o no. Esa instancia se cruzará con el calendario político estadounidense, dado que se espera que arranque justo después de las elecciones legislativas.
Fuente: www.mendozapost.com