Mientras en las filas nacionales de un disperso, ciertamente, Juntos por el Cambio se iban sumando voces de advertencia y cargadas de una fuerte crítica jurídica, constitucional y política en contra del mega-DNU del presidente Javier Milei, por el que desreguló toda la actividad económica en general, el gobernador Alfredo Cornejo –al frente de una reunión de gabinete extraordinaria convocada para el análisis de las nuevas medidas– acordaba y ratificaba con sus ministros aquella posición original fijada al comienzo de la gestión: gobernabilidad para el nuevo Ejecutivo nacional en lo que corresponda y apoyo, en un sentido amplio, a la filosofía que persigue el paquetazo de nuevas medidas: esto es, la flexibilidad para las actividades permitiendo el crecimiento, desarrollo y la creación de riqueza desde todos los sectores económicos que dan vida los particulares.
De acuerdo con lo que se pudo reconstruir del encuentro convocado por Cornejo al que asistieron, además, los legisladores nacionales del oficialismo para fijar o discutir una posición en el Parlamento nacional, no fue un festejo sin más por el DNU ni tampoco un apoyo incondicional. La síntesis, si se quiere, resultó ser un acuerdo ante las primeras y extraordinarias acciones que ha confirmado Milei en su plan por salir de lo que ha llamado el “colectivismo” aplicado por décadas en la Argentina, con toda su frondosa consecuencia negativa sobre la economía y calidad de vida de los ciudadanos. Pero que se apoye desde Mendoza el plan en general –se habría preocupado Cornejo para que quede claro–, no significa que, al menos en la provincia, el Estado se termine retirando de todo, comentó una fuente oficial, como parece que comenzaría a ocurrir en el plano nacional. Un ejemplo de ello, de arranque, sería la ratificación del registro de operadores turísticos que la provincia elabora y monitorea con los municipios, particularmente, para que se garanticen los mínimos estándares de calidad para el servicio turístico tanto en lo gastronómico, como en el campo de la hotelería y el de los alojamientos temporarios. “Esto no quiere decir que el Estado intervenga para estorbar o interponerse en la relación entre los privados o particulares, tanto en el que ofrece el servicio como el que lo contrata, pero sí para garantizar un buen servicio, lo que hace a la imagen en general de la provincia”, reconoció y amplió la fuente oficial consultada.
El repaso de las más de 300 medidas del decreto, contenidas en casi 90 páginas, llevó al gabinete de Cornejo a coincidir en que mucho de lo que se llevará adelante en cuanto a reforma del Estado en la Nación, en Mendoza se encaró ocho años atrás, cuando Cambia Mendoza tomó el control de la provincia en aquella primera gestión de Cornejo. Los ministros y legisladores se refirieron, más que nada, a las empresas de Estado que fueron convertidas en sociedades anónimas, sin que quede alguna como sociedad del Estado, tales como Emesa, Aysam, la STM e Impulsa, esta última para atender la actividad minera en el territorio provincial. En esa línea se repasó, además, lo que el Gobierno entiende como un fuerte achicamiento de la planta de funcionarios políticos, que pasaron de ser 512 en el 2015 a 240 de la actualidad, sin descartar, también se habría precisado en el encuentro, que se avance en una nueva reducción.
Un aspecto en el que se puso atención fue en el tramo de la derogación de algunas leyes del sector vitivinícola, que Milei presentó como la “liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”. Pero tampoco la eliminación de un grupo de tres leyes, vigentes de los años 70, sin ser aplicadas, provocó alguna alteración. Ni siquiera preocupación en el punto del cupo para mostos, porque en Mendoza entienden que será un asunto que terminarán resolviendo todos los años las provincias en su conjunto con el sector vitivinícola, como parte de un acuerdo sectorial e interprovincial, sin una necesaria injerencia de la Nación.
En lo que sí hubo alivio y festejo evidente fue en la eliminación de los regímenes de promoción industrial que tanto afectaron a Mendoza y que está incluida en el megadecreto de Milei. Este aspecto de la promoción industrial quizás haya sido el único que afecta a una decisión tributaria, una prerrogativa exclusiva del Parlamento y que podría llegar a ser cuestionada ante la Justicia, como ya un profuso grupo de constitucionalistas a nivel nacional lo han advertido. Incluso, tildando la medida como inconstitucional en un sentido amplio. Pero no será un tema que impulse Mendoza, claramente.
FUENTE: elsol.com.ar