En medio de continuos y cuantiosos recortes de fondos a las provincias, el presidente Javier Milei decidió sostener uno de los fondos básicos de educación: los que componen la Ley de Financiamiento Educativo. Se trata de fondos que se coparticipan a las provincias y que habitualmente se destinan a mejorar la infraestructura escolar -pueden aplicarse a lo edilicio o al equipamiento-.
“En el caso de Mendoza, son cerca de $74.000 millones de los cuales el 18% se distribuye a los municipios“, calculó el ministro de Educación mendocino, Tadeo García Zalazar. De hecho, años anteriores el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, le exigió a los intendentes que rindieran cuenta de qué hacían con estos fondos que se les coparticipaban.
La “motosierra” del Gobierno nacional, que recortó ya el Fondo de Incentivo Docente, se frenó ante la Ley de Financiamiento Educativo, uno de los fondos que sostienen lo más básico del sistema.
El presidente decidió prorrogarlo por decreto, ya que ese fondo habitualmente se incluye y actualiza cada vez que se vota el Presupuesto nacional. Como este año esa pauta de gastos no se votó, y se recondujo el Presupuesto 2023, era necesario hacerlo por decreto.
La noticia dejó un sabor agridulce en Casa de Gobierno. Es que si bien alivió la confirmación de que ese fondo nacional sigue vivo y continuará llegando a la provincia, también destacaron que el fondo no se actualizó respecto de lo que la Nación mandó el año pasado, monto que golpeado por la inflación es sustancialmente inferior para costear todos los gastos de infraestructura o equipamiento.
No es menor destacar que la prórroga de la vigencia de la ley que establece el envío de fondos de Nación a las provincias se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y desde Casa Rosada lo destacaron como un alivio para las arcas de los Estados provinciales.
Qué dice el decreto de Milei
El Gobierno prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El documento oficial dispuso “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.
En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.
Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”. Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.
De acuerdo a lo que establece dicha ley, “el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.
En el decreto firmado por el presidente Javier Milei junto con todos los ministros, se argumentó que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa“.
Además, entre los argumentos el Ejecutivo, admite que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada”.
Fuente: www.diariouno.com.ar